Asistimos
en estos días a una intenso ejercicio de propaganda por parte de la Consejería
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, acerca de la implantación,
como proyecto piloto, en Vélez Málaga, Fiscalía de Sevilla y El Ejido, de la
Nueva Oficina Judicial y Fiscal.
Todo
comienza en el año 2003, los dos
principales partidos políticos españoles firmaron el llamado “Pacto de Estado
por la Justicia”.
Bonito
nombre y buenas intenciones: compromiso de incrementar inversiones para nuevas
sedes judiciales, informatización, aumento de personal y sobre todo de
modificar las leyes sustantivas e implantar un modelo organizativo similar al
existente en las administraciones modernas y eficientes.
Se modificó
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que por presiones sindicales, recogía estas
ideas.
Pero una
cosa es lo se plasme en una Ley, aunque sea Orgánica, y otra muy diferente lo
que se
lleva a la práctica.
Pues bien, aproximadamente hasta siete años
después del pacto de estado por la Justicia, aún no se habían desarrollado
todas las modificaciones normativas necesarias, y todavía hoy no se ha
finalizado, y asistimos, por mor de la mayoría absoluta del PP, a cambios
totalmente contrarios al citado pacto.
Cambios que
suponen una involución en nuestra maltratada administración de justicia: tasas
para pleitear, cierre de numerosos Juzgados, privatizaciones, (la más próxima y
escandalosa, la de los Registros Civiles) y con la excusa de la crisis no se
invierte nada nuevas sedes, ni en sistemas informáticos, se recorta en personal
y no se convocan nuevas plazas.
Andalucía no es una excepción a esta realidad. En nuestra
Comunidad, una de las mayores en número de Juzgados, los juicios han venido
aumentado sin que se haya respondido con más personal, al contrario en la
actualidad se están reduciendo por primera vez en 30 años las plantillas, con
despidos de personal interino y contratado.
En el año 2005, tras intensas movilizaciones, se firmó un
acuerdo marco entre la Consejería de Justicia, CCOO y UGT, que fijaba una serie
de compromisos, el principal la elaboración de una relación de puestos de
trabajo consensuada en los Juzgados y Tribunales Andaluces.
Este acuerdo, incluía un estudio de las necesidades de
personal y medios materiales y la creación de Servicios Comunes pactados con los sindicatos de Justicia.
Los distintos cambios en la Consejería (hasta 5 Consejeros
en los últimos 7 años) han ido aparcando estos compromisos y el desarrollo de
la nueva oficina judicial.
Tras el acceso a la Consejería del Sr. LLera, Fiscal de
profesión, y su actual equipo formado en los altos cargos por Juez y Secretaria
Judicial, parecía que por fin se iba a abordar de una vez por todas estas reformas.
Sin embargo las acciones emprendidas, a juicio de CCOO, van
en sentido contrario y por tanto no tienen el apoyo de este sindicato, a pesar
de las manifestaciones del Consejero en el Parlamento y en medios de
comunicación, arrogándose el beneplácito sindical, más propaganda, y falsa en
lo concerniente a CCOO.
Se ha dado carpetazo al acuerdo marco 2005, no se ha pactado
nada con los sindicatos, y se han emprendido medidas gravísimas de recortes,
tanto salariales como de derechos de los trabajadores-as, lo que esta
desincentivando a los funcionarios de justicia que ven además con impotencia
como las cargas de trabajo están aumentando considerablemente y no se pone
remedio por parte de la Consejería.
Se ha dictado un decreto para implantar la Nueva Oficina
Judicial Y Fiscal (NOJF) en Andalucía, sin recoger las propuestas sindicales,
sin aumento de plantillas, cuando todos los estudios realizados hasta el
momento, inclusive por la propia Consejería reconocían la necesidad de un incremento
de trabajadores-as.
Se pretende implantar unos macro-servicios, sin
delimitarlos, ni clarificar la división del trabajo, ni las tareas de los
funcionarios. Cualquier organización moderna de la administración exige una
relación de puestos de trabajo, definidos y organizados, lo que agilizaría
enormemente los tiempos de respuesta, permitiendo además a los Jueces que se
centren en su cometido constitucional, dictar sentencias y hacer que se ejecuten (así lo recogía el
espíritu del pacto por la Justicia y la letra de la Ley Orgánica del Poder
Judicial)
Sin embargo, en la NOJF andaluza ha primado el interés más
añejo y corporativo de los Jueces, estos no pierden el control sobre cuestiones
que les deberían ser ajenas, (edificios, agenda judicial, entre otras), y la
necesaria Relación de Puestos de Trabajo, se convierte, en palabras de un
funcionario, en un “Rebaño de Puestos de Trabajo”.
CCOO cree que esto es más de lo mismo, pasar de unidades
pequeñas, los actuales Juzgados, dirigidas por un Juez y Secretario, a grandes
unidades, dirigidas por Secretarios. Ambas, la antigua, y la “nueva” sin una
organización moderna y eficiente
Además la Consejería se niega a garantizar un compromiso de
revisión salarial en el futuro, o a garantizar los actuales ingresos, se niega
a pactar los traslados de los trabajadores, ni a que estos sean voluntarios e
incentivados.
En definitiva la Consejería de Justicia e Interior esta
llevando a cabo una política
propagandística, de hechos
consumados, imponiendo recortes, sin inversiones ni en más funcionarios ni en
nuevos medios materiales, con una visión totalmente conservadora de la
organización de los órganos judiciales. Así no se van a solucionar los
problemas que afectan a los Juzgados y Tribunales Andaluces. Todo cambia para
seguir igual.
Jose María Vico Aranda. Coordinador del Sector de la Administración de Justicia en Andalucia de CCOO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario