Hoja de CCOO sobre la reunión con la Secretaria de Estado sobre la implantación del expediente digital
El
próximo día 1 de Enero entrará en vigor la obligación para
abogados y procuradores de presentar los escritos al juzgado por
medios telemáticos en los nuevos procedimientos. El expediente
digital que sustituya al actual soporte de papel deberá estar
implantado el 7 de julio de 2016.
CCOO
CONSIGUE QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA ACEPTE LA CONSTITUCIÓN DE UN
GRUPO DE TRABAJO PARITARIO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS
JUZGADOS, TRIBUNALES Y FISCALÍAS
CCOO
ha denunciado en la reunión celebrada en el día de hoy la falta de
información y participación del personal y de sus representantes
sindicales y hemos vuelto a solicitar mejoras en las condiciones de
trabajo y en las instalaciones y medios materiales de todos los
órganos judiciales (incluidos los Juzgados de Paz) y la solución
inmediata de los innumerables problemas que se están generando en
las aplicaciones informáticas
Madrid
a 15 de diciembre de 2015
Con
la asistencia de la Secretaria de Estado de Justicia se ha celebrado
en el día de hoy una reunión
entre la Administración y los
sindicatos para informarnos sobre la implantación del expediente
digital que no tendrá que ser efectivo hasta el 7 de Julio de 2016.
No coincide esta fecha con la propaganda oficial del Ministerio de
Justicia que ha insistido, a bombo y platillo, el fin del papel el 1
de enero de 2016.
Desde
el 1 de enero de 2016 todas las comunicaciones entre los procuradores
y abogados y los juzgados, tribunales y fiscalías deberán
realizarse a través de las aplicaciones informáticas que no estarán
listas para su puesta en marcha en algunos territorios del ámbito no
transferido. El 7 de Julio de 2016 es la fecha fijada legalmente para
la implantación del “papel 0”, lo que supondrá una modificación
sustancial e histórica de los métodos de trabajo en la
Administración de Justicia y exigirá un cambio de mentalidad de los
empleados públicos de la Administración de Justicia y de los
profesionales que intervienen en ella.
Las
previsiones del Ministerio de Justicia, que en algunos casos no
responden a la situación real, son que el sistema estará listo para
funcionar en todo el ámbito no transferido; también en Aragón,
Asturias, La Rioja y Galicia (donde también se utiliza el sistema
Minerva de gestión procesal) y Andalucía, Madrid y Canarias (con
aplicaciones informáticas propias). En Cantabria y Navarra, a través
de los sistemas Vereda y Avantius se recibirán los escritos que se
imprimirán, por el momento, para su tramitación en papel. En
Cataluña solo se suprimirá el papel dónde esté implantado el
sistema justicia.cat y se prevé su implantación total el 30 de
junio de 2016. De Euskadi el Ministerio reconoció no tener ninguna
información. Valencia, por último, ha reconocido su imposibilidad
de implantar el sistema digital que no podrá estar listo hasta
finales de 2017.
Se
informó igualmente que están también ultimándose los sistemas
mediante los cuales las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
los hospitales y el resto de Administraciones Públicas se
comunicarán de forma telemática con la Administración de Justicia.
Entre tanto, por ejemplo, deberá escanearse en los juzgados de
guardia toda la documentación que se reciba para su gestión
telemática por parte del Ministerio Fiscal.
CCOO
hemos mostrado nuestra firme apuesta por la modernización de la
Administración de Justicia que venimos reivindicando desde hace años
pero hemos reprochado al Ministerio y lo estamos haciendo también,
en su caso, en las Comunidades Autónomas con transferencias los
siguientes aspectos:
-
La falta de información y de participación de los trabajadores y las trabajadoras y de sus representantes sindicales que, en definitiva, serán quienes tengan que poner en práctica este nuevo sistema de trabajo.
-
La mala coordinación con las Administraciones Autonómicas con competencias en materia de justicia que va a provocar, de nuevo, una Administración de Justicia desigual para trabajadores y ciudadanos dependiendo del territorio.
-
También la descoordinación entre la implantación de la NOJ y la implantación de nuevas tecnologías.
-
La contradicción que supone la implantación de medios tecnológicos para la gestión procesal mientras aun persisten multitud de edificios judiciales con instalaciones obsoletas, en algunos casos ruinosas, que no cumplen los mínimos exigibles para la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras ni para la buena y digna atención de la ciudadanía.
-
El olvido absoluto de los Juzgados de Paz, donde no solo las instalaciones, sino también los medios materiales siguen siendo en muchos casos indignos, abandonados en muchísimos casos por el Ministerio de Justicia y las Comunidades con transferencias a la suerte de la buena voluntad de los Ayuntamientos y donde el anuncio de digitalización de la gestión procesal causa hilaridad en quienes trabajan o asisten a estas oficinas judiciales.
-
La coexistencia de dos sistemas de trabajo, uno para los asuntos ya en trámite y otro para los nuevos asuntos con el consiguiente desbarajuste en las tareas diarias y en la atención a la ciudadanía.
-
La imposibilidad en la comunicación entre órganos judiciales de distintas comunidades autónomas en el supuesto de que en alguna de ellas no esté implantado el sistema de gestión digital.
-
La dificultad que supone la digitalización de libros y documentos de mucha extensión o de formato distinto al papel normal.
-
Los múltiples fallos informáticos y la falta de atención rápida para su solución con caídas constantes del sistema en muchos centros de trabajo
-
La necesidad de evaluar la nueva situación laboral derivada de la nueva organización del trabajo que debería conllevar:
-
La mejora sustancial de las condiciones de trabajo, tanto retributivas como en relación con otros derechos, fundamentalmente, la formación y la promoción interna.
-
La revisión al alza de las plantillas.
-
La evaluación de los riesgos psicosociales de salud laboral que pudieran derivarse del nuevo sistema organizativo.
-
La clarificación de las funciones de cada uno de los cuerpos de funcionarios y la extensión de los complementos de productividad que cobran los Secretarios al resto de integrantes de la oficina judicial.
CCOO
ha exigido al Ministerio de Justicia el establecimiento de
mecanismos de participación de los trabajadores y las trabajadoras
a través de sus representantes sindicales estableciéndose sistemas
ágiles y paritarios de evaluación continua en la implantación de
las nuevas tecnologías y hemos manifestado que la implicación y
participación del personal es la única garantía de éxito de esta
necesaria modernización de la Administración de Justicia.
La
Secretaria de Estado ha accedido a esta exigencia de CCOO
anunciando que se establecerán grupos de trabajo paritarios
Administración-Sindicatos donde canalizar las quejas y adoptar
soluciones urgentes a cualquier problema que pudiera plantearse.
CCOO
nos ponemos a disposición de todas y todos los compañeros para
hacer llegar a las administraciones competentes las incidencias que
se planteen en la implantación de estos nuevos sistemas de trabajo
esperando que hagáis llegar de forma urgente a los Delegados y
Delegadas Sindicales de CCOO
de Justicia cualquier problema que se os vaya planteando.
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