CCOO exige al ministro de Justicia un pronunciamiento claro en defensa del Registro Civil público y servido por el personal de la Administración de Justicia
CCOO
defiende que el Registro civil se mantenga
como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos, adscrito a
la Administración de Justicia y servido íntegramente por
funcionarios públicos pertenecientes a dicha Administración
Madrid, noviembre de 2016
Tras la constitución del nuevo Gobierno y la confirmación del
nombramiento de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia,
muchos son los operadores jurídicos que estos días celebran
jornadas o publican artículos haciendo saber al Ministro cuales son,
a su juicio, las urgencias en esta legislatura que comienza.
Sin duda, una de estas materias que precisa de solución urgente es
el Registro civil. La Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil,
debería entrar en vigor el 30 de junio de 2017, tras la prórroga
por
dos veces de su vacatio legis, y sigue sin estar definida a qué
Administración deben quedar adscritas funcionalmente las futuras
Oficinas de Registro Civil.
La legislatura pasada se caracterizó en esta
materia por el intento de atribuir la llevanza del Registro Civil a
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, privatizando con
ello un servicio público hoy prestado por la Administración de
Justicia. El proyecto decayó y el Ministro de Justicia prometió
abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos para buscar una
solución consensuada, diálogo que más de un año después todavía
no ha comenzado.
Iniciada la legislatura, en un artículo publicado
en Confilegal el Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y Bienes muebles vuelve a ofrecerse para la llevanza del
Registro Civil que no pudieron concluir la legislatura pasada,
poniendo en valor la aportación de su colectivo en la resolución de
los expedientes de nacionalidad española por residencia mediante las
encomiendas firmadas en los años 2012, 2013 y 2015 y el trabajo
realizado por los servicios informáticos del Colegio de
Registradores en el diseño de la plataforma electrónica para el
futuro Registro Civil.
El interés del Decano de los
Registradores sobre el Registro Civil es meramente corporativista, no
atiende a los intereses de los ciudadanos, es contrario a los
principios organizativos que resultan de la Ley 20/2011 (registro
civil dentro de las Administraciones públicas, servidos por
funcionarios públicos, con competencias ejecutivas de las
Comunidades autónomas) y busca únicamente la defensa de sus propios
intereses económicos, esencialmente el arancel que cobran por los
servicios que hoy prestan.
La reforma del Registro Civil y su atribución al cuerpo de
Registradores suscitó un rechazo mayoritario de Jueces, Notarios,
Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales, Funcionarios de
los Registros Civiles e incluso de numerosos Registradores (baste
recordar la Asamblea de Zaragoza de 2013) y, de manera relevante, de
la sociedad civil y de los sindicatos que se manifestaron en contra
de una privatización encubierta.
Las encomiendas de gestión de los expedientes de
nacionalidad por residencia, la última a cambio de 4 millones de
euros, no son motivo suficiente para atribuir a los Registradores la
llevanza del Registro Civil. Encomienda que vino a resolver problemas
derivados de una mala gestión de la Dirección General de Registros
y del Notariado, cuyos últimos directores han sido precisamente
Registradores, y que siguen bloqueando la resolución de los
expedientes de nacionalidad presentados a partir de enero de 2015.
Una mejor solución podría haberse alcanzado si, como defendió
CCOO, se hubiera encomendado a los Registros Civiles realizar la
parte de la instrucción de los expedientes de nacionalidad por
residencia que correspondía a la Dirección General de Registros y
del Notariado, y que fue lo que se encomendó a los Registradores de
la Propiedad, para lo que hubiera bastado la modificación de un solo
artículo del Reglamento del Registro Civil. Y el diseño de la
futura plataforma electrónica del Registro Civil, de datos que
afectan a la intimidad personal y familiar de todas las personas,
debe correr a cargo y ser gestionado por las Administraciones
Públicas y no por operadores privados.
A nuestro juicio es preciso volver al consenso
jurídico y político que tuvo la Ley 20/2011, del Registro Civil,
con la mirada siempre puesta en la satisfacción de las legítimas
pretensiones de los ciudadanos y no de intereses corporativos,
completando aquellos aspectos que la citada Ley 20/2011 dejó sin
definir y enmendando aquellos otros que, tras un análisis detallado
de la ley, entendemos que pueden ser mejorados.
CCOO
defiende que el Registro civil se mantenga como
servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos, adscrito a la
Administración de Justicia y servido íntegramente por funcionarios
públicos pertenecientes a dicha Administración. CCOO
defiende que en cada partido judicial de España exista, al menos,
una oficina de Registro Civil, y que sigan manteniéndose las
competencias de registro civil en los Juzgados de Paz y Registro
Civil Central.
La dependencia del Registro Civil respecto del Ministerio
de Justicia debe ser plena, y no hay mejor fórmula para ello que el
mantenimiento del Registro civil dentro del ámbito de la
Administración de Justicia,
tal y como ha estado desde su creación en 1871 como garantía de su
imparcialidad y profesionalidad, y alejándolo de los vaivenes
políticos que hubiera supuesto y supondría su llevanza por los
ayuntamientos, como algunos propugnan. Y dentro de esta
Administración de Justicia, al igual que existen hoy las Oficinas
Judiciales y las Oficinas Fiscales, deberían existir como servicio
propio de dicha Administración, servido por funcionarios de la
Administración de Justicia, las Oficinas de Registro Civil. Su
experiencia y profesionalidad está fuera de toda duda, y las quejas
que los ciudadanos hayan podido tener sobre el funcionamiento de los
Registros Civiles son consecuencia, esencialmente, de la falta de
dotación suficiente de medios para responder al gran incremento de
expedientes relativos a población extranjera. La solución pasa por
mejorar los medios e informatizar completamente la gestión, no por
privatizar el Registro Civil.
Así también resulta de las Conclusiones de las XXVI Jornadas
Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España, celebradas en
Málaga en octubre de este año, que establecen que “ lo más
adecuado es que la llevanza del Registro civil continúe en manos de
quienes más cualificadamente pueden seguir asumiendo esta función,
que desempeñan desde 1870, que son los propios Jueces y los Letrados
de la Administración de Justicia, eso sí, con la oportuna
inversión, adaptación, reorganización y modernización del actual
Registro Civil, lo que resulta viable y económicamente asumible”.
CCOO también defiende que para
la adecuada prestación del
servicio público de Registro Civil y permitir el acceso de toda la
ciudadanía al mismo, debe haber al menos una Oficina de Registro
Civil en cada Partido Judicial,
demarcación propia
de la Administración de Justicia, y que los Juzgados de Paz han de
mantener sus competencias en materia de Registro Civil por delegación
de la Oficina de la que dependen.
Y ello por muchos motivos: la
garantía de un fácil acceso de los ciudadanos al Registro Civil,
especialmente para personas mayores (fes de vida, etc) o sin
conocimientos de informática; las dificultades de comunicación que
persisten, la existencia de población difícilmente registrable, de
carácter estacional o permanente, los supuestos de acumulación
urbana, de naturaleza industrial o turística, los flujos o
movimientos poblacionales, y el hecho de que la concentración de
medios personales y materiales no supone necesariamente que las
administraciones funcionen de forma más racional o económica. En
definitiva, garantizar la prestación eficaz de un servicio público
es precisamente tener en cuenta todos estos factores y no solo el
factor mercantilista o economicista. Nadie entendería que hoy un
certificado de nacimiento se pueda obtener de forma inmediata en el
mismo pueblo en que naciste y mañana, por mor de la modernización y
una supuesta mejor gestión, no.
En definitiva, CCOO
hace un llamamiento al Ministro Catalá para que afronte una solución
definitiva para el futuro del Registro Civil, buscando el mayor
consenso entre todos los operadores jurídicos, y siempre teniendo
por horizonte el mejor servicio público a los ciudadanos y no los
intereses corporativistas de algunos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario