COMUNICADO NÚM. 1 – LAS TASAS JUDICIALES
. Con la
excusa de la crisis económica el Gobierno ha iniciado un duro ataque a los
servicios públicos caracterizado por la eliminación de puestos de trabajo, por
recortes salariales y de derechos laborales y por procesos de privatización.
Estos recortes se hacen además a espaldas de los trabajadores e incumpliendo la
obligación de la Administración de negociar con los representantes sindicales
todos aquellos aspectos que afectan a las condiciones de trabajo. Los recortes están afectando a todos los
servicios públicos y a todas las administraciones del estado, comunidades
autónomas y entidades locales, cuyos gobiernos de todo signo político están
haciendo un seguidismo acrítico de las políticas del gobierno central
inspiradas por los organismos financieros internacionales.
. Las
reformas que el Ministerio de Justicia ha anunciado y que, si no lo remediamos,
van a comenzar su proceso de legislación en este otoño están enmarcadas dentro
de ese proceso de recortes, reducción de empleados públicos y
privatizaciones. A nuestro entender, no hay en ellas ninguna intención
de mejorar la eficiencia del servicio público de la Administración de Justicia.
Solo la reducción del gasto público, sin importar la merma en la prestación del
servicio a los ciudadanos con menos recursos económicos, inspira estas
reformas. Gallardón quiere poner en marcha una serie de medidas en justicia,
que igual que sus colegas han hecho en educación, sanidad o servicios sociales,
por ejemplo, pretenden que el servicio público de la administración de
justicia deje de ser universal y gratuito, que deje de estar prestado en parte
por empleados públicos y que, en definitiva, a través de dificultar el acceso a
la justicia de la mayoría de los ciudadanos, produzca una reducción en el
número de asuntos judiciales que permita reducir el número de puestos de
trabajo.
. El primer golpe ha sido la
aprobación de la Ley de Tasas
Judiciales. Las astronómicas cantidades que se exigen a la
mayoría de los ciudadanos para interponer gran parte de
reclamaciones en vía
judicial han hecho que se reduzca de forma drástica el volumen de asuntos en
los Juzgados y Tribunales, especialmente en los del orden civil y contencioso
administrativo. Ya lo han conseguido: hay menos asuntos en los Juzgados
y Tribunales a costa de impedir a gran cantidad de ciudadanos el acceso a la
tutela judicial efectiva y esto puede permitir, está ya permitiendo, de
hecho, la eliminación de gran cantidad
de puestos de trabajo; en muchos territorios se está dejando de nombrar
personal interino, salvo en casos extremadamente urgentes y, sin duda, se
intentará revisar la baja las plantillas.
Según los datos estadísticos
del C.G.P.J, en datos nacionales, el número de demandas contenciosas presentadas en los Juzgados de 1ª Instancia o de 1ª
Instancia e Instrucción (excluyendo las de familia, que, por lo general no
pagan tasas) se ha reducido en el primer semestre de este 2013 respecto al año
2012 (en que no había tasas) en un 11,15%; se han presentado 568496 demandas,
frente a las 639870 del pasado año, es decir, más de 70000 ciudadanos han
dejado de formular demandas en un solo semestre. En los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo se ha pasado de 67518 recursos en el primer semestre
de 2012 a 56526 en este año, 10992 menos; la reducción ha sido de 16,28 %.
Cifras también escandalosas se dan en los asuntos resueltos en 2ª Instancia por
las secciones civiles de las Audiencias Provinciales con una reducción del
27,46%, pasando de 50837 a 37931, 12906 menos; un 17,09% de reducción de
asuntos contencioso-administrativos en única instancia en los TSJ y un 21,74%
menos de recursos ante estos tribunales; un 23,04% de reducción en las salas de
lo social de los TSJ; un 49,72% menos de asuntos en única instancia en la sala
de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, etc., etc.
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