HOJA CCOO REUNION CON EL MINISTRO DE JUSTICIA
Reunión de CCOO, hoy 23
de octubre, con el nuevo
ministro de justicia, Rafael Catalá y su equipo. La convocatoria de la mesa sectorial sufre un nuevo
retraso: será hacia el 12 de noviembre.
EL MINISTRO DE JUSTICIA CONFIRMA
A CCOO QUE RENUNCIA A LA REFORMA INTEGRAL DE LA
LOPJ DE GALLARDÓN QUE SUPONÍA LA MAYOR AGRESIÓN LABORAL PARA LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS.
A REQUERIMIENTO
DE CCOO, RECLAMANDO CONCRETAR EL ALCANCE DE LA
RENUNCIA, EL MINISTRO RESPONDIO QUE NO SE IMPLANTARÁN LOS TRIBUNALES PROVINCIALES
DE INSTANCIA, NO SE SUPRIMIRÁN LOS PARTIDOS JUDICIALES, NI LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES NI LOS JUZGADOS Y
AGRUPACIONES DE PAZ, POTENCIANDO LAS FUNCIONES DE ÉSTOS ÚLTIMOS Y MANTENIENDO
LOS JUECES DE PAZ
EL MINISTRO HA MANIFESTADO QUE
CONTINUARÁ CON LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL. CCOO
LE HA EXIGIDO LA MODIFICACIÒN DE LA LEY QUE LOS PRIVATIZA. Además, le hemos anunciado la decidida
intención de CCOO de impulsar las acciones
necesarias (con los trabajadores/as y la
ciudadanía) para revertir esta primera y gran privatización en el ámbito de
la Administración de Justicia. Entre otras, CCOO impulsará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para presentar al
Congreso de los Diputados.
EL MINISTRO MANIFESTÓ
QUE SE LIMITARÁ A PRESENTAR UNA REFORMA PARCIAL DE ALGUNAS CUESTIONES DE LA
LOPJ, especialmente sobre los libros V y VI (Secretarios Judiciales, Oficina
Judicial y Personal al servicio de la Administración de Justicia). CCOO rechazará cualquier ataque a nuestros derechos.
Madrid a 23 de octubre de 2014
La resistencia activa de CCOO contra la supresión de los
Partidos Judiciales, Juzgados de Paz y Audiencias Provinciales; el rechazo de
otros operadores jurídicos, de cientos de Ayuntamientos (muchos de ellos gobernados por el PP, que en sus plenos, han dado voz
a CCOO y han aprobado exigir al Gobierno la
retirada de la reforma de Gallardón); de varias CCAA como Galicia,
Castilla-León, Extremadura (también con
gobiernos del PP) y Andalucía; de decenas de Diputaciones Provinciales, y
de multitud de asociaciones ciudadanas, logran que el Gobierno, con un nuevo
ministro de Justicia, retire el anteproyecto de reforma de LOPJ que había aprobado el Consejo de Ministros en el mes
de abril, a instancia de Gallardón. Todo ello, y los intereses electorales
en juego (en la primavera de 2015,
elecciones municipales y autonómicas),
ha sido determinante, mientras otros sindicatos firmantes de un preacuerdo
inservible que no garantizaba los derechos básicos de los trabajadores/as y que
ahora se queda en agua de borrajas, renunciaron a la lucha a cambio de la paz
social.
CCOO ha
propuesto al ministro de Justicia, que, además de abandonar los proyectos de
Gallardón, debe posibilitar un compromiso general en la Administración de
Justicia para garantizar, el empleo público y el mantenimiento de todos los
puestos de trabajo, incluir una OPE que convoque todas las plazas vacantes que
existen, asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras sus retribuciones
actuales en el caso de reordenaciones y redistribuciones de puestos de trabajo,
el respeto escrupuloso a la localidad de destino de cada persona y la garantía
de que no podrá existir movilidad forzosa fuera del municipio, y que se fije un
calendario para la restitución de todos los derechos que nos han sido
arrebatados, entre otros aspectos imprescindibles para nuestros derechos.
CCOO ha reclamado al ministro Catalá:
Ø
En
relación con el proyecto de reforma de
la LOPJ del exministro Gallardón, que se dé definitivamente por muerto. Porque
era un infame proyecto que creaba los Tribunales provinciales de Instancia, que
suprimía una gran parte de los partidos judiciales y de los Juzgados de Paz y
sus Agrupaciones, que eliminaba también muchos órganos judiciales como las
Audiencias Provinciales, que suprimía cientos de puestos de trabajo…. El ministro ha contestado que comparte
el objetivo de CCOO,
porque no se puede pretender imponer un proyecto que cuenta con el rechazo de
la mayoría social, de los y las trabajadores/as, ayuntamientos, organizaciones
profesionales y ciudadanas. CCOO espera a ver plasmado este compromiso del
ministro para afirmar con rotundidad que los trabajadores hemos ganado esta
batalla.
CCOO
también ha reiterado al ministro que es imprescindible que se retire la privatización de los actos de comunicación mediante su
entrega a los procuradores, para que continúen siendo competencia exclusiva del personal de la Administración de
Justicia. También hemos reiterado nuestra exigencia de que se retiren todas las
medidas de privatización contenidas en la Ley de Jurisdicción voluntaria.
El ministro ha afirmado ante CCOO “que
una reforma integral de la LOPJ se tiene que dar con cierto consenso si quiere
tener ciertas garantías en su puesta en marcha y esas condiciones no se dan en
este momento, y tampoco hay margen temporal para construirlo en lo que queda de
legislatura”, por lo que solo presentará una propuesta de reforma
parcial de algunas cuestiones de la LOPJ, renunciando por tanto a la creación
de los tribunales provinciales de instancia, a la supresión de los partidos
judiciales y de los juzgados de paz, por el contrario incrementará las
funciones de estos últimos. Y ha afirmado tajantemente que se mantendrán los Jueces de Paz como venía reclamando en solitario CCOO.
CCOO
ha reclamado también la eliminación, en el proyecto de código penal, de la
criminalización de la protesta social que solo pretende impedir la movilización
contra las agresiones y pérdida de derechos de la ciudadanía.
Ø
Sobre
el Registro Civil, CCOO ha
exigido de nuevo a Catalá la derogación de la Ley por la que se privatizan los Registros
Civiles y se entregan a los Registradores mercantiles. El ministro ha contestado
que seguirán con dicho proyecto y, utilizando un argumento falaz, ha mantenido
que los registradores son funcionarios públicos cuando todo el Gobierno sabe,
incluido el registrador Rajoy, que la UE los considera empresarios privados que
deben cobrar el IVA, y las sentencias de la UE son de obligado cumplimiento
para el Gobierno de España.
CCOO
le ha trasladado que no cejaremos hasta lograr que los Registros Civiles
permanezcan en el ámbito de la Administración de Justicia. Y mantendremos e
impulsaremos las acciones necesarias para lograrlo. Le hemos manifestado que
es contradictorio que el Gobierno manifieste que desea normas que gocen de
consenso, porque de lo contrario serían modificadas si se produce cambio de Gobierno,
e imponga una norma que es rechazada por todos los grupos parlamentarios,
excepto el PP, y toda la sociedad.
El ministro ha afirmado literalmente que materializará una disposición que garantice
todo el empleo actual, titular e interino, pero no ha comprometido de ninguna
manera a qué norma legal lo llevará para que obligue a las CCAA con
competencias transferidas.
CCOO le ha entregado nuestra propuesta (ya remitida al
director general el pasado 31 de julio) que asegura que no se pierda ni un solo
puesto de trabajo
Ø
Sobre
la Oferta de Empleo Público (OPE), CCOO ha
exigido que en la Administración de Justicia se tienen que convocar todas las
plazas vacantes existentes porque no generan gasto alguno, y mediante el
sistema de concurso-oposición, para garantizar los derechos de todos. La
respuesta del ministro y de la secretaria de Estado ha sido que no se
comprometen a una OPE de las características y cuantías de plazas que CCOO
reclama, pero que están dispuestos a elaborar un calendario en el que fijarían
los plazos para acercarse a nuestra demanda en varios años.
Ø
Ley de Tasas Judiciales. CCOO ha reclamado de nuevo su
derogación y que, como mínimo las personas físicas no tengan que pagar tasas en
su acceso a la Administración de Justicia. El ministro no ha adquirido
compromiso alguno, pero ha aceptado tácitamente que dicha ley pudiera estar
impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva a muchas personas que han dejado
de recurrir por incapacidad económica.
Ø
Restitución de Derechos robados desde 2010 (salario, paga extra, días de asuntos, vacaciones,
IT…). Ante la exigencia de CCOO de establecer un calendario para la
devolución de todos los derechos robados, incluida la reposición del 100% del
salario en los casos de IT (así, le hemos recordado la injusta desigualdad
entre las excepciones que se establecieron para jueces y fiscales y las que no
se regularon de la misma forma para el resto del personal de la Administración
de Justicia), se nos ha contestado por la secretaria de Estado que estas
devoluciones de derechos son de carácter general y afectan al conjunto de los y
las empleados públicos por lo que la decisión debe ser del Gobierno, y no se
puede resolver solo para nuestro ámbito.
CCOO
le ha contestado que el establecimiento de un calendario de devolución de
derechos es imprescindible porque es de justicia con los trabajadores/as a los
que se les lleva saqueando desde 2010, en segundo lugar por las contradicciones
entre las numerosas declaraciones del ministro Montoro y del presidente del
Gobierno en la que hablan reiteradamente de que se está produciendo una
recuperación económica, mientras la realidad es que esta recuperación solo la percibe
el Gobierno, pero, en el caso de la paga de 2012, además, por la imperiosa
obligación del Gobierno de devolver el 100 % de la misma (no solo ese escaso y
patético 24 % que anuncia Montoro en el proyecto de la LPGE), ya que en la
Administración de Justicia dicha paga extra 2012 había sido devengada completa
cuando se publicó la reforma de la LOPJ.
Ø
Hemos
reclamado la paralización de la reforma
del reglamento de órganos de gobierno de MUGEJU, porque elimina la posibilidad
de actuación de los representantes de los y las mutualistas que les molesta de
forma especial, y así impiden que se puedan defender los derechos, que, de
aprobarse esa reforma, dejará indefensos. No ha habido compromiso del nuevo
equipo del Ministerio de Justicia ante esta exigencia.
Ø
En
relación con la Ley de Justicia Gratuita,
CCOO
defiende que el umbral de ingresos para tener acceso a la justicia gratuita se
eleve de forma importante, y que se garantice (por ser uno de los pocos
avances, exigidos y logrados por CCOO, que se produjeron en la anterior etapa) el
restablecimiento del derecho del personal funcionario para que pueda intervenir
ante la Administración de Justicia, en defensa de sus legítimos derechos
laborales y profesionales, sin abogado ni procurador.
Ø
CCOO ha demandado que de inmediato, tras
la reunión de la mesa sectorial (que vuelve a retrasarse hasta el 12 de
noviembre, pues estaba prevista para la semana próxima) se abra la negociación sobre varios aspectos fundamentales para
nuestros derechos: mejora de la regulación del régimen de sustituciones
verticales, así como la regulación de las horizontales con todos los derechos, la
mejora de la regulación de las bolsas de personal interino para la garantía de
sus derechos laborales, el pago de la productividad a todos los trabajadores/as
del órgano judicial, y no solo a los secretarios judiciales como hasta el
momento,….)
Ø
CCOO ha exigido de nuevo la paralización de la implantación de la NOJ
hasta que no se resuelvan todos los problemas actualmente existentes y que
datan desde las primeras implantaciones, exigiendo la constitución inmediata de
una mesa de negociación.
Ø
Hemos
trasladado a este nuevo equipo que conteste a la denuncia presentada por CCOO y que
se resuelvan de una vez las numerosas lagunas y vacíos existentes en las cuotas de la Seguridad Social, bastante
extendidas, y que afectan de manera importante a muchos compañeros y compañeras
interinos y personal laboral. Exigimos que se adopte, de una vez, una decisión pactada
entre la Seguridad Social y el Ministerio de Justicia, que recupere esos vacíos
y ponga al día las cotizaciones sociales de las personas afectadas, pues son
víctimas de los errores de la Administración. En caso de que esta solución no
se produzca en un breve plazo, CCOO, como hemos informado, presentará denuncias
ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para defender a todos estos
trabajadores/as.
Ø
Hemos
exigido que el nuevo ministro de Justicia impulse la mejora de las condiciones de trabajo y retributivas del personal
laboral de la Administración de Justicia, personal que ha sido
abandonado desde hace muchos años por la Administración y que todos los
ministros de Justicia y equipos anteriores han mantenido en una situación
intolerable. Existen numerosas y justas reivindicaciones de este personal, que
hemos planteado hoy de nuevo, como el establecimiento de un programa de
productividad general para todo el personal laboral (recordamos que siguen
existiendo cientos de salarios del personal laboral muy por debajo de los 1.000
euros), la traslación de todas las directivas europeas a la norma española,
como la directiva en relación a la traducción e interpretación que obliga al
Gobierno español a la reclasificación al nivel 1 a todos estos compañeros/as,
la garantía de la promoción interna (inexistente en los últimos años), la
cobertura de todas las vacantes, pues cientos de puestos de trabajo siguen sin
cubrirse, con la consiguiente sobreexplotación de las y los trabajadores….., y
muchas más reivindicaciones.
Ø
Hemos
reclamado el establecimiento de un Plan
de Igualdad en la Administración de Justicia de forma urgente, que CCOO
lleva exigiendo desde hace años y ya existen en varias administraciones
públicas.
¡¡DEFENDAMOS
NUESTROS DERECHOS!!
¡¡DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE
LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!
LUCHEMOS PARA DARLE LA VUELTA
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