CCOO alerta de que el Real Decreto que prepara el Gobierno para regular las pericias extrajudiciales de los Médicos Forenses a solicitud de particulares en las lesiones en accidente de tráfico puede poner en cuestión la imparcialidad e independencia de la Medicina Legal.
El
sindicato denuncia asimismo la intervención directa de la patronal
de seguros (UNESPA) en la elaboración de este Real Decreto y la
falta de previsión de personal para tramitar los expedientes en los
Institutos de Medicina Legal.
La
negociación de este Real Decreto con los representantes sindicales
ha tenido lugar el pasado
viernes, 27 de noviembre, tras las
denuncias de CCOO de que se pretendía aprobar por el gobierno sin
ninguna información y negociación en Mesa Sectorial a pesar de que
su contenido afecta a las condiciones de trabajo de los Médicos
Forenses y del resto de Cuerpos Generales de la Administración de
Justicia que prestan servicios en los Institutos de Medicina Legal
(IML).
No
obstante, la reunión de Mesa Sectorial ha venido a demostrar, una
vez más, el nulo interés del Ministerio de Justicia por negociar
éste Real Decreto ya que, en una sola sesión de menos de hora y
media, la administración dio por finaliza la negociación sin
admitir ninguna modificación y sin comprometer, tan siquiera, de
forma efectiva los recursos personales y materiales necesarios para
aplicarlo.
CCOO
ha rechazado, con propuestas alternativas, el contenido del Real
Decreto, en primer lugar, porque supone una intervención tramposa de
la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Porque si
bien se establece la posibilidad de que los médicos forenses puedan
emitir informe y dictámenes a solicitud de los particulares, en
ningún caso determina que lo deban hacer en procedimientos
extrajudiciales, es decir que la solicitud de particulares no deba
presentarse ante ningún órgano judicial y ése sea quien autorice
la realización de dichos informes. Es por ello que hemos
planteado que los informes forenses se realicen previa autorización
judicial de las solicitudes de particulares.
En
segundo lugar, la aprobación de este Real Decreto, puede poner
seriamente en cuestión la imprescindible imparcialidad e
independencia de actuación de los médicos forenses que venía
reforzada dentro de la actuación judicial.
CCOO
ha denunciado que las entidades aseguradoras, concretamente UNESPA,
la patronal del seguro, ha estado en una posición de dominio a la
hora de preparar la norma y, más allá de eso, como ha reconocido
sin ningún escrúpulo el propio Ministerio de Justicia, que la misma
UNESPA financiará y elaborará la aplicación informática que se
implantará en los IML para la tramitación de estos informes
extrajudiciales.
Por
otro lado, las medidas que pretende aprobar el gobierno responden
según CCOO a criterios puramente recaudatorios y, en esta ocasión,
con peligro de establecer una relación clientelar con las
aseguradoras que son las que pagarán los informes del IML mediante
el llamado “precio público” que, a buen seguro, terminarán
repercutiéndolo, de un modo u otro a sus asegurados.
El
precio público que habrán de abonar inicialmente las aseguradoras
no se establece con carácter estatal (aunque
puede servir de referencia)
y permite que las CCAA con competencias en materia de Justicia que lo
fijen para sus respectivos ámbitos territoriales y sean las que lo
recauden sin fijar, de forma preceptiva y con los debidos controles
para su efectivo cumplimiento, que esa recaudación se destine a la
mejora del funcionamiento de los IML y del resto de a
Administración de Justicia.
Quienes
pagan, es decir, las aseguradoras pueden lograr de hecho dirigir
también el fondo y la forma de los informes periciales que se
soliciten en un procedimiento extrajudicial y así ejercer un control
sobre el contenido y normas generales de valoración de los
lesionados de tráfico en los informes emitidos por los IML.
Los
informes, sin posibilidad de control contradictorio pueden, de hecho,
distorsionar el mercado y el proceso, y que esa distorsión pueda
acaba perjudicando a la víctima.
CCOO
señala que las plantillas actuales de médicos forenses y de los
cuerpos generales de los IML son muy limitadas e, inevitablemente, se
retrasaría la emisión de los informes solicitados por los juzgados
y tribunales, fiscalías y registros civiles.
CCOO
ha denunciado que, en el caso de los Cuerpos Generales, estarían
obligados a tramitar un procedimiento administrativo que incluye,
notificaciones y citaciones a perjudicados, pero también la
responsabilidad de liquidación y pago del precio público. Estas
nuevas funciones y tareas resultan absolutamente inasumibles con la
plantilla actual para la que, además, ni siquiera se ha previsto su
formación. El Ministerio de Justicia, una vez más, únicamente
compromete, sin ninguna concreción, formación online
y, en relación con las plantillas, retrasaría la posibilidad de
incrementarlas a valorar el volumen de periciales que se soliciten.
El
proyecto de Real Decreto, no prioriza la realización de informes o
dictámenes que dimanan de las actuaciones judiciales, por lo que,
tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita los
plazos para la instrucción de las causas, se podrían archivar
muchas de ellas sin que quedara satisfecha la reclamación de tutela
judicial.
CCOO
ha planteado que, en todo caso, debe negociarse las retribuciones de
los médicos forenses y del resto de Cuerpos Especiales y de los
Cuerpos Generales a la vista de las nuevas responsabilidades que se
derivan de éste Real Decreto.
CCOO
también denuncia que no todas las CCAA (como es el caso de la
Comunidad de Madrid donde precisamente tiene lugar un altísimo
porcentaje del total nacional de accidente de tráfico con resultado
de lesiones) han puesto en funcionamiento los IML y ha exigido que,
de no modificarse esta norma con las propuestas que hemos planteado,
debe retrasarse su entrada en vigor hasta que todas las CCAA disponga
del IML ya que, de lo contrario se producirá una discriminación
hacia las víctimas dependiendo de su lugar de residencia o del lugar
en que ocurra el accidente. Además, CCOO ha denunciado que, en el
caso de la Comunidad de Madrid, podrían producirse un caos sin
precedentes, además de actuaciones arbitrarias y discrecionales por
la Administración autonómica madrileña (abundando en las que,
lamentablemente, acostumbra) si se permite la aplicación de la norma
sin la puesta en funcionamiento del IML.
Para
CCOO, el Real Decreto podría, por último, vulnerar el régimen de
incompatibilidades de los médicos forenses y del resto del personal
de la administración de Justicia y podrían plantearse multitud de
cuestiones de abstención o recusación que dificulten la instrucción
judicial.
El
Ministerio de Justicia, ha dado por finalizada la negociación con
los sindicatos rechazando los planteamientos de CCOO y sin
comprometer, más allá de ambigüedades, ningún recurso económico
para incrementar el personal de los IML, de los Cuerpos Generales,
Médicos forenses y resto de Cuerpos Especiales o las retribuciones
ni ninguna otra mejora de las condiciones de trabajo de dichos
Cuerpos.
Entendemos
que lo dispuesto en el RD de realización de pericias a solicitud de
particulares por los Institutos de Medicina Legal en procedimientos
extrajudiciales, es un claro paso atrás del que, salvo para las
entidades aseguradoras, apenas de obtendrá beneficio alguno. Incide
en la línea privatizadora de los servicios públicos que tanto
agrada al actual partido del gobierno, sin que ello comporte una
mejora ni para los IML, ni para los médicos forenses o el resto de
personal allí destino ni, mucho nos tememos, para las víctimas de
lesiones en accidente de tráfico que podrían quedar a los pies de
los caballos de los intereses de las compañías de seguros.
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