CCOO
contra el Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP)
CCOO
DE JUSTICIA MANIFIESTA SU TOTAL RECHAZO AL
TTIP Y AL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE LOS
CONFLICTOS QUE SE GENEREN ENTRE LOS ESTADOS Y LAS
MULTINACIONALES
TTIP Y AL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE LOS
CONFLICTOS QUE SE GENEREN ENTRE LOS ESTADOS Y LAS
MULTINACIONALES
RESOLUCIÓN
DEL SECTOR DE JUSTICIA DE CCOO MOSTRANDO SU
RECHAZO AL TTIP Y
SOLICITANDO UN PRONUNCIAMIENTO DE LAS
ASOCIACIONES DE JUECES Y
COLEGIOS DE ABOGADOS CONTRA LA
RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LOS
CONFLICTOS DERIVADOS DEL TTIP
RESOLUCIÓN
DEL SECTOR DE JUSTICIA DE CCOO MOSTRANDO SU RECHAZO AL TTIP Y
SOLICITANDO UN PRONUNCIAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE JUECES Y
COLEGIOS DE ABOGADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LOS
CONFLICTOS DERIVADOS DEL TTIP
Madrid,
25 de abril de 2016.
El Sector
de Justicia de CCOO, mostramos nuestra oposición a la firma por
parte de la Comisión Europea
de los tratados de libre comercio de
nueva generación (CETA, TISA, TTIP) en proceso de negociación
entre la UE y distintos países.
De
todas las maldades que encierran dichos acuerdos, para la salud, el
medioambiente, los servicios público, los derechos de las personas
y de la ciudadanía, el ataque a la soberanía de Los Estados, una
más y no menos importante, es el ataque al derecho constitucional a
la Tutela Judicial Efectiva.
Una
de las cuestiones que más rechazo han suscitado en la opinión
pública, tiene que ver con las cláusulas sobre los mecanismos de
arbitraje en los conflictos entre las empresas inversoras y Los
Estados. Tal es así, que desde el polémico ISDS (presente en el
CETA por ejemplo) sistema del juez y parte, que otorga el arbitraje a
profesionales de grandes bufetes a su vez asesores de las
multinacionales, se transita hacia el ICS, ( en el TTIP) sistema de
creación de tribunales especiales para la resolución de estos
conflictos, cambio considerado por quienes nos oponemos a la firma
de estos acuerdos como una mera operación de maquillaje.
En
la misma línea, se ha manifestado en Alemania la mayor asociación
de jueces (DRB), que se opone a la propuesta de un nuevo sistema de
tribunales de inversión en el TTIP, argumentando que “no hay ni
base legal ni necesidad”.
En
una declaración del 2 de febrero, la DRB manifestó lo siguiente:
No
hay base alguna para la hipótesis de que los tribunales de los
estados miembros no ofrezcan la protección legal adecuada a los
inversores extranjeros: “Tribunales especiales que sólo son
accesibles a ciertos grupos no son el buen camino”
La
DRB, expresó también sus dudas acerca de la competencia de la Unión
Europea para establecer un tribunal internacional de inversiones, ya
que dicho tribunal interferiría gravemente con los sistemas
judiciales y legislativos, tanto de los Estados miembros como de la
propia Unión, criticando además la falta de independencia de los
jueces y la ausencia de claridad en el proceso de selección.
En
España, el decano del colegio de abogados de Barcelona, alerta sobre
la gravedad que encierran estos tratados y asegura que la “seguridad
jurídica desaparecerá en beneficio de los nuevos servicios
mercantiles
y advierte de un matiz que afecta especialmente a la tutela judicial
efectiva y al derecho a una justicia para todos y todas, pues
resultará imposible hacer encajar el modelo actual de asistencia
jurídica gratuita en este sistema neoliberal que intentan
imponernos.
CCOO,
ya ha manifestado su oposición a la firma de los tratados de libre
comercio, pero como sector de justicia, queremos manifestar a la
opinión pública, que además de rechazar dichos acuerdos por
atentar a los derechos de las personas de manera general y absoluta,
compartimos las opiniones y razones jurídicas tanto de la asociación
de jueces alemanes como del Decano del Colegio de Abogados de
Barcelona, entendiendo que con la firma de dichos tratados peligra la
Tutela Judicial efectiva y el principio que desde CCOO defendemos de
una justicia igual para todas las personas y por ello, solicitamos
de las asociaciones judiciales españolas y de los distintos colegios
de abogados que manifiesten públicamente su oposición a la política
europea que pretende mercantilizar todos los derechos de las personas
al mismo tiempo que las deja sin posibilidades procesales y sin
recursos para defenderse judicialmente.
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