MANIFIESTO
DE CCOO ANTE LA DIMISIÓN DE GALLARDÓN Y EL
NOMBRAMIENTO DEL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA.
1.- El pasado 23 de septiembre el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, presentó su dimisión. Pero la dimisión de Gallardón no
significa un cambio de la política de este Gobierno, siguen en sus cargos el
presidente del Gobierno y el resto de ministros que han aprobado de forma
colegiada, y sin fisuras, todas las reformas encaminadas a reducir el déficit,
siguiendo el programa remitido a la UE, cuya ejecución se desplegará durante el
período 2015-1207 mediante nuevos recortes presupuestarios y eliminación de
derechos. La última decisión, el viernes 26 de septiembre de 2014, la insoportable
quinta congelación salarial consecutiva de los salarios de los EE.PP., la
inclusión más que insuficiente de una tasa de reposición de efectivos de un
máximo del 50 %, muy alejada de la imprescindible convocatoria en la OEP de las
miles de vacantes existentes en la Administración de Justicia, manteniendo el
Gobierno de forma interesada miles de empleos en precario, y la devolución,
claramente insuficiente, de una parte (que apenas alcanza el 25%) de la paga
extra de 2012, robada por Gallardón, el presidente del Gobierno y el resto de
sus ministros, aquel mes de julio de 2012.
2.- Esta dimisión venía siendo reclamada por cientos de miles de
personas, entre las que se encontraban miles de trabajadores y trabajadoras de
la Administración de Justicia, y por CCOO, que venimos rechazando las reformas de
Gallardón desde que aprobó la Ley de tasas judiciales que condenaba a la
inmensa mayoría de la ciudadanía a no poder acudir a los Juzgados y Tribunales
para defender de sus legítimos derechos.
Muchas han sido las leyes o proyectos de ley aprobadas por el
Gobierno por iniciativa de Gallardón, que han sido rechazadas mayoritariamente
por la ciudadanía, entre ellas la modificación de la actual ley del aborto, que
ha sido el desencadenante de su dimisión, y que ha tenido, según todos los
datos publicados en los medios de comunicación, el rechazo de la mayoría de la
sociedad, incluidos el de muchos de los votantes del partido popular.
3.- El Sector de Administración de Justicia de CCOO, ha impulsado
desde el año 2012 muchas de las movilizaciones contra las reformas de
Gallardón, y ha participado activamente en las organizadas por diferentes
sectores relacionados con la Administración de Justicia: ley de tasas
judiciales, proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, proyecto de ley de
jurisdicción voluntaria, reforma del Código Penal ….., pero especialmente en
los últimos tiempos, CCOO potenció la lucha contra la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (que elimina la justicia de proximidad al
suprimir cientos de partidos judiciales y los Juzgados y Agrupación de Juzgados
de Paz, modifica las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores y
trabajadoras e incide en la privatización del servicio público al otorgar a los
Procuradores la facultad de realizar los actos de comunicación y ejecución ….)
y contra la privatización de los Registros Civiles, para que continúen siendo
un servicio público, universal y gratuito servidos por personal de la
Administración de Justicia.
4.- La lucha contra la reforma de la LOPJ y contra la
privatización de los Registros Civiles tiene para CCOO la máxima
importancia, porque están en juego miles de puestos de trabajo e importantes
derechos laborales que hemos venido conquistando los trabajadores y las
trabajadoras en los veinte últimos años y que tanto ha costado conseguir pero,
además, supondrán un avance decisivo para el desmantelamiento del servicio
público de la Administración de Justicia.
5.- Por eso, CCOO ha mantenido y seguirá manteniendo la
convocatoria de todas las movilizaciones necesarias (en los últimos meses en
solitario, pues el resto de organizaciones sindicales representativas han dado
un balón de oxígeno a Gallardón y a sus reformas firmando preacuerdos que le
hubieran salvado de su dimisión, si no fuera por la marea ciudadana, social y
laboral que lo ha logrado), acompañadas de las demás medidas complementarias de
presión que venimos y seguiremos llevando a cabo (promover mociones contra
estas actuaciones en cientos de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y en
los Parlamentos autonómicos, recursos judiciales llegando al Tribunal
Constitucional, solicitudes a los grupos parlamentarios para que se opongan a
estas reformas, presentándoles enmiendas para su defensa, denuncia ante la
Fiscalía General del Estado contra el ministro Gallardón y el presidente del
Gobierno por una presunta vulneración del deber de abstención….) para lograr
que el Gobierno retire el proyecto de reforma de la LOPJ y deje sin efecto la
privatización de los Registros Civiles.
6.- El pasado 7 de julio, nada más aprobar el Gobierno el RDLey
8/2014 que privatizaba los Registros Civiles (BOE de 5 de julio), y además,
ante su intención de aprobar antes de finales del mes de septiembre el proyecto
de reforma de la LOPJ, CCOO convocó de huelga en la Administración de
Justicia.
7.- El Ministerio de Justicia, había dado por cerrada la
negociación de los contenidos de la reforma de la LOPJ en la mesa sectorial del
pasado 10 de julio con la firma, por tres organizaciones sindicales, de un
preacuerdo que para CCOO no garantizaba los derechos de los más de
40.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, por eso no
suscribió el mismo y reclamó, tanto en esa mesa sectorial, como en varias
cartas, los cambios que habría que introducir en el texto de la reforma de la
LOPJ para garantizar, sin ninguna duda, el servicio público, el mantenimiento
de todos los puestos de trabajo y los derechos laborales y retributivos de las
trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia.
8.- Nuestra reclamación se sostiene en numerosos y contundentes
argumentos, pero el propio presidente del Gobierno ha añadido uno a su pesar,
al querer argumentar por qué, ahora sí y durante 9 meses no, a pesar de la
demanda de millones de personas, retiraba la reforma de la ley del aborto,
cuando dijo la mañana del martes 23 de septiembre: “no vamos a aprobar leyes
sin consenso, que otros Gobiernos el primer día vayan a modificar
completamente”
Señor presidente del Gobierno: el proyecto de reforma de la LOPJ y
la privatización de los Registros Civiles cuenta con la oposición expresa de
Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos, todos los grupos parlamentarios,
excepto el suyo, millones de personas que no quieren que sus localidades dejen
de contar con el partido judicial o el Juzgado de Paz del que ahora disponen,
asociaciones de abogados, asociaciones de jueces y fiscales, de secretarios
judiciales, asociaciones de consumidores, de vecinos…, y de miles de
trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y con la
oposición de CCOO. Y además el nuevo responsable del PSOE ya ha anunciado y
se ha comprometido con CCOO (recogido por las cámaras de televisión
en la concentración convocada por CCOO el día de la apertura del año judicial) a
que dejaría sin efecto la privatización de los Registros Civiles.
No se equivoque de nuevo, no apruebe el proyecto de reforma de la
LOPJ y retire la privatización de los Registros Civiles, porque la democracia
exige escuchar el clamor de la sociedad. Que verdaderamente sirva la dimisión
de Gallardón, para CCOO el peor ministro de Justicia de la historia de
la democracia, para recuperar los derechos de la ciudadanía.
9.- Hoy, lunes 29 de septiembre, toma posesión el nuevo ministro
de Justicia y CCOO le ha trasladado una carta en la que le
reclamamos, entre otras cuestiones:
1.
Convocatoria urgente de mesa sectorial con su presencia.
2.
Compromiso de que va a retirar el proyecto de reforma de la
LOPJ.
3.
Compromiso expreso de que el Gobierno va dar marcha atrás y
dejara sin efecto la privatización de los Registros Civiles, manteniendo la
situación actual de servicio público, universal, gratuito y servido por
personal de la Administración de Justicia.
10.- CCOO ha comunicado al ministro de Justicia que le
ofrece la posibilidad de rectificar las agresiones de Gallardón y dar marcha
atrás a sus inaceptables reformas. La decisión adoptada por CCOO de aplazar la
huelga del día 8 de octubre, ni es un cambio en nuestra firme posición de
seguir luchando hasta conseguir detener estas reformas, ni es un cheque en
blanco al nuevo titular del departamento de Justicia, ni significa en absoluto
la suspensión de la huelga.
Si el nuevo ministro de Justicia no convoca la mesa sectorial con
urgencia, o en la misma no acepta estas reivindicaciones, CCOO RETOMARÁ DE
FORMA INMEDIATA LA CONVOCATORIA DE LA HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
en defensa del servicio público y de los derechos y condiciones laborales de
los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en la Administración de
Justicia.
Madrid a 29 de septiembre de 2014
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