Las tasas de Gallardón reducen a la mitad las apelaciones de lo civil

LAS TASAS DE GALLARDON REDUCEN A LA MITAD LAS APELACIONES EN CIVIL

Escrito por  Antonio Heras   16 Marzo 2014

“Se impide el acceso a la Justicia para todos, se ponen trabas”. Es lo que avisan, hace meses, desde el Colegio de Abogados de Jaén, y los números parecen darles la razón: las apelaciones han caído a la mitad en los juzgados de lo civil de la provincia, y la causa, señalan los letrados, son las tasas de Gallardón.

El Colegio de Abogados de Jaén lo tiene claro. Las tasas judiciales impuestas en el sistema por el ministro Gallardón son “excesivas y disuasorias”. El decano, Vicente Oya, asegura que no está en contra de la medida en sí, sino de su cuantía y, sobre todo, de que su falta de proporcionalidad. “Ahora, cuando sale una sentencia en primera instancia, se piensa mucho el recurrir, porque sabes que un recurso de apelación cuesta, de base, 800 euros, más los gastos de abogado y procurador, con lo que serán, seguro, más de 1.000”, explica Oya, que remarca que el “tasazo” de Gallardón, que cumple 16 meses desde su entrada en vigor, ha reducido a la mitad las apelaciones civiles.

Además, hay que tener en cuenta que el recelo a la hora de recurrir una sentencia no se da en todos los estratos sociales ni económicos del mismo modo. Es evidente para el Colegio de Abogados que “agencias, compañías de seguros, grandes empresas y la propia Administración salen beneficiadas”. En otras palabras, el que tiene más dinero, resulta el más favorecido por las tasas. En los asuntos más usuales en los juzgados jiennenses de lo civil, como pueden ser discutir derechos de paso, de agua, reclamaciones de cantidad de unos 1.000 euros, reclamar una sentencia desfavorable se hace, cuanto menos, cuesta arriba. La cuantía que se demanda es, a veces, menor de la que supone embarcarse en la apelación. El caballo ganador es, en este caso, el de bolsillos más llenos. “Realmente se impide el acceso a la Justicia para todos, se ponen trabas”, lamenta Oya, que subraya que “un 20% de los casos” que apelan son “para revocar” la sentencia inicial. Es decir, que cientos de jiennenses que rehúsan acudir a segunda instancia por una causa económica tendrían la razón de su parte si las tasas no se lo impidieran.

criminalización. Otro aspecto muy negativo de la reforma judicial son las consecuencias indirectas de las tasas. Para evitarlas, cuestiones que, hasta ahora, se trataban en los juzgados de lo civil, se intentan pasar a lo penal. El decano pone sobre la mesa, en este sentido, las demandas por impago de pensiones compensatorias en los divorcios. “Se criminaliza, así, a hombres a los que han despedido o no tienen trabajo ni dinero para pagar. La mujer, por su parte, reclama con una demanda penal, para no sufrir las tasas como un perjuicio añadido al impago de la pensión de ella o de sus hijos”, explica Oya, que resalta que los abogados de la provincia han visto cómo, en este año y cuatro meses que ha pasado desde la entrada en vigor de la reforma, tenían “menos trabajo civil” pero “más penal y de turno de oficio”. “Se incrementa la gente que pide justicia gratuita para eludir los gastos de las tasas, pero muchos no cumplen los requisitos, como no superar el salario mínimo”, informa el decano.

Tampoco hay que perder de vista el apartado laboral, ya que, en un futuro, recurrir un despido podría suponer hasta 500 euros de entrada. “Se tocan sensibilidades que no deberían, que afectan a los más necesitados, a los que menos tienen. Esto ‘cruje’ a una clase media como la de Jaén, al agricultor, al comerciante, a los autónomos”, asevera Oya.

“Comunidades autónomas, asociaciones y colegios han recurrido las tasas al Constitucional, pero eso puede tardar 4 años”, advierte el decano. “Y el daño ya está hecho”, concluye Oya.