Otro paso más en la desvergüenza del Gobierno
de proteger a colectivos privados en perjuicio de toda la ciudadanía
La vicepresidenta del Gobierno anuncia el establecimiento de un
procedimiento a través de los notarios para acreditar la condición de sefardí y
el establecimiento de una tasa de 75 euros para adquirir la nacionalidad
española por expediente en todos los supuestos.
CCOO ACUSA GALLARDÓN Y AL GOBIERNO DE COMENZAR LA
PRIVATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
Madrid a 9 de junio de 2014
Tras la lectura del anteproyecto de Ley para la concesión de la
nacionalidad española a los sefardíes, anunciado por la Vicepresidenta del
Gobierno tras el Consejo de Ministros del 6 de junio, CCOO ratifica que los proyectos de ley
que el Gobierno tiene en marcha muestran su voluntad de privatizar numerosos
procedimientos registrales, que saldrán de la esfera del Registro Civil público
y gratuito para pasar a ser competencia de operadores jurídicos privados y por
los que habrá que pagar.
En primer lugar el Ministerio de Justicia aprobó en octubre de 2013 el Anteproyecto
de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, hoy en tramitación en el Congreso,
por el que se permitirá a los Notarios tramitar los expedientes de
matrimonio civil, previo pago de un arancel de 95 €, compartiendo éstos una
función que tradicionalmente ha sido en España competencia exclusiva de los
Registros Civiles, lo que ha supuesto una ventaja evidente de cara a la
inscripción del matrimonio posterior al haber sido antes autorizado por el
Registro Civil.
En segundo lugar la Vicepresidenta del Gobierno anunció la presentación de
un proyecto de Ley (lo que afortunadamente significa que podrá
enmendarse en su tramitación parlamentaria) para la concesión de la nacionalidad española para los
ciudadanos sefardíes por carta de naturaleza. En dicho Proyecto de Ley se establece
que la acreditación de la condición de sefardí se hará exclusivamente por
medio de los Notarios, quienes elevarán propuesta motivada al Ministerio de
Justicia, y que la tramitación se hará a través de una plataforma electrónica, para
la que habrá que pagar una tasa de 75 € que según la vicepresidenta es menor
que lo que se paga en otros países como Alemania y que se ampliará a todos los
expedientes de adquisición de la nacionalidad española.
Esta forma de tramitación supone una forma excepcional dentro de nuestra
administración, ya que hasta ahora para iniciar
cualquier trámite de procedimiento registral o relativo a la nacionalidad
española bastaba con la mera presentación de la solicitud, y ello sin perjuicio
de la posibilidad de que quien quisiera pudiera valerse del servicio
profesional de un abogado o gestoría. Cuando se anunció hace unos meses este
proyecto de Ley la acreditación de la condición de sefardie se iba a hacer ante
los Consulados de España en el extranjero, en su función de Registros Civiles
Consulares, pues se daba por hecho que la gran mayoría de sefardíes que podían
acogerse a la nacionalidad española por este procedimiento residen fuera de
España.
Por todo ello resulta sorprendente e inexplicable que el
Proyecto de Ley impida a los sefardíes que quieran adquirir la nacionalidad
española presentar su solicitud a través del Registro Civil de su domicilio,
que sería el del Consulado de España en el país en que residan, lo que sería lo
más lógico y acorde con la legislación registral, y se les obligue a presentarla
a través de una plataforma electrónica de pago, para que un colectivo ajeno a
la Administración como son los Notarios (son funcionarios públicos, pero no
pertenecen a la Administración propiamente dicha), desvinculados por
completo de los solicitantes y con domicilio en España, sean quienes deben
realizar una tramitación administrativa que incluirá la presencia del sefardí
ante el Notario (con los gastos de viaje y estancia en España que ello
conlleva) y una valoración de si se cumplen o no los requisitos para tener
por acreditada la condición de sefardí, debiendo el Notario elevar una
propuesta motivada de resolución a la Dirección General de Registros y del
Notariado, para resolución de la concesión de la nacionalidad.
Tal excepcionalidad se debe, sin duda, al deseo del Ministerio de Justicia
de atribuir a los Notarios la tramitación de todos los expedientes de
nacionalidad por residencia, tal y como resulta del Borrador de Anteproyecto de
Reforma Integral de los Registros
elaborado el año pasado. Resulta
claro y meridiano que la tramitación de estos expedientes a través de los
Notarios, y que los particulares no puedan presentar sus solicitudes a través
de los órganos registrales tal y como establece la Ley y el Reglamento del
Registro Civil respecto de los expedientes de adquisición de nacionalidad
española por carta de naturaleza, abre la puerta a que próximamente todos los expedientes
de adquisición de la nacionalidad española por residencia se hayan de tramitar
a través de los Notarios, privatizando la tramitación de dichos expedientes
y estableciendo aranceles para su tramitación.
Los expedientes de matrimonio civil y los de adquisición de la nacionalidad
española por residencia constituyen el mayor volumen de los expedientes que
tramitan hoy los Registros Civiles; con los proyectos en trámite por este
Gobierno se abre la posibilidad de desvincular del Registro Civil los llamados
actos preparatorios de actos de Registro Civil (expedientes, declaraciones de voluntad relativas a nombres y apellidos,
vecindad civil y nacionalidad, etc), de forma que los Registros Civiles sólo
tengan funciones de practicar inscripciones y expedir certificaciones, que
serían gratis, y los demás actos, desvinculados del Registro Civil, serían
competencia de los Notarios, a los que habría que pagar por sus servicios, lo
que supone una clara privatización de parte de un servicio público, hoy gratuito
y mañana sujeto a arancel.
Además el proyecto de Ley
presentado por el Gobierno trae otra “perla”, que es el establecimiento de una tasa de 75 € a pagar no sólo por los
sefardíes sino por todo aquel que quiera adquirir la nacionalidad española por
residencia o carta de naturaleza. Justifica el Gobierno esta tasa en que “la complejidad de estos procedimientos hace
imprescindible la existencia de una tasa que sirva como vía de financiación
parcial de los gastos que la Administración General del Estado realiza para su
correcta tramitación. Son numerosos los organismos e instituciones que
intervienen en su desenvolvimiento, así como numerosos los datos que deben ser
recabados para el desarrollo y finalización de aquellos, lo que determina unos
costes ciertamente imputables a quien obtiene un beneficio directo de la
actuación administrativa….”. El establecimiento
de esta tasa demuestra que Gallardón miente cuando afirma que pase lo que pase
con los Registros Civiles seguirán siendo gratis todos los trámites que hoy lo
son.
Lo cierto es que la
mayoría de la información para la resolución del expediente de nacionalidad la
tiene que aportar el propio peticionario junto con su escrito inicial; que en
el expediente se recaban los antecedentes penales del peticionario en España, a
través del programa informático del Ministerio de Justicia que sirve de apoyo a
todos los órganos judiciales penales, y que el único informe escrito que se
recaba es el de la Policía Nacional sobre la conducta del peticionario y su
tiempo de residencia en España. CCOO
rechaza el establecimiento de una tasa
para tramitar expedientes de nacionalidad y la considera además desproporcionada,
por cuanto es obligación de la Administración la implantación de las
plataformas electrónicas para la realización de cualquier trámite
administrativo, financiadas en su gran mayoría por los impuestos que pagamos
todos los ciudadanos, incluidos los extranjeros. Si una familia, compuesta por
los padres y tres hijos, tiene que pagar tasas por todos ellos para adquirir la
nacionalidad, además de la tasa para aprobar un examen en el Instituto
Cervantes que acredite su conocimiento del idioma y cultura española, el coste
para nacionalizarse español va a ser muy elevado y muchas familias, hoy en
situación precaria por la crisis económica, no podrán afrontarlo
CCOO sospecha que el
establecimiento de esta tasa, incluida en un proyecto en que se atribuye a
operadores jurídicos privados funciones hoy de carácter registral, se debe a
la necesidad de financiar en parte los servicios que éstos van a prestar en
estos trámites hoy respecto de los sefardíes y mañana posiblemente respecto de
todos los extranjeros que residan en España. Gallardón, poco a poco, va
privatizando servicios registrales y estableciendo tasas y aranceles para las
actuaciones más importantes. No importa que luego diga que en el futuro
Registro Civil, inscripciones y certificaciones serán gratuitas, porque habrá
que pagar por todo lo demás y nos va a salir mucho más caro a los ciudadanos. Quiere acabar con el servicio público y gratuito del
Registro Civil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario