CCOO reclama a los partidos políticos un compromiso claro contra las privatizaciones en la Administración de Justicia
CCOO
de Justicia propone a los partidos políticos medidas urgentes para
atajar el deficiente funcionamiento de los juzgados
CCOO
apuesta por una Administración de Justicia entendida como un
servicio público, universal, gratuito, cercano a la ciudadanía y
atendido en exclusividad por empleadas y empleados públicos.
CCOO
EXIGE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
GENERALES, UN COMPROMISO CLARO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS
REGISTROS CIVILES, DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN Y DE
CUALQUIER OTRO SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Madrid,
10 de Noviembre de 2015
Los
poderes públicos están obligados a dotar
de recursos humanos y medios materiales suficientes (medios
personales, infraestructuras, edificios judiciales, medios
tecnológicos, etc.) a la Administración de Justicia
de forma que los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y otros servicios
puedan desempeñar sus funciones constitucionales con imparcialidad y
celeridad.
En
CCOO
compartimos con la inmensa mayoría de la opinión pública que los
órganos jurisdiccionales de nuestro país no atienden con la calidad
ni con la eficacia suficientes las demandas ciudadanas y
manifestamos
que es
solo el esfuerzo personal de los trabajadores y la trabajadoras de la
Administración de Justicia lo que está permitiendo un mínimo
funcionamiento de este servicio público
abandonado a su suerte históricamente por los sucesivos gobiernos.
Por
último, creemos que todos los partidos políticos deben asumir un
serio compromiso de despolitizar
el Poder Judicial y sus órganos de gobierno,
de tal forma que se garantice la imparcialidad de los Juzgados,
Tribunales y Fiscalías, especialmente en el control judicial de los
otros poderes e instituciones del Estado. Es imprescindible, por
tanto:
-
Una reforma del sistema para los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.
-
La eliminación de todos los cargos de libre designación en la Administración de Justicia siendo los criterios objetivos de antigüedad y los méritos profesionales los únicos que han de tenerse en cuenta para la provisión de puestos de trabajo mediante concursos públicos.
Con
estos criterios, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO
a iniciativa del Sector de Justicia ha planteado a todos los partidos
políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de
Diciembre:
1.-
Una oposición
frontal a cualquier tipo de privatización
y la recuperación para el ámbito público de aquellos servicios que
hayan sido privatizados, en concreto:
-
El mantenimiento de los Registros Civiles públicos, gratuitos, cercanos a la ciudadanía y atendidos por personal de la Administración de Justicia, abandonándose definitivamente el proyecto de su asignación a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
-
La derogación de todas las disposiciones vigentes que han venido asignando a los Notarios y Registradores de la Propiedad determinadas actuaciones del Registro Civil, como los expedientes de nacionalidad y de matrimonio civil.
-
La asignación en exclusiva de los actos de comunicación y ejecución a las funcionarias y funcionarios públicos de la Administración de Justicia, impidiéndose su práctica a los Procuradores de los Tribunales que, por un lado, actúan en estos casos como juez y parte y, por otra parte, discriminan a las personas que carecen de medios para poder contratar a estos profesionales privados.
-
La prestación de los servicios de atención a las víctimas de delitos y de los equipos psico-sociales, que asesoran a los juzgados de familia y de menores, por empleadas y empleados públicos.
2.-
Un
aumento significativo del número de Juzgados y Tribunales, de
Jueces, Fiscales y demás personal funcionario de los cuerpos
generales y especiales de la Administración de Justicia y personal
laboral que
nos acerque a la media de los países más avanzados de nuestro
entorno y que pueda garantizar la eficacia, calidad y celeridad de la
Administración de Justicia.
En
este sentido, deben convocarse ofertas de empleo público que
incluyan el 100 % de las plazas vacantes con el objeto de alcanzar el
objetivo de garantizar la estabilidad en el empleo, porque no pueden
permitirse cifras escandalosas que alcanzan el 30% de personal
eventual, en condiciones precarias, en puestos de trabajo y servicios
que son permanentes y estructurales.
3.-
Debe
mantenerse la estructura actual de la planta judicial basada en la
existencia de partidos judiciales
que garantizan un servicio público de la Administración de Justicia
cercano a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más
vulnerables como las mujeres víctimas de la violencia machista.
4.-
La gratuidad total de todos los servicios de la Administración de
Justicia que serán sufragados con dinero público, eliminándose
de forma definitiva las tasas judiciales, el cobro de aranceles y las
costas, como mínimo en los procedimientos en materia de personal en
defensa de sus derechos por los trabajadores/as públicos.
Junto
a estas medidas específicas de la Administración de Justicia, CCOO
ha propuesto también a todos los partidos políticos el abandono de
las políticas de recortes y la reposición de todos y cada uno de
los derechos en materia de servicios y empleo públicos, ya que para
CCOO
sigue siendo irrenunciable:
-
La recuperación de la totalidad de las retribuciones recortadas desde 2010.
-
La recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
-
La recuperación del 100% de las retribuciones en caso de Incapacidad Temporal.
-
La descongelación total de las Ofertas de Empleo Público.
-
La recuperación de las partidas presupuestarias destinadas a acción social, formación profesional y productividad.
-
La recuperación total de los días de permiso.
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