Sindicatos
y consumidores auguran "colapsos" inminentes en los
juzgados de cláusulas suelo
Denuncian
que el plan del Gobierno para concentrar las causas sobre hipotecas
en un único juzgado por provincia carece de medios personales El
CGPJ sostiene que es "apresurado" hacer este tipo de
valoraciones porque hace sólo un mes que se puso en marcha
Elena
Herrera Publicada
02/07/2017 a las 06:00
El
plan de "urgencia" acordado por el Ministerio de Justicia y
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el máximo órgano de
poder de los jueces– para reforzar el sistema judicial ante el
previsible aumento de demandas por el dinero cobrado de más por los
bancos por las cláusulas suelo, que este sábado cumplió un mes
desde su
entrada en vigor, no está sirviendo para el objetivo principal por el que fue ideado: agilizar las reclamaciones de los clientes insatisfechos con la vía extrajudicial.
entrada en vigor, no está sirviendo para el objetivo principal por el que fue ideado: agilizar las reclamaciones de los clientes insatisfechos con la vía extrajudicial.
Así
lo aseguran sindicatos y representantes de consumidores consultados
por infoLibre,
que coinciden en que la carencia de medios está provocando que la
mayoría de expedientes estén todavía sin incoar, por lo que ya se
ha empezado a acumular un retraso que augura "colapsos"
inminentes. Un portavoz del CGPJ, sin embargo, sostiene que es
"apresurado" hacer este tipo de valoraciones y asegura que
los 15 juzgados que ya empezaron a operar desde el 1 de junio sí
cuentan con los jueces "comprometidos". Pero los sindicatos
se quejan de que el resto de funcionarios
extra
–gestores, tramitadores y auxilio judicial– o no se están
incorporando o lo están haciendo a cuentagotas.
La
pieza clave de ese plan es que un único juzgado "especializado"
con sede en cada una de las capitales de provincia examine todas las
causas relacionadas cuestiones hipotecarias y otros productos
bancarios que tengan lugar en esa provincia. Es decir, no sólo
cláusulas suelo, sino también vencimientos anticipados, intereses
moratorios, gastos de formalización de hipoteca, hipotecas
multidivisa...
Consecuencias
advertidas
Esta
cuestión ya había generado las críticas de los jueces decanos, que
en un comunicado advirtieron de las consecuencias de derivar a un
único juzgado "los mismos centenares de demandas" que
antes se repartían por toda la provincia.
Hay
que tener en cuenta, además, que estos juzgados son exclusivos pero
no excluyentes, por lo que siguen participando en el reparto habitual
de asuntos de los juzgados de primera instancia. Sólo en la primera
semana de funcionamiento de estos juzgados se presentaron 1.986
demandas a través del sistema online de gestión procesal LexNET en
13 autonomías, según el CGPJ, que estima que podrían ser más de
90.000 el primer año.
Patricia
Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros
(Asufin),
asegura que al contrario que en el resto de juzgados donde la
plantilla ya está completa y funcionando, en muchos de los juzgados
especializados el juez titular aún no se ha incorporado o las
instalaciones no están listas. "Las demandas están sin incoar
y ya ha pasado un mes –lo habitual son dos o tres semanas–, así
que ya han empezado a acumular retraso. Es un mecanismo disuasorio
para los ciudadanos", señala.
Así
lo certifican también los representantes de los trabajadores de los
juzgados. Luis Calero, secretario general del Sector de
Administración de Justicia de CCOO, asegura que en las comunidades
en las que el Estado todavía mantiene las competencias en materia
judicial –Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura y Murcia– estos juzgados especializados siguen sin
contar con personal funcionario de refuerzo (secretarios judiciales,
gestión, tramitación y auxilio judicial), pues el CGPJ únicamente
aporta a los jueces. El resto de autonomías sí han ido aportando
personal "en mayor o menor medida en expectativa de cómo
evolucione la carga de trabajo.
En
todo caso, Calero confirma que la tónica general es que, sólo en
cuestiones relacionadas con hipotecas, están entrando en estos
juzgados el mismo volumen de demandas que de todo el resto de casos.
El representante de CCOO recuerda además que hay una previsión de
aumento de estas demandas porque estos juzgados también acogerán
las reclamaciones de los gastos de constitución de hipoteca, que
está todavía empezando a judicializarse y que sí afectan a todos
los préstamos hipotecarios.
Vicente
Navarro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la
Administración de Justicia (STAJ),
también cree que las medidas de refuerzo son "totalmente
insuficientes". En el caso del Juzgado de Primera Instancia
número 50 de Barcelona, al que se ha atribuido esta tarea, ese
personal de refuerzo se traduce en una magistrada y dos funcionarios,
aunque está previsto que se incorpore un tercero este lunes. "Con
este panorama se calcula que hasta el 19 de julio la magistrada no
podrá empezar a ver las primeras demandas de las 900 presentadas",
asegura. En el juzgado de Madrid, que "nació saturado"
según los sindicatos, las demandas presentadas alcanzaban las 1.100
la semana pasada.
Doble
efecto
El
plan tampoco gusta a los letrados. De hecho, el Consejo General de la
Abogacía –el máximo organismo rector de los abogados españoles–
presentó el pasado 15 de junio ante el Tribunal Supremo un recurso
contra el acuerdo del CGPJ que autorizaba un plan que consideran que
"agrava" el problema que trata de solucionar. Los letrados
también critican el "sobrecoste" que supone para los
ciudadanos que viven fuera de las capitales de provincia, que se
verán obligados a desplazarse para reclamar en sede judicial el
dinero cobrado de más por las entidades financieras por las
cláusulas suelo.
Patricia
Suárez, de Asufin,
también cree que este plan favorece a lo que se ha venido a llamar
la 'industria litigiosa' porque centraliza los asuntos en la
capitales de provincia. "Así, el consumidor se verá obligado a
contratar abogados y procuradores de estas ciudades si quiere reducir
costes. Todo esto se contradice con lo que sucedió con las demandas
de preferentes, cuando se obligó a los afectados a demandar en su
localidad para no colapsar los juzgados de Valencia donde Bankia
tenía su sede social", explica.
A
juicio de Calero (CCOO), esta iniciativa del Ministerio de Justicia y
el CGPJ va a tener un doble efecto. Por un lado, no se va a atender
"con la debida rapidez y eficacia" a los demandantes, lo
que supone una ventaja para las entidades financieras, que van a
tener más tiempo para formular ofertas más ventajosas para ellas
que eviten los pleitos. Y, por otro, los juzgados van a verse
"sobrepasados en unos términos insoportables".
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