LOS DATOS ESTADÍSTICOS PUBLICADOS POR
EL INE SOBRE LA JUSTICIA DE PAZ, QUE GALLARDÓN PRETENDE ELIMINAR, REVELAN LA
IMPORTANCIA QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTOS JUZGADOS TIENEN PARA LA CIUDADANÍA.
Para CCOO estos datos demuestran que debe retirarse de la
reforma de la Ley Orgánica del Pode Judicial
(LOPJ) la supresión de los
Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y de los partidos judiciales, al
constatarse con datos oficiales, que las denuncias realizadas por numerosos
colectivos ciudadanos, judiciales y por nuestro sindicato, demuestran el
gravísimo atentado a la ciudadanía que supondría dicha supresión.
Madrid a 20 de junio de 2014
La Justicia de Proximidad es el pilar básico de la Justicia,
donde se toma plenamente en consideración eso que se denomina Servicio Público
y que va dirigido precisamente a la ciudadanía. Su carácter público, gratuito,
universal, cercano al ciudadano/a y prestado por trabajadoras y trabajadores
públicos, profesionales e imparciales, son las características esenciales de los Juzgados y Agrupaciones de
Juzgados de Paz que, junto con la justicia impartida en los órganos judiciales
con sede en los partidos judiciales, conforman el principio de “justicia de
proximidad”.
Justicia de Proximidad que de aprobarse tal y como está el
anteproyecto de LOPJ supondrá la desaparición de todos y cada uno de los
Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz existentes y de todos los partidos
judiciales que conforman hoy la primera base de la estructura territorial
judicial española.
Los datos estadísticos no mienten y así los Juzgados de Paz
españoles tramitaron el año pasado 1.010.056 en materia penal (de un total de
asuntos ingresados de 1.011.038), mientras que en materia civil resolvieron un
total de 1.088.656 asuntos (de un total de asuntos ingresados de
1.087.409),
asuntos como juicios de faltas, exhortos, diligencias previas en la
investigación de hechos denunciados, actos de conciliación, juicios verbales, a
lo que se añade las funciones de registro civil (no incluidas en esa estadística),
desmienten los argumentos esgrimidos una y otra vez por el ministro Gallardón
para eliminar la justicia de paz y el coste que para el ciudadano supondría el
desmantelamiento de estos órganos, eso sin mencionar el coste económico que
también repercutiría negativamente en dichos municipios.
La profesionalidad y la imparcialidad de las empleadas y
empleados públicos de la Administración de Justicia que prestan este servicio,
garantizan plenamente la eficacia de estos órganos judiciales. Con la reforma,
Gallardón entregará este Servicio Público a manos de colectivos de gestión
privada, como Procuradores, Notarios o Registradores de la Propiedad y/o
Mercantiles, que sólo velan por sus propios intereses particulares y no por el
interés general. Su eliminación supondrá una nueva privatización, que obligará
a la ciudadanía a asumir un nuevo coste económico, y supondrá otro varapalo a
sus derechos y al mantenimiento de un Servicio esencial sustentado
económicamente por nuestros impuestos.
Muchas son las voces que, junto a los trabajadores y CCOO,
están reclamando el mantenimiento de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de
Paz y de los partidos judiciales, y así declaraciones de Ayuntamientos,
Parlamentos Autonómicos, Asociaciones de Vecinos, Partidos Políticos, y también
del mundo de la Justicia, piden al ministro Gallardón que retire del
anteproyecto de reforma de la LOPJ la supresión de los Juzgados y Agrupaciones
de Juzgados de Paz y de los partidos judiciales, que constituyen la Justicia de
proximidad, servicio esencial para la ciudadanía.
¡¡NO A LAS REFORMAS DE GALLARDÓN!!
¡NO
A LA DESAPARICIÓN DE LOS JUZGADOS
Y
AGRUPACIONES DE JUGADOS DE PAZ!!
¡NO A LA SUPRESIÓN DE LOS PARTIDOS JUDICIALES!!
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