Según denuncia CCOO, el texto aprobado del Estatuto Básico del Empleado Público ha incumplido, entre otros, los trámites obligatorios de solicitar informes al Consejo Económico y social y a las organizaciones sindicales.
La
vicepresidenta del Gobierno acaba de anunciar, tras la reunión del
Consejo de Ministros, la aprobación por el Gobierno del real decreto
legislativo por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP). Dicha aprobación se hace en
virtud de la autorización que, a tal fin, confería al Gobierno la
Ley 20/2014 de 29 de octubre, autorización que finalizaba en el día
de mañana.
Para
la aprobación del citado texto no ha habido ningún tipo de
proceso
de información. Ni ha habido información pública del mismo (basta
comprobar que en el Portal de Transparencia del Gobierno no hay
ninguna referencia), ni se ha abordado proceso alguno de información
con las organizaciones sindicales del ámbito del empleo público.
Tan solo fuimos citados a una reunión el pasado lunes en la que se
nos informó de “su posible aprobación”, pero sin darnos
documentación ni detalles sobre su contenido.
El
texto tampoco ha sido sometido al proceso de información que
establece la Ley del Gobierno, ni ha sido informado con carácter
preceptivo por el Consejo Económico y Social como establece de
manera taxativa su ley de creación. Esto es, ha sido aprobado
vulnerando la propia normativa que establece pautas concretas previas
a su elaboración. Y ha sido aprobado, además, cuando las Cámaras
están disueltas, dificultando con ello la capacidad de control que
la Constitución establece para las mismas sobre la capacidad
legislativa y reglamentaria del gobierno.
No
nos podemos pronunciar sobre su contenido porque lo desconocemos por
completo, pero a la espera de conocer el mismo, anticipamos que vamos
a estudiar detenidamente el texto ante el riesgo de que el Gobierno,
como ha ocurrido en ocasiones anteriores o como ocurría en alguno de
los proyectos de texto refundido recientes, sobrepase su capacidad
normativa que no puede alterar en nada el marco legislativo en
vigor.
Desde
CCOO, como primer sindicato en el ámbito del sector público,
denunciamos una vez más la nula capacidad de negociación que ha
demostrado este Gobierno para con las empleadas y empleados públicos.
Según Antonio Cabrera, coordinador del Área Pública de CCOO, “se
ha obviado toda la participación de las organizaciones legitimadas
con representación en el ámbito de la Mesa General de negociación
de las AA.PP. Ni siquiera se informa, como en esta ocasión, sobre
una ley que afecta al conjunto del personal público. Esta
vulneración no puede quedar impune y, para ello, estudiaremos al
detalle esta norma y adoptaremos las medidas legales consecuentes”.
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Comisiones
Obreras es el sindicato mayoritario en la Función Pública, al
contar con el apoyo de un 37,23% de las empleadas y empleados
públicos, y tener cinco representantes en la Mesa general de
negociación de las Administraciones Públicas, frente al 36,18% de
UGT (cinco representantes), 20,44% de CSI-CSIF (tres representantes),
2,54% de CIG (un representante) y 3,61% de ELA (un representante).
Fuente:
BOE nº 274, 14 de noviembre de 2012: Resolución 14016 del
Ministerio de Hacienda y AA.PP., anexo 2.1
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