CCOO incrementa
El sindicato denuncia que con esta reforma el Gobierno suprime la justicia de proximidad ,
al eliminar todos los partidos judiciales y los juzgados de paz
Madrid, 12 de junio de 2014
El Sector de la Administración
de Justicia de FSC-CCOO denuncia que el anteproyecto de Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado el pasado 4 de abril, pretende
modificar toda la organización judicial. El texto establece la eliminación de la justicia de proximidad
con la supresión de
todos los partidos judiciales y de los juzgados de paz. CCOO
rechaza categóricamente estas medidas y alerta de que si el contenido del
proyecto de la reforma
de la LOPJ se mantiene, millones de personas tendrán cada vez
más obstáculos en el acceso a la Administración de
Justicia. Por estos motivos, el sindicato anuncia que
incrementará las movilizaciones si el Gobierno insiste en mantener el texto
aprobado en la futura ley.
Además,
CCOO rechaza dicho anteproyecto porque, entre otras medidas, impone la pérdida de los
derechos de más de 45.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de
Justicia, permite la
amortización de cientos de puestos de trabajo en
toda España, impone la movilidad forzosa geográfica y condena a cientos de
personas interinas al despido.
El
sindicato también critica otros puntos del texto y así afirma que CCOO “no
comparte en absoluto la pretensión de Gallardón de acabar con la
democracia interna en la Administración de Justicia , que, en la práctica,
es lo que significa la
supresión de los decanatos y el establecimiento de un sistema cada vez más
jerarquizado”, declaran desde la organización sindical, que también rechaza el
ataque a la
libertad de expresión que supone la prohibición a la judicatura y al
personal funcionario a pronunciarse sobre asuntos de actualidad.
Por último,
el Sector de la Administración
de Justicia de FSC-CCOO critica “la decisión de incrementar
aún más el número de aforados, que ha permitido que miles de personas tengan
una situación de privilegio sobre el 99% de la ciudadanía ” y
añade que, con esta reforma, el Gobierno “busca implantar un sistema que
dificulte aún más la lucha contra la corrupción”.
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