CCOO reclama poner fin a la privatización de los servicios que deben ser atendidos por Psicólogos y Trabajadores Sociales

CCOO DENUNCIA LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA REALIZACIÓN DE PERICIALES PSICOLOGICAS POR PERITOS EXTERNOS Y EL CONVENIO DE COLABORACION CON EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA QUE ACTÚEN DE REFUERZO EN LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS PARA LA EMISIÓN DE INFORMES

Madrid a 31 de agosto de 2016

CCOO ha tenido conocimiento del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de

Justicia y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, de fecha uno de julio de 2016, convenio que ha sido realizado a espaldas de las y los trabajadores y de sus representantes.

CCOO se opone firmemente a dicho convenio, convenio que combatiremos con todos los medios a nuestro alcance, porque es un claro intento de privatizar los informes psicológicos que se realizan para los distintos Juzgados y Tribunales, porque no aceptamos la utilización de servicios externos para la realización de dichos informes, además porque existen plazas de Psicólogos que están incluidas en las Relaciones de Puesto de Trabajo y la Administración se niega a cubrirlas y a convocarlas en concurso de traslado, lo cual es un ataque a los derechos de este personal ya que está reconocido en el Convenio Colectivo Único de la Administración General del Estado. (Recordamos al Ministerio de Justicia que aún queda por convocar la tercera fase del concurso de traslados 2016).

Desde el Sector de Justicia de CCOO, queremos poner de manifiesto nuestra rotunda oposición a un nuevo hecho de privatización de servicios públicos como el que están prestando los psicólogos de la Administración de Justicia y de esa manera se recurra a la subcontratación de servicios externos, cuando existen plazas vacantes como ya hemos señalado.

Esta situación queda patente en la Instrucción de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia “para la realización de pericias psicológicas por peritos externos”, bajo este título, se ponen en manos privadas la realización de los informes Psicológicos que demanden los Órganos Judiciales, lo cual actualmente es realizado y consideramos que debiera seguir siéndolo por los psicólogos de la Administración de Justicia.

El Convenio privatizador afecta a todas las comunidades con la competencias no transferidas, ámbito Ministerio: Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Castilla-León, Extremadura y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

CCOO va a exigir de nuevo que el Ministerio de Justicia justifique las actuaciones realizadas y las que tiene previsto realizar para la cobertura de las plazas vacantes, con la finalidad de informar a los trabajadores y trabajadoras de las repercusiones negativas que tienen respecto a la promoción y a los derechos de movilidad previstos en el Convenio Colectivo y poder adoptar todas las medidas que sean oportunas para defender los derechos del personal y los servicios públicos.

Denunciamos que los servicios afectados son cuestiones muy sensibles para la ciudadanía, como es la violencia de género, la evaluación de la credibilidad del testimonio, agresores sexuales, evaluación de la peligrosidad, procedimientos de separación y divorcio, custodia de menores… Entendemos que dichos servicios deben ser realizados inexcusablemente por el personal de la Administración de Justicia tal y cómo se dicta en el Estatuto de la Víctima en su art. 18. Lo contrario, lo que pretende el Ministerio de Justicia es una violación flagrante de los derechos ciudadanos, como la preservación de la intimidad, derechos que solo se garantizan desde los servicios públicos.

CCOO apuesta y defiende el empleo público puesto que es la mejor garantía para dar unos servicios de calidad a la ciudadanía, a la vez que permiten crear puesto de trabajo para muchos trabajadores/as que esperan la oportunidad para formar parte de dichas plantillas. Además, con este convenio firmado a espaldas de los trabajadores/as olvidan el carácter interdisciplinar de los equipos técnicos al dejar sin cubrir las vacantes de Trabajador Social y de Educador. Desde CCOO históricamente hemos reivindicado la reversión de las plazas de psicólogo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, de carácter público y gratuito, y cuando habíamos conseguido del Mº de Justicia estudiar esta situación anómala por parte de la Subdirección de Organización y Coordinación Territorial, en la Subcomisión Delegada, lejos de abrir un proceso de negociación en este asunto, verificamos que dan un paso adelante a más privatización, incumpliendo su palabra.

CCOO exige que se cubran en primer lugar las plazas vacantes y que se convoque una Oferta de Empleo Público para atender las necesidades de los informes que solicitan los distintos Órganos Judiciales, que el Ministerio de Justicia pretende privatizar, ya que la cobertura de estos puestos de trabajo por empleados públicos es la forma para que dichos servicios se puedan atender con la calidad, que demandan los ciudadanos.

El objetivo de este convenio no es el ahorro, es privatizar, es hacer negocio con los servicios públicos. Es inadmisible la política del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de no autorizar la cobertura de las plazas vacantes, y la ridícula convocatoria de Oferta de Empleo Público que viene convocando desde hace más de cuatro años. No se entiende la destrucción de empleo en la Administración General del Estado, donde se han destruido más de 23.000 puestos de trabajo entre 2011 y 2015 y que especialmente afecta al personal laboral. La Administración no atiende adecuadamente las necesidades de los servicios públicos que prestan los Tribunales y Juzgados y recurren a entidades privadas para la gestión del personal que potencia la discrecionalidad frente a los principios de igualdad, mérito y la capacidad; la opción por privatizar servicios públicos choca directamente incluso con la posición del Tribunal de Cuentas que ha resuelto que la gestión pública es mas barata que la gestión privada.

CCOO denuncia esta decisión, contraria a los intereses de los ciudadanos/as y sin argumentos que la sostengan, pues no consta que se haya realizado un estudio detallado y serio que justifique está privatización y sin más se rechaza cualquier otro mecanismo para atender la necesidades de los órganos judiciales en la realización de los informes psicológicos, que no supongan externalizar los servicios, además rechazamos la ausencia absoluta de información y consulta con los representantes sindicales.

Desde CCOO seguimos denunciando que continúan los procesos de privatizaciones en la Administración de Justicia, este convenio de colaboración va a ser denunciado por nuestro sindicato ante el Plenario de la CIVEA, porque supone un gasto superfluo, y porque la Administración de Justicia dispone de personal propio y medios para atender dichas tareas y especialmente porque existen puesto de trabajo vacantes, que como hemos señalado se niegan a cubrir sistemáticamente.

Por todo ello, CCOO exigimos la retirada de las Instrucciones y el Convenio de colaboración del Ministerio de Justicia y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos e instamos a la Administración a la inmediata cobertura de las plazas vacantes, la convocatoria de la oferta de empleo público y la dotación de los recursos necesarios para atender las demandas de los Órganos Judiciales.