Hoja CCOO: El Ministerio de Justicia pretende una nueva encomienda de gestión a los Registradores sobre los expedientes de nacionalidad
CCOO
rechaza de nuevo la externalización de los expedientes de nacionalidad y exige la
modificación del art. 222 del Reglamento del Registro Civil y permitir que sean
los Registros Civiles los encargados de su tramitación
CCOO ACUSA
AL MINISTERIO DE JUSTICIA DE TENER PARALIZADA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
TODOS LOS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD REMITIDOS POR LOS REGISTROS CIVILES DESDE
FINALES DE 2013, HACIENDO UNA CLARA DEJACIÓN DE SUS COMPETENCIAS
§
El Ministerio quiere
firmar una nueva encomienda de gestión de los expedientes con el Colegio de
Registradores de la Propiedad, lo que utilizará para justificar la
privatización del Registro Civil
§
El Ministerio trabaja
en un expediente digital de nacionalidad, que excluirá de su tramitación a los
Registros Civiles y que dejará de ser gratuito.
CCOO acusa al Ministerio de
Justicia, que en una clara dejación de sus funciones, tiene sin registrar y
digitalizar, y, por tanto, sin tramitar todos los expedientes de nacionalidad
remitidos desde los Registros Civiles para su resolución desde noviembre de
2013, y dota de insuficientes medios personales y materiales a los funcionarios
y funcionarias del Ministerio de Justicia que desde el 1.1.2014 están
tramitando los expedientes de nacionalidad, creando de nuevo un injustificable
atasco en su resolución.
Desde la encomienda de
gestión de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad,
mediante la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (en adelante PIN)
en junio de 2012, que empezó a estar operativo a finales de ese año, todos los
Registros Civiles remiten los expedientes de nacionalidad, una vez finalizada
la fase de instrucción, al Centro de Digitalización del Colegio de
Registradores de la Propiedad en Madrid. En este centro se registraba el
expediente, se digitalizaban los documentos y comenzaba la tramitación
encomendada a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con la petición
de informes y propuesta de resolución de concesión o denegación al Ministerio
de Justicia, que simplemente tenía que firmar digitalmente y se notificaba a
los Registros Civiles para la jura de nacionalidad o, en su caso, notificación
de la denegación.
El PIN acabó el 31 de diciembre de 2013,
con los resultados de todos conocidos (unos 400.000 expedientes resueltos,
incremento de denegaciones muchas de ellas de difícil justificación,
requerimiento de trámites absurdos, muchos expedientes pendientes de resolver,
fallos en las juras ante notarios, etc). Desde entonces, y aunque los
expedientes se siguen remitiendo al Centro de Digitalización del Colegio de
Registradores de Propiedad en Madrid, el personal de dicho Colegio ya no es
responsable ni de la digitalización ni de la tramitación de los expedientes, en contra de lo afirmado
por otro sindicato, que no echa la culpa de la
paralización actual de los expedientes al verdadero responsable, el Ministerio de Justicia.
Desde el 1.1.2014 es de nuevo el personal del Ministerio de Justicia,
compuesto por unas 70 personas, la que ha de tramitar y resolver todos los
expedientes, es decir, los expedientes de 2010, 2011 y 2012 que no se
repartieron para tramitarse durante el PIN, 20.000 recursos de reposición, un
alto porcentaje de expedientes de 2013, la totalidad de los expedientes de 2014
(que aún están todos ellos sin número de expediente)... así que a día de hoy
puede haber acumulados ya otra vez una cifra cercana a 200.000 expedientes y
alrededor de 20.000 recursos. La
dotación de personal del Ministerio resulta claramente insuficiente,
haciendo una clara dejación de sus funciones el Ministerio de Justicia de no
dotarse con los medios personales y materiales necesarios para resolver en un
plazo razonable las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española, lo
que abre la puerta a la justificación
para su externalización y, por tanto, para su
privatización.
El problema además se ve agravado porque el registro y digitalización de los
expedientes de nacionalidad, proceso que permite la petición de los
informes y propuesta de resolución del expediente, va tremendamente lento, y en
la actualidad se están registrando los expedientes remitidos en noviembre de
2013 al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la
Propiedad en Madrid. Además, CCOO ha podido constatar que desde hace unos 4 meses se ha paralizado la digitalización de los
expedientes, y desde entonces la
Policía Nacional no recibe peticiones de informes sobre la
conducta y
antecedentes de los solicitantes de la nacionalidad española. Los solicitantes
de nacionalidad, que al tiempo de registrarse su expediente en Madrid tienen
que recibir una carta informando sobre su número de expediente, lo que permite
su seguimiento telemático, han dejado de recibir dichas cartas, y llaman al
teléfono de información del Ministerio de Justicia donde les dicen que tienen
que seguir esperando, y que llamen de vez en cuando. Antes de la implantación
del PIN esta carta se recibía al mes de enviar el expediente a Madrid, hoy
llevan un año de retraso.
Ante el desastre que
está creando de nuevo el Ministerio de Justicia, el mismo que luego carga
contra los Registros Civiles por el elevado número de quejas que afirma hay
sobre su funcionamiento, a pesar de que sabe que esas afirmaciones o son
mentira o son debidas exclusivamente a la escasez de las plantillas, (ven la
paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el propio), sus responsables están negociando con el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de Madrid (ahora están de nuevo bien avenidos) la
implantación de un nuevo PIN, para dar salida a los expedientes no resueltos en
el PIN anterior. Colectivos de inmigrantes y abogados en materia de
extranjería así lo reclaman, pues están hartos de la incompetencia del
Ministerio de Justicia para resolver en un plazo adecuado sus solicitudes de
nacionalidad.
La implantación del primer PIN fue la punta de lanza de la privatización
del Registro Civil puesta en marcha en 2012 por los entonces
responsables del Ministerio de Justicia, con el Director General de Registros y
sus asesores que eran registradores a la cabeza, y del Colegio de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles. Al efecto, debe reseñarse que la privatización
del Registro Civil y su asunción por los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles es una vieja aspiración oculta de dirigentes del Partido Popular
comandados por Mariano Rajoy: ya en el
año 2003, siendo el actual Ministro de Justicia Secretario de Estado de
Justicia, se solicitaron informes a Colegios Profesionales sobre qué les
parecía que fuesen los Registradores de la Propiedad quienes asumieran el
Registro Civil. Afortunadamente el PP perdió las elecciones generales en
marzo de 2003 y no pudo entonces llevar adelante su privatización.
La negociación de un nuevo PIN es confirmada por el
actual Director General de Registros y del Notariado Francisco Javier Gómez
Gálligo, en un reciente artículo publicado en el diario La Ley, en que afirma
que “ en los dos primeros años de
experiencia de tales encomiendas de gestión se despacharon más de 400.000
expedientes de nacionalidad, lo que ha demostrado la eficiencia en la gestión
llevada a cabo por los registradores”, buscando justificar la
privatización del Registro Civil mediante su asunción por los Registradores. El
actual Director General también es Registrador.
CCOO
rechazó, desde el primer momento, la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) porque a nuestro
juicio suponía externalizar la tramitación y propuesta de resolución de los
expedientes de nacionalidad, y que el mismo o mejor resultado se habría
obtenido si mediante la modificación del art. 222 del Reglamento del Registro
Civil se permitía a los Registros Civiles instructores del expediente la
petición de los informes a Policía Nacional y demás, elevando propuesta de
resolución para su firma digital por el Director General de los Registros y del
Notariado. De esta forma los expedientes no habrían salido de los Registros Civiles
y no habría habido la gran cantidad de problemas derivados de la tramitación
del PIN por personas desconocedoras de esta materia. Además, y
desgraciadamente, se utiliza también el PIN para justificar la privatización
del Registro Civil y su asunción por los Registradores Mercantiles, cuando es
obvio que el Ministerio de Justicia no dota de medios para esta tarea con la clara
intención de provocar esa privatización (es inaceptable, y de una hipocresía
insoportable, la dotación que pone el Ministerio de Justicia para hacer ahora
todo el trabajo de los expedientes de nacionalidad, tan solo 70 funcionarios
del Ministerio).
Pero es que además el Ministerio de Justicia está trabajando en una tramitación completamente novedosa de
los Expedientes de Nacionalidad, de forma electrónica y que excluye a los
Registros Civiles de su tramitación, pues se hará ante los Notarios incluida la
jura de nacionalidad.
Compartiendo que se modernice y mejore la tramitación de los expedientes de
nacionalidad, para CCOO resulta paradójico y constituye un claro ejemplo de privatización de servicios públicos que
sean los Notarios, a los que habrá que pagar el correspondiente arancel por
cada actuación, quienes se hagan cargo de la tramitación de los expedientes de
nacionalidad a través de una plataforma electrónica y de las juras de
nacionalidad. Esta nueva forma de tramitación de los expedientes de
nacionalidad, que el Ministerio de Justicia quiere meter con calzador en el
proyecto de ley de concesión a la nacionalidad española a los serfardíes,
empezaría en abril de 2015.
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