2014-06-06 12:26:48
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Javier López
El sindicalismo empieza a convertirse en una actividad social de alto riesgo en España. Criminalizar, reprimir y amedrentar a la ciudadanía que participa en cualquier actuación de protesta o rechazo de las políticas de ajuste, austeridad y recortes, que se vienen aplicando en nuestro país, parece ser un objetivo explícito y declarado de las reformas que se vienen produciendo en el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que lejos de dar seguridad jurídica, siembran un campo de minas, en el que se adentra cualquier ciudadano que participe en un acto de protesta.
En el campo laboral, el artículo 315 del Código Penal, en manos de fiscales y jueces que interpretan de forma restrictiva el derecho de huelga, se está convirtiendo en una carga de profundidad contra el sindicalismo libre. Tan sólo en CCOO hay más de 150 sindicalistas, en 49 procedimientos sancionadores abiertos, en casi todas la Comunidades Autónomas, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, por participación en huelgas.
Dos trabajadoras, una de ellas con tres meses de embarazo, Ana y Tamara, son condenadas a tres años de cárcel, por participar en una huelga del Centro Deportivo Campo Longo de Pontevedra, en la que reclamaban un convenio colectivo que regule las condiciones de trabajo en su sector. Los hechos por los que han sido juzgadas consisten en volcar un vaso con pintura dentro de una piscina, causando unos daños materiales que ascienden a unos 1.000 euros. Entiende el juez, a petición del fiscal, que este acto presionaba a otros trabajadores del centro, pese a las declaraciones en contra de las trabajadoras que decidieron seguir en su puesto de trabajo.
Ocho sindicalistas de Airbús son aleatoriamente identificados por participar en un piquete
informativo disuelto de forma violenta, en las puertas de la empresa, durante la Huelga General de Septiembre de 2010 y son acusados de los mismos daños y por las mismas actuaciones, pese a no existir identificaciones. Son sindicalistas y forman parte del Comité de Empresa. Eso parece bastar al fiscal y al juez para pedir 8 años decárcel para cada uno de ellos.
La Secretaria General de CCOO en Baleares, Katiana Vicens, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y medio de prisión, por participar en un piquete durante la Huelga General del 29 de marzo, en una estación intermodal. Alguien rompe una luna de un autocar y la persona más conocida entre la multitud es Katiana, por lo cual la menuda sindicalista se convierte en objeto de las iras de la justicia.
Me recuerda el caso de mi compañera Maleni, que fue Secretaria General de la Comarca Norte de CCOO de Madrid, que fue acusada de agresión a la autoridad durante otra Huelga General hace más de una década. Cuando el juez vio entrar a aquella menuda mujer y a los cinco armarios de cuatro cuerpos, que presentaban acusación contra ella, no tuvo más remedio que recriminarles la denuncia y archivarla sin más. Pero los tiempos cambian y hoy Maleni se encontraría, probablemente, en la misma tesitura que Katiana, porque demostrar lo evidente se ha convertido en ardua tarea ante determinados fiscales y jueces.
Proliferan las acusaciones de agresiones a la autoridad, coacciones, atentados, concierto de voluntades para delinquir. Acusaciones estereotipadas, guiadas por la misma mano y que no se corresponden con el desarrollo pacífico de la inmensa mayoría de las protestas, manifestaciones, concentraciones o huelgas que desarrollamos en el ámbito laboral. Peticiones de condenas desproporcionadas, superiores a los cuatro años, para hechos que producen escasos daños materiales, ni mucho menos personales. Calificación de delitos que, en casos de Esperanza Aguirre, constituirían, como mucho, faltas.
Los y las sindicalistas somos gente conocida. No nos ocultamos. Nos conocen en las empresas, en los barrios, en los pueblos donde vivimos. Por eso somos fácilmente identificables. El Ministerio del Interior y algunos fiscales parecen coincidir en que allí donde hay un sindicalista es el culpable. Y si no hizo nada, sería el inductor. Por lo tanto, acusación, imputación, máxima calificación como delito y numerosos años de condena. A falta de hechos probados, buena es la presencia de alguien conocido y, si levantó la voz, aunque no amenazase, ya es prueba más que suficiente para algún que otro fiscal.
Adviértase que el artículo 315 del Código Penal contiene dos párrafos iniciales en los que se anuncian castigos de pena de prisión para quienes mediante engaño o abuso de la necesidad de los trabajadores impidan o limiten la libertad sindical o el derecho de huelga. Si además media fuerza, violencia, o intimidación, las penas serían superiores en grado. Hasta ahí los dos primeros párrafos.
Es el tercer párrafo el que establece las mismas penas para quienes, actuando en grupo o individualmente, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Como es lógico pensar en esta España pícara, corrupta y viciada, los dos primeros apartados del artículo 315 no parecen haber conducido a ningún empresario o ejecutivo a la cárcel, pese a la notoriedad de los abusos que impiden, bajo amenazas, intimidación y todo tipo de violencia, ejercer los derechos laborales y sindicales.
Por contra, son cientos los trabajadores y trabajadoras encausados ante los tribunales que se ven sometidos a peticiones de fiscales y condenas de jueces que implican su ingreso en prisión. Tamara, Ana, Katiana, los 8 de Airbús y cientos de personas trabajadoras más.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté, porque yo no era sindicalista. Antes vinieron a buscar a los comunistas y a los socialdemócratas. Más tarde vendrán a por los extranjeros y a por los judíos de nuevo, como hace más de medio siglo. Porque si ya ha pasado, bien puede volver a ocurrir si nadie lo impide. De eso se trata, de impedirlo. De sacar a pasear el orgullo de clase. De denunciar la violencia, cualquier violencia, pero sobre todo aquella que en forma de poder empresarial, poder gubernamental, poder de los jueces y fiscales, condena a las gentes decentes a años de cárcel, por el hecho de defender un convenio digno, por defender su empleo, por defender a los suyos y a sus familias.
Mientras defraudadores y ladrones de todo tipo escamotean la labor de la justicia, pasean por las calles y lucen sus mejores galas, sus pelos engominados y sus complementos millonarios, ni la embarazada Ana, ni su amiga Tamara, ni la reconocible Katiana, ni los 8 de Airbús, que crecieron construyendo sindicalismo de clase en su empresa, pegados a los problemas de sus compañeras y compañeros. Ni ellas, ni ellos, ni nadie, por el hecho de participar en una huelga, van a pisar la cárcel, salvo que alguien no se haya dado cuenta de que, o aquí jugamos todos... o rompemos la baraja. Carta por carta. Salvo que alguien no se haya dado cuenta de que con las vidas trabajadoras no se juega.
Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación de CCOO.
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