EL MINISTERIO DE JUSTICIA
TAMBIÉN PRIVATIZA LA TRAMITACIÓN DE LA NACIONALIDAD
CON
LA REFORMA DEL REGISTRO CIVIL, NACIONALIZARSE ESPAÑOL COSTARA UN OJO DE LA
CARA
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Los medios
de comunicación se van haciendo eco de las reformas previstas en el Anteproyecto
de Ley de Reforma Integral de los Registros, en virtud del cual se pretende
la privatización del Registro Civil que sería asumido, si entre todos no
conseguimos pararlo, por los Registradores de la Propiedad, que convertirán un
servicio público esencial en su negocio privado. Anteproyecto que, tal y como
afirma el propio Presidente del Colegio de Registradores, han estado negociando
durante tres meses dicho Colegio con el de Notarios, lo que demuestra una vez
más que el Anteproyecto únicamente busca favorecer a dicho colectivo, al
que pertenece el Sr. Presidente del Gobierno y parte de su familia y la de
Gallardón, y que en España la iniciativa legislativa ya no está en las
Cortes Generales o en el Gobierno, sino en un grupo de presión privilegiado, lo
que convierte el Anteproyecto en antidemocrático y antisistema.
Esta
semana ha tocado el turno a la tramitación de la nacionalidad. Junto al
anuncio de que los extranjeros que quieran nacionalizarse españoles tendrán que
aprobar un examen, que al parecer se convocará dos o tres veces al año, para
acreditar su grado de conocimiento de cultura, historia e idioma español al
igual que se hace en otros países, de tapadillo se anuncia que en el mismo
borrador se recoge también un nuevo procedimiento de concesión de la
nacionalidad española por razón de residencia con intervención del notario,
un procedimiento que incluye "cambios profundos" a la vista de
las "disfunciones" causadas por la anterior regulación y que
llevó a "retrasos incompatibles con el normal funcionamiento de los
servicios públicos", según consta en la exposición de motivos. De este
modo, la acreditación de los requisitos para la obtención de la nacionalidad se
hará mediante un acta notarial, en la que el notario dará fe de haberse presentado
correctamente todos los documentos y acreditados los requisitos. La
nacionalidad española se concederá por el Ministerio de Justicia, previo
expediente tramitado por la Oficina del Registro Civil competente, a cargo de
un registrador de la propiedad.
Vayamos
por partes: las disfunciones del actual sistema y el retraso incompatible
con el normal funcionamiento de los servicios públicos son culpa principalmente
del Ministerio de Justicia y además de las Comunidades autónomas con
competencias en materia de Administración de Justicia. En el anteproyecto
parece como si la actual situación de la tramitación de los expedientes de
nacionalidad no tuviera nada que ver con el Ministerio de Justicia, cuando es
al contrario. Los datos: en el año 2002 había en España 1.977.000 ciudadanos
extranjeros, y en el año 2012 5.711.000, aumento de población extranjera que
supone un incremento significativo de la carga de trabajo en cuestiones como expedientes
de nacionalidad, expedientes de matrimonio e inscripciones de nacimiento
principalmente; durante estos años las plantillas de los Registros civiles
principales apenas se han aumentado, mientras que su trabajo prácticamente se
ha duplicado. En el año 2013 seguimos sin un programa de gestión
procesal
para la tramitación de los expedientes de Registro Civil, común
para toda España, por lo que cada registro sigue tirando de los formularios
hechos por ellos mismos, o por las adaptaciones de los sistemas de gestión
procesal al registro civil que han hecho algunas comunidades autónomas. En
alguna ciudad como Zaragoza, para evitar las largas colas de extranjeros
pidiendo una cita previa para tramitar su expediente de nacionalidad, se ha
implementado por la administración un sistema de cita previa electrónica que
pervierte todavía más el sistema, al ser limitado el número de citas que
ofrece y sólo estar operativo unos pocos minutos a la semana por lo que la
obtención de dicha cita previa se convierte en un negocio para quienes las
acaparan, además de la imposibilidad material para muchos extranjeros de
conseguir una cita para tramitar su expediente de nacionalidad. El Ministerio
de Justicia es quien tiene que resolver los expedientes de nacionalidad, y allí
es donde año tras año se han ido atascando los expedientes de nacionalidad,
hasta que en el primer semestre del año 2012 y sin causa justificada alguna
el Ministerio de Justicia resolvió un 65 % de expedientes menos que en el
semestre anterior, lo que dio pie a que su máximo responsable, el Sr.
Director General de los Registros y del Notariado, a la sazón también
Registrador de la Propiedad, propusiese a su colectivo para desatascar el
trabajo del Ministerio, y de paso lanzar su propuesta de quedarse con todo el
Registro Civil.
El Ministerio de Justicia, culpable y máximo
responsable de este desaguisado, ofrece como solución a este problema la
privatización del expediente de nacionalidad y que sean los Notarios quienes lo
realicen, repartiendo el pastel de la nacionalidad entre Registradores y
Notarios y pasando de la tramitación gratuita de los expedientes de
nacionalidad al pago por realizar muchos de sus trámites. Dirán los del Ministerio
que esto no es una privatización, porque los Notarios tienen la condición
de funcionarios públicos (como los
Registradores de la Propiedad), aunque nadie vea como funcionarios públicos a
quienes hacen de una función pública su negocio particular.
¿Cómo prevé el Anteproyecto
negociado por los Registradores con los Notarios que se tramite el expediente
de nacionalidad? El proceso se iniciaría con un modelo normalizado disponible en la
Sede Electrónica de los Registradores de la Propiedad (posible pago). La
acreditación de los requisitos exigidos para la obtención de la nacionalidad
española y la presentación de los documentos exigidos, entre ellos la
superación del examen antes mencionado, se hará mediante un acta notarial (pago
seguro al Notario por esta tramitación ). Dicha
acta, una vez finalizada su tramitación, se remitirá telemáticamente a la
Oficina del Registro competente, que completará la instrucción del
procedimiento (posible pago) solicitando
preceptivamente informes de los órganos correspondientes del Ministerio del
Interior y del Ministerio de la Presidencia; una vez completado el expediente,
el Registrador de la Propiedad encargado del Registro Civil emitirá, en el
plazo máximo de quince días, informe fundamentado proponiendo la concesión o
denegación de la nacionalidad española por residencia. Dicho informe se
elevará, junto con el expediente, al Ministerio de Justicia, a través de la
Dirección General de los Registros y del Notariado. A la vista de dicho
informe, la Dirección General de los Registros y del Notariado elaborará la
correspondiente propuesta de concesión o denegación de la nacionalidad española
para su elevación al Ministro de Justicia, quien resolverá, lo que se
comunicará al Registrador de la Propiedad que tramitó el expediente, para su
notificación al interesado (posible pago).
Si la resolución es positiva, habrá que
levantar acta de juramento (por el Registrador
de la propiedad del domicilio del solicitante, a pagar) e inscribir el
nacimiento de la persona, si no nació en España, y en todo caso la adquisición
de la nacionalidad española (a pagar otra vez)
Si la adquisición es por opción de nacionalidad, la
declaración se hará ante notario (a pagar) el cual remitirá el acta al Registro que resulte competente para su calificación e
inscripción de nacimiento y adquisición de nacionalidad (a pagar de nuevo).
En resumen: el
Ministerio de Justicia pretende arreglar las disfunciones provocadas por el
mismo en las tramitaciones y resoluciones de los expedientes de nacionalidad
privatizando su tramitación, aumentando los trámites para su concesión y obligando
a los ciudadanos extranjeros al pago por muchos de estos trámites. De esta forma transforma “los retrasos incompatibles con el normal funcionamiento de los
servicios públicos”, hasta ahora gratuito, en “los pagos y burocracia incompatibles con el normal ejercicio
del derecho fundamental de acceso a una nacionalidad”. Muchos extranjeros no
podrán pagar al Notario y al Registrador correspondiente, y por tanto no podrán
ser españoles, pese a cumplir todos los requisitos. Sr. Ruiz Gallardón: el
bombero torero lo haría mejor que usted.
Madrid 1 de abril de 2013
¡¡¡DETENGAMOS LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL!!!
¡¡¡POR UN SERVICIO PUBLICO DE REGISTRO CIVIL, SERVIDO POR PERSONAL
FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!!
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