EL GOBIERNO VUELVE A DEMOSTRAR QUE LAS RESTRICCIONES
PRESUPUETARIAS NO EXISTEN CUANDO SE TRATA DE FAVORECER DETERMINADOS INTERESES
PARTICULARES.
▀ CCOO CONSIDERA
INDECENTE QUE GALLARDÓN CONTRATE UNA EMPRESA PRIVADA PARA REALIZAR UN
INVENTARIO DE ASUNTOS DE TODOS LOS REGISTROS DE ESPAÑA.
▀ CCOO DENUNCIA QUE
EL MINISTRO UTILIZA, REITERADAMENTE, LOS REGISTROS CIVILES, COMO UN INSTRUMENTO
PARA EL LUCRO PRIVADO Y QUE, ÉSTE INVENTARIO OBEDECE A SU INTENCIÓN DE
CONTINUAR EL PROCESO PRIVATIZADOR Y A UNA EXIGENCIA DE LOS COLECTIVOS A
QUIENES, AHORA, PRETENDE ENTREGAR LOS REGISTROS CIVILES.
CCOO ha tenido conocimiento de que los secretarios
judiciales de toda España están recibiendo una encuesta del Ministerio de
Justicia —concretamente de
la Dirección General de los Registros y del Notariado— en
donde se les pide, en el corto plazo de
cinco días, un inventario detallado de los registros civiles: número de
tomos, grosor medio de los tomos, espacio que ocupan, cantidad de inscripciones
que se realizan mensualmente e incluso datos de los propios edificios en donde
se ubican los mismos. Pero es que CCOO, también ha conocido que Gallardón ha contratado la realización de ese
inventario con una empresa privada,
en éste caso, con El Corte Inglés.
CCOO se ha dirigido de inmediato al subsecretario de
Justicia exigiendo explicaciones por esta inaceptable
decisión de contratar a una empresa privada para realizar este inventario de
los libros de los Registros Civiles y que los trabajadores allí destinados sean
los que se responsabilicen de facilitar los datos recogidos a dicha empresa,
porque ni siquiera han tenido la decencia de haberla comunicada previamente a
los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes.
Lo inaudito y lo intolerable es que el Ministerio de Justicia mantiene
que para la realización de estas actuaciones no existe ninguna obligación de
comunicarlas, ya que el empleador (en este caso, el Ministerio de Justicia)
goza de plena autonomía para tomarlas.
▀ CCOO considera intolerable que el ministro de Justicia (que en éste asunto a buen
seguro tiene el apoyo del presidente del Gobierno), utilice sin ningún pudor los Presupuestos Generales del
Estado para
satisfacer los intereses puramente lucrativos de colectivos de élite muy
minoritarios, mientras que, por el contrario, viene siendo descarnadamente
intransigente en el desmantelamiento de los servicios públicos, de las
prestaciones sociales; de los derechos laborales; del empleo público. En
definitiva, intransigentemente decidido a eliminar la condición de ciudadanos
con derechos o la de trabajadores con empleo digno.
▀ CCOO denuncia que la decisión de llevar a cabo ese inventario de todos los
Registros Civiles de España responde a las intenciones privatizadores del
Registro Civil que Gallardón nunca ha descartado y, en concreto, a una
exigencia de los colectivos con los que, sabemos, el ministro mantiene
negociaciones para entregarles las competencias de los Registros Civiles (ahora los Registradores
Mercantiles y los Notarios). El ministro de Justicia está facilitándoles los datos que necesitan para poner sus condiciones
en la negociación y lo está haciendo a costa del dinero de los contribuyentes y
utilizando a los trabajadores a los que se pretende hurtar sus puestos de
trabajo.
▀ Además, es del todo punto inadmisible que el
Gobierno Rajoy y el ministro de Justicia oculten a la ciudadanía sus
decisiones, que pretendan disfrazarlas o disimular sus objetivos (como es el caso de la
reforma de la LOPJ
que todos los trabajadores de la Administración de Justicia debemos rechazar con
la movilización), hasta que, prácticamente sean
ejecutivas. Y, con esta nueva información (descubierta, pero no
facilitada por el Ministerio como tiene por costumbre), se demuestra que el Gobierno se ha cuidado de que no
transcendiera hasta pasado el proceso electoral de las elecciones europeas
celebradas el pasado domingo, día 25 de mayo
CCOO viene
denunciando que la privatización del Registro Civil supondrá la pérdida de más
de 5.000 puestos de trabajo y el desmantelamiento de un servicio público que
todos los españoles debemos utilizar porque, sus trámites, son obligatorios
para acceder a derechos ciudadanos, a prestaciones sociales u otros servicios
públicos. Por la defensa de éste
servicio público y prestado por personal al servicio de la Administración de
Justicia; por la defensa de los miles de puestos de trabajo en riesgo y de los
derechos laborales que, inevitablemente, resultarán recortados de llevarse a
cabo el proceso de privatización, CCOO ya
ha advertido al ministro de Justicia que se topará con la movilización más
contundente, incluso la huelga en la Administración de Justicia, si decide,
finalmente, privatizar los Registros Civiles.
Y, según la información de que disponemos y estas actuaciones lo
avalan, el ministro de Justicia mantiene la entrega de los Registros Civiles
ahora a los registradores mercantiles, por lo que si no lo impedimos, lo hará
efectivo en un próximo consejo de ministros, no necesariamente en el de esta
semana. COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: IMPIDÁMOSLO
¡¡PAREMOS LAS REFORMAS DE
GALLARDÓN!!
¡¡ NO A LA
PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!
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