CCOO vuelve a solicitar el aplazamiento de la entrada en vigor obligatoria de LexNet y del expediente judicial electrónico
El sindicato critica duramente el voto
contrario del PP y del PSOE al aplazamiento en la Comisión de
Justicia del Congreso de los Diputados
El 5 de abril se debatió en el Congreso la proposición no de Ley de
Ciudadanos para aprobar una moratoria de la obligación legal de usar
el sistema de intercomunicaciones digital en los Juzgados desde el
día 1 de enero de 2016 y del expediente judicial electrónico a
partir del 7 de julio de 2016. La proposición fue rechazada con el
voto en contra del PP y
del PSOE.
CCOO no comparte ni entiende el empecinamiento del Ministerio de
Justicia, apoyado por el Grupo Popular, en mantener esta obligación
legal a sabiendas de que en el conjunto de la Administración de
Justicia del Estado no existen los medios suficientes para cumplirla.
Para CCOO también resulta incomprensible e injustificable la
postura del PSOE que, mientras en el Congreso ha votado en contra de
la moratoria, en la Asamblea de Madrid se ha posicionado a favor
(junto con el resto de grupos salvo el del PP) de una proposición
no de ley similar que insta al Consejo de Gobierno a que en el plazo
de 6 meses dote a los órganos judiciales de los medios materiales y
personales adecuados, a la implantación progresiva del papel “0”
y a que garantice la adecuada formación para el uso de LexNet a las
y los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Asimismo esta proposición insta al Gobierno de la nación a “que
adopte de manera urgente cuantas medidas y disposiciones resulten
necesarias para la suspensión inmediata o moratoria de la
obligatoriedad para los profesionales de la justicia del uso de
LexNet, abriendo un periodo transitorio de, al menos, seis meses para
que este sistema de comunicación digital se implante con las
garantías adecuadas en todos los órganos judiciales” y a que
inicie “un diálogo con todos los agentes implicados para que
expresen su opinión y realicen sugerencias para la mejora de la
aplicación del sistema LexNet”.
Las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Cataluña,
Euskadi y Andalucía —todas ellas con competencias en medios
materiales de la Administración de Justicia— ya han comunicado al
Ministerio de Justicia en múltiples ocasiones la imposibilidad de
cumplir los plazos legales fijados. De hecho en estas comunidades
autónomas, en mayor o menor medida, no se está pudiendo utilizar
con exclusividad el sistema de Lexnet de intercomunicación digital
desde el 1 de enero, a pesar de que la ley obliga a ello. Tampoco
será posible cumplir con la fecha del 7 de julio para implantar el
expediente judicial electrónico.
En el resto del territorio nacional (comunidades autónomas de
Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja Aragón y Canarias, con
competencias transferidas y el resto bajo la competencia del
Ministerio de Justicia) la realidad es muy similar, habiéndose
comprobado la insuficiencia de medios personales y tecnológicos para
llevar a cabo la informatización de la Administración de Justicia.
CCOO consiguió arrancar al Ministerio de Justicia el compromiso de
que una delegación de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías
y de las organizaciones sindicales comprobasen “in situ” en los
órganos judiciales los problemas que estaba generando el uso de
Lexnet. Tan solo se ha realizado una visita en los Juzgados de Ceuta,
cuyo resultado fue tan desastroso por los múltiples problemas que se
están generando que la propia Subdirección General comunicó a los
sindicatos en la reunión de la comisión de seguimiento celebrada el
pasado 31 de marzo que se interrumpían las visitas hasta que se
solucionasen los problemas detectados en Ceuta, porque la mayoría de
ellos eran extensivos al resto de oficinas judiciales y fiscales del
territorio gestionado por el Ministerio de Justicia.
Mientras tanto, el ministro de Justicia en funciones y su número
dos, la secretaria de Estado, siguen visitando sedes judiciales —en
el último mes han visitado al menos Cáceres, Burgos, Asturias,
Madrid y Sevilla— y entrevistándose con las altas instancias
judiciales y políticas, mientras se niegan a comprobar sobre el
terreno y con los trabajadores y trabajadoras que, por ahora, no es
posible la implantación generalizada y obligatoria de Lexnet ni del
expediente judicial electrónico.
CCOO apuesta decididamente por la implantación de las nuevas
tecnologías en la Administración de Justicia, pero exige a las
Administraciones competentes que la misma se haga de forma
progresiva, incrementando la dotación de medios materiales y
personales, reconociendo a las y los trabajadores de los juzgados,
tribunales y fiscalías el esfuerzo realizado para está tremenda
modificación de los sistemas de trabajo y reconociendo la
participación estos trabajadores como elemento esencial que ayudaría
a encontrar soluciones prácticas a los problemas que se generan.
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