El Gobierno pretende
suspender para el año 2013 las prestaciones sociales de la Mutualidad General
Judicial así como determinadas prestaciones económinas
§
El Gobierno pretende
la suspensión para el año 2013 de las ayudas para personas mayores dependientes,
discapacitados y drogodependencia, así como del subsidio por jubilación y las
ayudas por gastos de sepelio.
§
Esta suspensión se
añadiría a la suspensión sine die de las ayudas por préstamo hipotecario, de
termalismo social y podología para mayores ya acordada por la Mugeju en mayo de
2012.
§
La Mugeju informa
desfavorablemente a la nueva suspensión de ayudas.
Desde su fundación las
Mutualidades de funcionarios (Mugeju, MUFACE e Isfas) ofrecen a sus mutualistas
tres tipos de prestaciones:
-
prestaciones económicas (por incapacidad temporal
o permanente, por jubilación y auxilios económicos)
-
prestaciones sanitarias (asistencia sanitaria,
prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica y otras prestaciones
sanitarias)
-
y prestaciones asistenciales (ayudas para
atención a personas mayores y otros colectivos, ayuda de adquisición de
vivienda).
El Gobierno de Rajoy quiere
cargarse para al año 2013 la mitad de estas prestaciones, dejando a las tres mutualidades únicamente con las
prestaciones económicas por incapacidad (que no obstante pueden ser objeto de revisión en cualquier
momento) y las prestaciones sanitarias (que además ya se ven afectadas por la
próxima revisión de la cartera básica de salud, el copago en transporte
sanitario no urgente y pago del 100 % de determinados medicamentos).
El Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públlicas presentó a la Mutualidad General Judicial
para informe el 21 de septiembre pasado una propuesta de Disposición
Adicional a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, en virtud de la cual quedarían suspendidas para el año 2013 el
reconocimiento y abono de los subsidios por jubilación y defunción, la ayuda
por gastos de
sepelio, las prestaciones sociosanitarias (programas de atención
a personas mayores, de atención a personas con discapacidad y a
drogodependientes), la ayuda para adquisición de vivienda y los programas de
tercera edad de las tres Mutualidades
(Mugeju, Isfas y MUFACE) y los programas análogos que reconocen los fondos
especiales integrados en dichas Mutualidadades.
CCOO ya informó en el
mes de mayo sobre la pretensión del Gobierno de suspender para el año 2013 el
subsidio por jubilación y las ayudas por gastos de sepelio, que recibieron el
informe negativo de la Gerencia de la Mugeju.
Asimismo hay que
recordar que la propia Mutualidad ya suspendió con efectos 1 de agosto de
2012 “sine die” las ayudas por
préstamos hipotecarios, podología básica y termalismo para mayores (estas dos últimas integradas en
el programa de atención a personas mayores). La Mutualidad justificó esta
suspensión en la necesidad de adoptar medidas de reducción del gasto sobre
prestaciones no fundamentales de la Mugeju. La suspensión de estas dos ayudas, que según la
Mugeju persistirían en el tiempo, y a las que se podrían unir la revisión de
los requisitos de las ayudas que se conceden en materia de dependencia, supone
de por sí un ahorro mayor que el que el Gobierno de la Nación pretendía obtener
con la suspensión sólo durante el año 2013 del subsidio por jubilación y ayuda
por sepelio.
Sin embargo el Gobierno del PP quiere ir más lejos, en
lo que ya constituye un ataque intolerable a los derechos de los mutualistas,
cuyas cuotas no experimentan bajada alguna pese a los continuos recortes en
nuestros derechos y salarios. El afán de este Gobierno en recortar llega hasta
el punto de proponer la suspensión de todas las prestaciones asistenciales,
que incluyen las ayudas para que personas con minusvalías superiores al 65 % y edad avanzada dispongan
de apoyo domiciliario, estancia en residencia o centro de día; la
teleasistencia para mayores de 70 años,
la ayuda para mantenimiento y potenciación de la capacidad residual de personas
con discapacidad, para la eliminación de barreras arquitectónicas y para medios
técnicos para la vida diaria de las personas con discapacidad y los programas
de deshabituación al alcoholismo y drogodependencia. Es decir, este Gobierno
menosprecia a los empleados públicos, en activo o jubilados, y sus familiares
que por su edad o enfermedad precisan de ayuda adicional de la asistencia
sanitaria y carecen de medios para poder sufragársela.
Todas estas ayudas
asistenciales que el Gobierno del PP pretende suspender están dirigidas a
atender necesidades perentorias, habitualmente de larga duración, no asumibles
por quienes carecen de rentas o ingresos suficientes para costearlos
privadamente. Su concesión está
baremada a partir de la constatación y evaluación de la concurrencia en el
mutualista de requisitos personales y sociales como la situación
socio-familiar, el nivel de dependencia, los ingresos económicos, la edad, o
variables representativas de los recursos privados como la vivienda. Se trata,
asimismo, de ayudas incompatibles con cualesquiera otras prestaciones
procedentes de entidades u organismos públicos.
La Gerencia de la Mugeju ha informado negativamente con
fecha 26 de septiembre sobre la suspensión de estas prestaciones asistenciales.
Según la Mugeju el gasto presupuestado
para atender las prestaciones asistenciales representa, respecto del
presupuesto total de este organismo en el año en curso, un porcentaje mínimo.
La repercusión de su proyectada suspensión, en términos financieros, no guarda
proporción con el impacto que implicaría para la atención debida a unas contingencias
particularmente apreciadas por un colectivo, el de los funcionarios públicos,
que ya han se han visto afectados de forma notable por otras medidas de
reducción del gasto, y daría posiblemente lugar a la producción a medio o largo
plazo de efectos perversos o contraproducentes.
La Disposición Adicional propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas no aparece, de momento, entre las 65 Disposiciones Adicionales
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
presentado en el Congreso de los Diputados el día 1 de octubre, pero eso no
quiere decir que esta disposición no se incluya en dicha Ley, sino tan sólo que
no la introdujo a tiempo. Es evidente que la estrategia del Gobierno está
siendo la de modificar sus propias normas, días o semanas después de aprobarlas
(recordamos, entre otras, la LGPE 2012 aprobada a finales de junio y enmendada
por el Gobierno mediante el RDLey de 13 de julio que nos quitó la paga extra de
diciembre, redujo los días de asuntos propios y de vacaciones, introdujo la
movilidad geográfica y redujo el salario en los casos de IT), introduciendo más
recortes con sus propias enmiendas, y de esa forma intenta engañar a los
ciudadanos haciéndonos creer que esas normas contienen menos agresiones que las
que verdaderamente está realizando.
Para CCOO resulta intolerable e injustificable que
un Gobierno que ha dado a fondo perdido 11.000 millones de euros a los bancos, para
poder equilibrar sus cuentas tras semejante dispendio proponga recortar ayudas
básicas y fundamentales en el desarrollo de la vida cotidiana de quienes
prestan o han prestado sus servicios al Estado y precisan ahora de ayuda
adicional, cargándose el sistema asistencial que tantos años nos ha costado
construir. Hoy más que nunca es imprescindible la
movilización masiva contra los recortes, recortes y más recortes del Gobierno,
que no van a parar si no les obligamos los ciudadanos, Por eso, todos los mutualistas, beneficiarios y familiares
debemos hacer denuncia expresa de esta pretensión del Gobierno, a fin de evitar
que se introduzca esta enmienda en la Ley de Presupuestos, que además pone en
riesgo el propio futuro de la Mutualidad General Judicial.
Madrid, a 2 de octubre de 2012
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