CCOO advierte a Catalá que no podrá privatizar el Registro Civil.
Las
numerosas reuniones que ha mantenido el ministro Catalá con diferentes
colectivos en los últimos días destapan que carece de razonamientos sólidos
para proceder a la privatización del Registro Civil
CCOO ADVIERTE AL
MINISTRO CATALÁ QUE EL GOBIERNO NO PODRÁ LLEVAR A CABO ESTA REFORMA NI PODRÁ
PRIVAR DE SUS DERECHOS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Madrid, a 12 de
noviembre de 2014
Tráfico de influencias y presunta corrupción.-
El
nuevo ministro de Justicia sigue intentando vender ante la opinión pública y
las Comunidades Autónomas las bondades de la privatización del Registro civil,
mediante su asunción por los Registradores Mercantiles a partir de julio de
2015, negándose a echar marcha atrás en un proyecto cuyo verdadero autor
es Mariano Rajoy en lo que puede constituir
un claro ejemplo de tráfico de influencias e incluso de corrupción.
Catalá
se sigue negando a paralizar la privatización del Registro Civil argumentando
que es un proyecto de Ley ya aprobado, pero sin embargo ello no le
supone inconveniente para afirmar que revisará las tasas judiciales (se niega no obstante a derogar esa ley tan
injusta y clasista), o paralizar la creación de la corporación de
derecho público que iba a gestionar la contratación del nuevo sistema informático
del Registro Civil y que el Consejo de Estado descalificó, pese a que también
se tratan de leyes aprobadas. Parece que lo que verdaderamente impide
paralizar este proyecto es la intención de Rajoy de que siga adelante por todos
los medios, en beneficio propio y de su colectivo.
Los registradores mercantiles no son funcionarios públicos.-
El
Ministro de Justicia, en sus reuniones con las organizaciones sindicales, con las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas en Administración de
Justicia y en sus notas de prensa, sigue justificando la privatización del
Registro Civil en que “ya se lo han dado hecho”, y en razones que demuestran la
fragilidad de sus postulados: los registradores mercantiles son funcionarios públicos,
se garantiza la gratuidad del registro civil para el ciudadano y la titularidad
estatal de los datos registrales.
En
cuanto a sus argumentos según aparecen en las notas de prensa, a cuál más
frágiles.
Catalá
sabe que la consideración de funcionarios públicos de los Registradores
Mercantiles les viene por imperativo de la Ley Hipotecaria a efectos de
reconocimiento de derechos, pero que ni sus deberes, ni sus obligaciones,
retribuciones o incompatibilidades son las propias de los funcionarios públicos.
Decir que lo único que diferencia a los Registradores Mercantiles del resto de
funcionarios públicos es que aquéllos cobran por arancel significa desconocer
muy profundamente lo que es la Administración Pública, lo que sorprende en
alguien que ha sido Director General de la Función Pública en nuestro país. La
Unión Europea ya dictaminó que su naturaleza no era la propia de funcionarios
públicos. ¿Qué más quiere, Sr. Ministro?
Las mentiras del Gobierno: el Registro Civil dejará de ser
gratuito más pronto
que tarde y la gestión de los datos especialmente protegidos pasa a manos
privadas.
La
futura gratuidad del Registro civil es una falacia. Los expedientes de Registro
Civil van a pasar a ser competencias de los notarios, a los que habrá que pagar por sus
servicios. Si el Registro Civil se sufraga con cargo al arancel del Registro
Mercantil, los ciudadanos y las empresas que utilicen los servicios de este
Registro van a sufragar indirectamente el Registro Civil. Además el
Ministerio quiere que las Administraciones y los Notarios paguen a los
Registros Mercantiles por acceder obligatoriamente a la base de datos de
Registro Civil para cualquier trámite negocio jurídico a la ficha registral
de los ciudadanos, lo que luego evidentemente se repercutirá en los mismos
vía impuestos o gastos notariales. Catalá sigue ocultando la financiación
del Registro Civil, para evitar críticas y poder seguir afirmando que no se
trata de la privatización de un servicio público. Y en cuanto a la titularidad
estatal de los datos, los datos son de cada uno, la titularidad estatal será
del programa que los gestione. ¿Y quién va a gestionar dicho programa? Personas
que no son empleados públicos, sino contratados y despedidos directamente
por su empresario, que es el
Registrador Mercantil para el que trabaje. ¿De
qué vale hablar de titularidad estatal de los datos si su gestión se encomienda
a manos privadas?
El Gobierno
quiere eliminar los derechos del personal de la Administración de Justicia y
no garantiza ni siquiera el empleo.-
Además,
el Sr. Catalá no justifica en modo alguno la pérdida de nuestros derechos y cree
que todo se soluciona afirmando que no habrá pérdida de puestos de trabajo,
que no es capaz de asegurar, y ofreciéndole una recolocación al personal
titular en órganos jurisdiccionales a la que en cualquier caso tendrían derecho.
El
Ministro pretende que traguemos con la privatización del Registro Civil y la pérdida
absoluta de nuestros derechos, simplemente diciendo que el personal titular ocupará
otro puesto de trabajo en órganos jurisdiccionales. ¡¡¡¡ Pero si eso ya lo
tenemos recogido, tanto en la LOPJ, como en nuestro Reglamento de Provisión
de Puestos de trabajo y en el resto de normas legales en vigor!!!! Es lo menos
que puede hacer, cumplir la Ley, y ofrecer además la formación precisa para
poder adecuarnos a los nuevos puestos de trabajo.
Y en
cuanto al personal interino, Catalá ofrece, y limitado sólo a su ámbito de
competencia, que siga trabajando. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Va a modificar las
plantillas de los órganos judiciales para que asuman todo el personal de los
Registros Civiles? De eso aún no ha
dicho nada de nada tampoco.
¿Qué
pasa con el empleo interino en las comunidades autónomas con competencias? ¿Es
capaz Catalá de obligarlas a asegurar los puestos de trabajo? De la
reunión que mantuvo el 6 de noviembre con las Comunidades Autónomas no parece
desprenderse esa conclusión.
Sr.
Catalá: Decir que el único cambio será que todo ese personal pasará a realizar
funciones estrictamente jurisdiccionales, lo que ayudará a la descongestión de
la Justicia, es tan engañoso como afirmar que crea cientos de plazas de
jueces que ya estaban trabajando en la actualidad. Asumir el compromiso de
garantizar que en aquellas comunidades autónomas gestionadas por el Ministerio
no se destruirá un solo puesto de trabajo como consecuencia de la reforma del
Registro Civil le puede servir para lavar su cara ante la opinión pública, no
ante los trabajadores y trabajadoras.
Ya va siendo hora que el Ministro
Catalá dé la cara, diga la verdad sobre por qué sigue adelante con la privatización del
Registro Civil y explique claramente sus consecuencias, incluida la
pérdida de empleo público, el tratamiento de datos personales por personal no
funcionario, el pago futuro de numerosos servicios del registro civil, la
ubicación de oficinas únicamente en capitales de provincia, etc, y todo ello
para que los Registradores, incluido Rajoy, puedan consolidar su posición en el
tráfico jurídico y ganar más dinero, en beneficio propio y en detrimento de la
ciudadanía.
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