Los sucesivos Gobiernos, tanto central como autonómico, han puesto a las empleadas y empleados públicos en el punto de mira aplicando los recortes más salvajes de toda la democracia. Estos recortes han sido especialmente duros en la Administración de Justicia y, lo que es peor, nadie garantiza que éstos se hayan acabado.
Los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT en Andalucía consideran que es necesario incrementar la contundencia de las movilizaciones, desde paros parciales hasta llegar a una huelga indefinida nacional y quieren contar con el apoyo de trabajadores, trabajadoras y de toda la ciudadanía andaluza.
Exigen al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía que garantice el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, que asegure, como mínimo, todas las retribuciones por cualquier concepto, incluidas las pagas extras, del personal funcionario y laboral, y la recuperación de las pérdidas retributivas realizadas desde 2010, también a que se comprometa a no utilizar, en ningún caso, la movilidad geográfica forzosa del personal.
1. Recuperación de los derechos retributivos y laborales perdidos en los últimos años:
a. Recuperación de los días de asuntos particulares como se ha logrado en otras Administraciones,
b. Recuperación de los descuentos retributivos del año 2010.
c. Reconocimiento de la irretroactividad de la supresión de la paga extra y reintegro de la misma al personal funcionario de Justicia.
d. Reintegro de los recortes retributivos de 2013 de la Junta de Andalucía.
e. Supresión de la condena en costas en los procedimientos judiciales de reclamación de derechos laborales y estatutarios que afecten a los trabajadores y trabajadoras.
2. Por un régimen de incapacidad temporal que no discrimine al personal funcionario de Justicia ni al personal laboral. Como mínimo, equiparación en todos los ámbitos territoriales a las condiciones de jueces y fiscales.
3. Negociación real, con voz y voto, en las reformas de la Administración de Justicia. No a la supresión de las cabeceras de partido judicial y por el mantenimiento de la Justicia de Paz.
4. En defensa del servicio público de la Administración de Justicia prestado por personal de Justicia: No a la privatización del Registro Civil y de los actos de comunicación y de la ejecución.
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