ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
MINISTRO DE JUSTICIA
Madrid a 26 de
septiembre de 2013
En estos últimos días, llueven informaciones en los medios
de comunicación sobre las declaraciones del Presidente del Gobierno, en las
que, entre otras manifestaciones, asegura que no se suprimirán a los empleados
públicos la paga extra de diciembre de 2013 ni las pagas extras en 2014 y que
España ya ha salido de la recesión por lo que el Gobierno no aplicará nuevos
recortes en los próximos meses.
Asimismo, el ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, ha señalado públicamente que este año se congelarán de nuevo los
salarios de los empleados públicos y que se analiza en el Gobierno la
posibilidad (que solo podemos calificar con ironía como muy generosa) de devolver uno de los días de asuntos propios
eliminados por el RD 20/2012.
Declaraciones como las de ambos miembros del Gobierno nos
parecen, por expresarlas en términos suaves, un insulto al personal de todas
las AAPP.
Porque, como conoce perfectamente, este Gobierno, al que
pertenece, ha procedido desde su toma de posesión, desde diciembre de 2011, a la
eliminación de multitud de derechos laborales a los empleados públicos en su
conjunto, tomando medidas profundamente injustas como, entre otras:
- La supresión de la
OEP para los años 2012 y siguientes (con el establecimiento de una tasa de
reposición 0% y del 10% en algunos sectores, algo absolutamente insostenible), y
en la Administración de Justicia, de forma sorprendente, se retiró en la
reunión del Consejo de Ministros el compromiso adquirido por el Ministerio de
Justicia de convocar en el conjunto de España más de 1.164 plazas para los
cuerpos generales.
-Las amortizaciones de
miles de puestos de trabajo en muchas de las Administraciones competencia del
Gobierno de la nación (ambas medidas solo han servido para castigar al empleo,
atacar los derechos del personal interino y propiciar mayor número de
desempleados),
-Eliminación de la
paga extra de diciembre de 2012,
-La supresión de días
de asuntos propios y los adicionales a estos últimos y a los días de vacaciones,
-Implantación de una
reforma laboral, que se ha demostrado catastrófica para el empleo y los
derechos, para el conjunto de los trabajadores y en particular para el personal
laboral que presta servicios en las AAPP
-Establecimiento de
sanciones económicas para el personal funcionario y laboral de las
Administraciones Públicas solo por el hecho de encontrarse enfermos, lo que constituye
una agresión sin precedentes al derecho a la salud de los trabajadores y de las
trabajadoras, algo impensable en un Estado social, que, permítanoslo, nos
parece una tropelía injustificable.
En el ámbito de la Administración de Justicia, además, se ha
procedido por el Gobierno a eliminar aún más derechos, como la supresión de
tres días más de asuntos particulares respecto al resto de los compañeros y
compañeras de las otras Administraciones Públicas, no sabemos con que
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