Las pensiones subirán
un 0,25% en 2016. La gran mayoría de ellas pierden un 1,10% de poder
adquisitivo en la crisis
Revalorización
de pensiones: Si no cambian las cosas, lo
peor está por venir
El
efecto coyuntural de inflación negativa no consigue, ni tan
siquiera, corregir los efectos de la congelación de pensiones de
2011 y 2012.
Ayer
se anunció la subida de pensiones para 2016 en un 0,25%. Dato
conocido desde la reforma de pensiones que, como consecuencia de las
condiciones impuestas a España por el rescate internacional de
nuestro sector financiero y, con ello, de nuestra economía, aprobó
el Gobierno y entró en vigor el 27 de diciembre de 2013.
Aquella
reforma, que viene aplicándose desde entonces, se alcanzó sin
acuerdo parlamentario ni con los interlocutores sociales. Se apartó
de los consensos alcanzados en
esta materia desde 1995 como
consecuencia del Pacto de Toledo en materia de pensiones y supone, de
hecho, que esa revalorización de pensiones del 0,25% anual, se
mantendrá durante muchos años.
Hay
que recordar que, antes de la misma se había suspendido la
aplicación de la normativa vigente, que desde 1996 preveía la
revalorización de las pensiones con el IPC, en dos ocasiones durante
la crisis. La primera, la congelación aprobada por el gobierno
socialista en 2011 (que supuso una pérdida de poder adquisitivo de
un 2,9% para la mayoría de pensiones); la segunda, la no
regularización a final de año de la subida de pensiones aprobada
por el Gobierno del Partido Popular en 2012 (que supuso una pérdida
de poder adquisitivo de 1,9% también para la mayor parte de
pensionistas). (*)
Con
ello, el balance de la revalorización de pensiones durante la
crisis, es de pérdida de poder adquisitivo para 3 de cada 4
pensionistas (-1,10%), lo que se compadece mal con el triunfalismo
del Gobierno, que ha intentado e intenta aprovechar la débil
situación de nuestra economía acompañada de un período de tasas
negativas de inflación, para presentar como ganancia de poder
adquisitivo, lo que es un efecto coyuntural, recogido acríticamente
en demasiadas ocasiones en la información publicada.
Pero
el problema fundamental es que este no es el mayor problema. Lo peor
está por venir.
En
el momento en que la situación económica se normalice y el dato de
inflación se sitúe en los objetivos establecidos por las
instituciones europeas (2%), la fórmula de revalorización de
pensiones, tal y como está diseñada, sin previsión alguna de
incremento de ingresos de la Seguridad Social, supondrá una pérdida
anual de poder adquisitivo importante y sostenida en el tiempo (1,75%
anual, con un impacto acumulado mucho mayor a lo largo del periodo
medio de permanencia como pensionista). Si España volviese a
situarse, según nuestra experiencia histórica, en tasas de
inflación superiores, el ajuste sería mayor.
Por
ello, una mínima perspectiva exige abordar el anuncio del Gobierno
en lo que supone de quiebra del principio de contributividad de
nuestras pensiones que, una vez causadas, no tienen garantizado su
poder adquisitivo, más bien lo contrario.
Por
ello, la actual
coyuntura de constitución de nuevas mayorías de gobierno,
debe incluir entre los objetivos de la nueva legislatura,
recuperar el consenso en torno al Pacto de Toledo y corregir la
actual situación abordando nuevas fórmulas de revalorización de
pensiones que
permitan mantener su poder adquisitivo a lo largo de la vida del
pensionista como tal, al tiempo que se abordan reformas
estructurales del sistema de pensiones para garantizar los ingresos
necesarios para mantener el compromiso de solidaridad
intergeneracional
que está en la base de nuestro sistema de Seguridad Social.
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