EL GOBIERNO Y SU MINISTRO GALLARDÓN GOLPEAN DE NUEVO AL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
EL PASADO VIERNES EL CONSEJO DE
MINISTROS APROBÓ EL PROYECTO DE LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA QUE
DESJUDICIALIZA CIENTOS DE PROCEDIMIENTOS CUYA TRAMITACIÓN ATRIBUYE A NOTARIOS Y
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES LO QUE SIGNIFICA, COMO CCOO VIENE DENUNCIANDO HACE MESES, UN
PASO MÁS PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Sólo con la movilización masiva conseguiremos parar
las reformas de Gallardón, por eso llamamos a los trabajadores y trabajadoras a
secundar las movilizaciones convocadas por CCOO, entre otras, la concentración que tendrá lugar en septiembre, el día de
la apertura del año judicial, y la huelga convocada para el día 8 de
octubre en la Administración de
Justicia.
Madrid, 4 de agosto de 2014
Gallardón continúa reformando
leyes para desjudicializar procedimientos y otorgar a profesionales privados la
capacidad para realizar actos y tramitar procedimientos que hasta ahora se
realizaban de manera exclusiva por el personal que presta servicios en la
Administración de Justicia, reformas encaminadas a obstaculizar a la ciudadanía
el acceso a la justicia y a eliminar puestos de trabajo.
El proyecto de Ley de Jurisdicción
Voluntaria, aprobado en el consejo de ministros del pasado viernes, atribuye a
los Notarios y a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, previa
regulación de los aranceles de derechos correspondientes a su intervención,
el conocimiento para tramitar procedimientos que hasta ahora eran competencia
exclusiva de la Administración de Justicia.
Ya el pasado mes de junio el
Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto en el que se establecía que la
acreditación de la condición de sefardita se hará por medio de los Notarios, la
tramitación se hará a través de una plataforma electrónica, y habrá que pagar
una tasa de 75 €. En el consejo de ministros del 4 de julio, mediante una Disposición
Adicional vigésima introducida en el RDL 8/2014, se atribuye la llevanza del
Registro Civil a los Registradores de l
a Propiedad y Mercantiles y ahora, el consejo se ministros, vuelve a favorecer a
estos profesionales privados en detrimento de un servicio público fundamental como
es la Administración de Justicia.
Los Notarios tramitarán la mayoría
de expedientes relativos a declaraciones de herederos, las subastas voluntarias
e incluso tendrá competencia para conocer de reclamaciones de deudas
dinerarias. Además podrán tramitar el expediente previo al matrimonio civil –en
su caso se denominará acta- y celebrar el enlace matrimonial-, y tendrán
potestad para acordar la separación o divorcio de mutuo acuerdo cuando no haya
hijos menores o personas con discapacidad.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, entre
otros, tendrá competencia para el conocimiento de las reclamaciones en aquellos
casos en los que las sociedades mercantiles no convoquen la junta
general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, y la
reclamación para constituir el sindicato de obligacionistas y designar un
comisario en el caso de las sociedades anónimas y personas jurídicas que emitan
obligaciones de cualquier clase no lo hubieran constituido.
Para CCOO este real decreto supone otra privatización
en toda regla de un servicio público.
El Gobierto y su
ministro Gallardón, continúan con sus
políticas encaminadas a privatizar los
servicios públicos y destruir el estado del bienestar, gobernando a golpe de real decreto,
cumpliendo con los mandatos de la troika para reducir el déficit público.
La Administración de
justicia no escapa a este afán privatizador, empezaron con la imposición de las
tasas judiciales, obstaculizando así a
la ciudadanía el acceso a la justicia para impedir que lleguen a los juzgados y
tribunales las demandas; luego siguieron las reformas de varias leyes con el
fin de desjudicializar procedimientos cuyo conocimiento atribuyen a profesionales
privados; continuaron con la
privatización del Registro Civil y de actuaciones que hasta ahora realizaban en
exclusiva funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia, como
por ejemplo los actos de comunicación; y todo
ello para poder llevar a cabo su
verdadero objetivo, desmantelar el servicio público
de la Administración de Justicia lo que conllevará el cierre de
cientos de juzgados, la movilidad geográfica y funcional, la amortización de
plazas, la desaparición de miles de puestos de trabajo, que a su vez supondrá
menos posibilidades para la movilidad voluntaria en los concursos de traslado y
prácticamente la desaparición de la oferta de empleo público para la
Administración de Justicia.
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