EL
GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIDOS PODEMOS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL MINISTRO CATALÁ PARA QUE DÉ
EXPLICACIONES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LEXNET
Reproducimos
el correo que desde CCOO de Justicia hemos enviado a los Grupos
Parlamentarios informándole de los hechos que han acontecido en
relación con este asunto:
Hemos
tenido conocimiento de que mediante escrito presentado el 5 de
Septiembre a la Mesa del Congreso de los Diputados, el grupo
parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-Marea ha solicitado la
comparecencia en la Comisión de Justicia del Ministro de Justicia en
funciones para que dé explicaciones sobre las deficiencias de
Lexnet.
La
implantación de este sistema de intercomunicación con los Juzgados,
Tribunales y Fiscalías y, en general, la implantación de las nuevas
tecnologías en la Administración de Justicia ha constituido, a
juicio de CCOO, un elemento de pura propaganda del Ministerio de
Justicia, incapaz, junto a la mayoría de las Comunidades Autonómas
con competencias transferidas, de cumplir los plazos establecidos
legalmente, de tal forma que la implantación solo se ha llevado a
cabo de forma parcial en algunos centros de trabajo y, donde se ha
hecho, está generando multitud de problemas que hemos venido
denunciado.
Por
si les fuese de utilidad en la comparecencia del Ministro de Justicia
en funciones, si es que esta llega a producirse, le adjuntamos
información de CCOO al respecto que hemos venido elaborando desde
que el 1 de Enero de 2016 comenzó la legal y supuesta implantación
obligatoria del Lexnet, agravada desde el 7 de Julio, fecha en la que
expediente judicial electrónico tendría que estar implantado con
carácter general.
Queremos
también significarles que el sistema Lexnet ha sido impugnado ante
las autoridades europeas porque podría vulnerar el principio de
separación de poderes, ya que el control de las comunicaciones está
en manos del poder ejecutivo (central o autonómico) afectando así a
la independencia del poder judicial, tal y como viene recogido, entre
otras en esta noticia
periodística:
Les
reproducimos a continuación la última nota de prensa que con fecha
6 de Julio remitimos a los medios de comunicación y les adjuntamos
enlaces a diversas noticias que desde el 1 de Enero CCOO ha ido
elaborando al respecto.
Un
cordial saludo.
NOTA
DE PRENSA
FALLIDA
IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
El
plazo legal para la implantación obligatoria del expediente judicial
electrónico vence mañana, 7 de julio, y CCOO denuncia
el incumplimiento grave de la Ley por parte del Ministerio de
Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias
transferidas al no haber dotado de los medios tecnológicos
suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales y a
ninguna de las fiscalías
Madrid,
6 de julio de 2016.
Según
las informaciones de CCOO solo 25 de los 113 partidos judiciales del
territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia
(Comunidades Autónomas de Murcia, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Baleares, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla)
tienen instalado el programa Minerva Digital que permite la
digitalización de los procesos judiciales.
En
las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, solo
Cantabria y Navarra podrán en la fecha legal señalada para el 7 de
julio utilizar el expediente judicial electrónico en todos los
órganos judiciales, salvo en los juzgados de paz; La Rioja, Aragón,
Cataluña y Andalucía, lo harán solo parcialmente y en
la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Madrid, Asturias y
Euskadi no se van a tramitar por ahora los procedimientos judiciales
con soporte digital encontrándose en diferentes grados de
implantación que podrá demorarse durante años en algunos casos.
Ninguno
de los 1166 juzgados y agrupaciones de juzgados de paz de toda España
con personal al servicio de la Administración de Justicia dispone de
los medios tecnológicos necesarios. Salvo Cantabria y Navarra,
ninguna de las otras 48 Audiencias Provinciales ni ninguno
de los otros 15 Tribunales Superiores de Justicia (en Murcia solo
parcialmente) se ha podido poner en marcha el expediente judicial
electrónico; en cuanto a los órganos centrales gestionados también
por el Ministerio de Justicia, solo los Juzgados y Salas de lo
Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Audiencia Nacional
utilizan desde hace años el mal llamado “papel 0”, mientras que
el resto de la Audiencia Nacional (Salas y Juzgados de las
jurisdicción penal) y todas las salas del Tribunal Supremo quedan
por ahora excluidos de la digitalización.
Para
CCOO esta lamentable e ilegal situación (recordemos que la
disposición adicional segunda de la Ley 18/11 de 5 julio reguladora
del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en
la Administración de Justicia estableció el 7 de julio de 2016 como
fecha tope para la implantación del expediente judicial electrónico)
se ha debido, además de a la desidia del propio Ministerio de
Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias, al
empecinamiento del ministro de Justicia Rafael Catalá que ya, en la
precampaña electoral de las elecciones del 20D anunció el “papel
0” en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 en una actuación
puramente propagandística que ocultó, incluso, que lo único que
debía entrar en vigor en esa fecha era el sistema de comunicaciones
telemáticas entre juzgados y profesionales.
Así,
el propio ministro Catalá, el 29 de Diciembre de 2016, pasadas las
elecciones, no tuvo más remedio que reconocer que en algunas
Comunidades Autónomas como Valencia, Cataluña, Euskadi, Andalucía
o Madrid, no se cumplirían los plazos de implantación.
Desde
entonces, el Ministerio de Justicia ha seguido ocultando que la
implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de
Justicia no es generalizada, que se están produciendo graves fallos
de funcionamiento en el sistema Lexnet de comunicaciones y que el
expediente judicial electrónico solo estaría listo para ponerse en
marcha en los plazos legales en una parte muy minoritaria de los
juzgados y tribunales y en ninguna fiscalía.
Desde
el mes de enero de 2016 CCOO ha venido solicitando la moratoria de
los plazos de implantación, propuesta a la que se han sumado
diversas asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos, Fiscalía
General del Estado, varios colegios y asociaciones de abogados y
procuradores y un sinfín de operadores jurídicos junto a gobiernos
autonómicos con competencias.
También
desde el sindicato se ha solicitado reiteradamente la convocatoria de
las mesas de negociación para evaluar y negociar las necesidades de
incrementos de plantilla, de planes de formación específicos y
generales, de las nuevas funciones de los trabajadores y las
trabajadoras derivadas de los nuevos sistemas de trabajo y del resto
de condiciones de trabajo sustancialmente modificadas.
A
ambas solicitudes de moratoria y negociación ha hecho caso omiso el
Ministerio de Justicia que, aun hoy, se niega a reconocer que la
implantación de las nuevas tecnologías en la administración de
justicia en los plazos legales establecidos ha resultado fallida.
CCOO
vuelve a manifestar su decidida apuesta por la modernización de la
justicia pero exige que se haga de forma pausada, consensuada con los
operadores jurídicos, negociada con los representantes de los
trabajadores y con dotación presupuestaria expresa para los medios
personales y materiales necesarios y con formación profesional
exhaustiva para el personal usuario de las nuevas tecnologías.
El
23 de Enero la Cadena Ser anuncia el cese del Subdirector General de
Nuevas Tecnologías "por el escaso rendimiento e implantación
de esta iniciativa del papel cero en los tribunales que en concreto
ha fracasado de forma estrepitosa en comunidades autónomas como
Madrid, Valencia o
Andalucía".
El
28 de Enero CCOO anuncia que el cese del Subdirector General de
Nuevas Tecnologías no es suficiente y exige también el cese
inmediato del Ministro Catalá y de todo su equipo por el fiasco en
la gestión de la implantación de las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia y solicita al Congreso de los Diputados y
a los grupos parlamentarios el reproche a Catalá y el aplazamiento
de la entrada en vigor del papel cero previsto para el 7 de
julio.
El
29 de Enero, en una reunión Ministerio-Sindicatos se producen
fuertes discrepancias entre CCOO y el Ministerio de Justicia sobre el
éxito de la implantación generalizada de Lexnet. La solicitud de
CCOO de dimisión de los altos cargos del Ministerio provoca una
reacción a la defensiva de los mismos contra este sindicato, en
lugar de asumir sus responsabilidades en el fiasco que, hasta ahora,
está suponiendo la implantación de las nuevas tecnologías en la
Admón. de
Justicia.
El
8 de Febrero CCOO se hace eco de varios medios de comunicación y
anuncia que varios colectivos solicitan la paralización de
Lexnet.
El
9 de Febrero, CCOO acusa al Ministro de Justicia de desconocer la
realidad en los órganos judiciales, donde los graves problemas con
la implantación de los medios tecnológicos es la tónica general.
Para CCOO, la implantación obligatoria de los sistemas telemáticos
de intercomunicación de los juzgados (en vigor desde el 1 de enero)
y del expediente digital (prevista para el 7 de julio) tieme que ser
aplazada ante la evidencia de que la inmensa mayoría de los órganos
judiciales no disponen de los suficientes medios humanos ni
tecnológicos.
El
10 de Febrero el Pleno del Consejo de la Abogacía Española y el
Sindicato de Secretarios Judicial reaccionan ante las declaraciones
del
ministro.
El
15 de Febrero CCOO solicita por escrito al Ministerio de Justicia el
aplazamiento de la implantación obligatoria de Lexnet y del
expediente judicial electrónico y exigen la convocatoria urgente de
la mesa de negociación para frenar el ataque que la obcecación del
ministerio está suponiendo para el servicio público y para las
condicones de trabajo del personal de los juzgados, tribunales y
fiscalías.
El
19 de Febrero, en una nueva reunión Ministerio-Sindicatos, el equipo
de Catalá rebaja su tono triunfalista y empieza a reconocer algunas
de las deficiencias en el sistema Lexnet de las CCOO había
denunciado. Ante las discrepancias existentes CCOO consigue que
representantes del Minsterio se comprometan a visitar los centros de
trabajo (lo que hasta la fecha no habían hecho) para comprobar in
situ el funcionamiento de
Lexnet.
El
4 de Marzo representantes del Ministerio de Justicia y de las
organizaciones sindicales visitan los juzgados y la fiscalía de
Ceuta donde el personal de justicia confirma directamente que, tal y
como CCOO había venido denunciando, Lexnet y las nuevas tecnologías
presentan gravísimos problemas de funcionamiento que justifican el
aplazamiento de su implantación obligatoria. La Secretaria del
Estado y el Secretario General de la Adminstración de Justicia dan
un plantón a los trabajadores y a las trabajadoras y a las
organizaciones sindicales y anulan a última hora la visita que
tenían comprometida, enviando a personal de inferior rango
jerárquico.
El
7 y 17 de Marzo aparece en los medios de comunicación la queja de
los Fiscales, encabezados por la Fiscal General del Estado, que se
suman a la solicitud de aplazamiento de la implantación de
Lexnet.
El
5 de Abril se debatió en la Comisión de Justicia del Congreso una
proposición no de Ley de Ciudadanos para aprobar una moratoria de la
obligación legal de usar Lexnet en los Juzgados y del Expediente
Judicial Electrónico. La proposición fue rechazada con el voto en
contra del PP e, incomprensiblemente, también del PSOE que en la
Asamblea de Madrid había votado a favor una propuesta similar.
La
Secretaria de Estado, mientras tanto, continúa visitando distintas
localidades, pero ya sin los sindicatos; con la realidad que
encontraron en la visita a Ceuta deciden suspender unilateralmente
las visitas que tenían comprometidas a Ponferrada y a la Audiencia
Nacional con los representantes
sindicales.
El
11 de Abril, en un acto electoralista convocado por Europa Press y a
preguntas de CCOO, el Ministro de Justicia en funciones vuelve a
negar ante la opinión pública los graves problemas que está
generando la informatización de la justicia y sigue empecinado en
mantener los plazos obligatorios de implantación a pesar de la
evidente falta de medios y de la reclamación que la gran mayoría de
colectivos implicados vienen demandando en ese
sentido.
El
29 de Abril CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia está
seleccionando a dedo los trabajadores que recibirán formación para
el Expediente Judicial Electrónico y que está tomando decisiones a
espaldas y con ocultación a los representantes de los trabajadores
sobre el calendario y ciudades en que se están implantando
experiencias "piloto" y sobre selección de personal para
la formación y sin negociación de sus condiciones de
trabajo.
El
13 de Junio CCOO comienza a solicitar en todos los Comités de
Seguridad y Salud de la Adminstración de Justicia (uno en cada
provincia, más Ceuta y Melilla) la evaluación de Riesgos
Psicosociales y Ergónomicos en todos los centros de trabajo. El
Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias
están obligados legalmente a evaluar los riesgos para la salud
derivados de la implantación de nuevos equipos y sistemas de
trabajo. Hasta ahora no se ha procedido en ningún centro de trabajo
a la evaluación de estos riesgos para la salud laboral.
El
16 de Junio de 2016, ante el desprecio del Ministerio de Justicia a
la negociación colectiva, a las condicones de trabajo de sus
funcionarios y al servicio público de la Admón. de Justicia, CCOO
decide abandonar cualquier reunión que no sea la Mesa de Negociación
que tenemos solicitada donde pretendemos negociar:
-
Que se reconozca la imposibilidad real, por falta de medios, de la implantación generalizada de las comunicaciones telemáticas y del expediente judicial electrónico en todas las oficinas judiciales y fiscales y se aplacen, por tanto, las fechas de entrada en vigor obligatorias.
-
Que se determinen de forma negociada las oficinas judiciales y fiscales “piloto” y extender progresivamente los nuevos sistemas de trabajo una vez detectadas y corregidas las deficiencias que se vayan produciendo.
-
Que se establezca un protocolo de coordinación con todas las Comunidades Autónomas con competencias para que el resultado final sea homogéneo y a ritmos similares de implantación.
-
Que se garantice la participación directa de los trabajadores y las trabajadores con comisiones de seguimiento en todas las provincias.
-
Que se incrementen y mejoren los medios tecnológicos.
-
Que se refuercen las plantillas, al menos en los servicios de registro y reparto.
-
Que se exija al Centro de Atención al Usuario el incremento sustancial de medios para poder atender satisfactoriamente y con rapidez todas las incidencias.
-
Que se renegocien las funciones de cada uno de los cuerpos y puestos de trabajo.
-
Que se negocie un complemento retributivo extensivo a todo el territorio nacional y a todo el personal que utiliza de forma obligatoria estos nuevos sistemas de trabajo.
-
Que se negocie un verdadero plan global de formación que llegue a todos los trabajadores y las trabajadoras.
-
Que se evalúen los riesgos psicosociales y ergonómicos derivados de la modificación de los sistemas y métodos de trabajo.
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