EL TC DECLARA
INCONSTITUCIONAL LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE EL
REAL DECRETO-LEY 8/2014
CCOO INSTÓ A TODOS
LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A PRESENTAR ESTE
RECURSO DE INSCONSTITUCIONALIDAD Y AHORA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DA LA RAZÓN A LOS RECURRENTES Y AVALA LA POSTURA DE CCOO
La Defensora del
Pueblo negó a CCOO la solicitud de recurrir el Real Decreto Ley y
esta sentencia muestra que actuó en defensa del Gobierno en lugar de
atender las reclamaciones de la ciudadanía
El Tribunal
Constitucional ha dictado con fecha 24 de septiembre una sentencia
por la que declara inconstitucional y anula los preceptos relativos a
la privatización del Registro Civil (RC) mediante su asignación a
los Registradores Mercantiles contenidos en las Disposiciones
Adicionales 20 a 24 del Real Decreto-Ley 8/2014. Aun cuando dicha
anulación no tenga virtualidad alguna, toda vez que con
posterioridad el Real Decreto Ley se tramitó como ley ordinaria (Ley
18/2014) y la Ley 19/2015 haya derogado todas las disposiciones
relativas a la asignación del RC a los Registradores Mercantiles,
supone un duro golpe a aquéllos que en su día quisieron apropiarse
del servicio público del RC para sus propios intereses (más
negocio, justificación de demarcación registral, etc) y para
quienes desde el Gobierno, en lo que para CCOO siempre ha constituido
un caso claro de tráfico de influencias, lo ampararon teniendo
evidentes intereses personales y familiares en ello.
La privatización
del RC fue una de las muchas medidas introducidas por el Gobierno del
PP en el Real Decreto-Ley 8/2014, aprobado un 4 de julio, alguna de
ellas también anulada por el Tribunal Constitucional. La Disposición
Adicional 19 prorrogaba en un año la entrada en vigor de la Ley
20/2011 de RC y las Disposiciones adicionales 20 a 24 atribuían la
llevanza del RC a los Registradores Mercantiles y regulaba el proceso
hasta su efectividad, incluyendo la creación de una Corporación de
Derecho Público integrada por dichos Registradores.
Desde el mismo
momento de su publicación CCOO denunció que la privatización del
RC, mediante su asignación a los Registradores Mercantiles
(profesionales que hacen del ejercicio de la función pública, a la
que acceden por oposición, su propio negocio), era inconstitucional,
porque no había, conforme exige el art. 86.1 de la Constitución,
razones de extraordinaria y urgente necesidad que pudieran justificar
la privatización del RC mediante un Real Decreto-Ley. El Gobierno
del PP hurtó a las Cortes Generales cualquier debate sobre el modelo
de RC.
Por todo ello CCOO
inmediatamente se dirigió a todos los grupos parlamentarios y a
la Defensora del Pueblo reclamándoles la presentación del recurso
de inconstitucionalidad contra la privatización del RC.
CCOO argumentó ante los grupos parlamentarios y ante la
Defensora del Pueblo cuestiones de fondo contra la privatización del
RC, pues se pretendía entregar a gestores privados la llevanza de un
servicio público que hemos defendido, y seguimos defendiendo. El RC
debe seguir siendo público, universal y gratuito y prestado como
desde hace 140 años por el personal al servicio de la Administración
de Justicia.
Pero también
expresábamos ante los grupos parlamentarios y la Defensora del
Pueblo la tremenda desvergüenza del Gobierno cuando pretendía
utilizar una fórmula espuria como el Real Decreto Ley para
privatizar un imprescindible servicio público, que lo es desde hace
más de cien años, con el objeto de evitar no solo el debate
democrático y parlamentario, sino para impedir que el conjunto de la
ciudadanía y de la sociedad pudiera defenderse contra actos
ilegítimos como una privatización, por la puerta de atrás, que
atenta contra los derechos de millones de ciudadanos/as.
Mientras varios
grupos parlamentarios (más de cincuenta Diputados de los Grupos
Parlamentarios Socialista; La Izquierda plural -IU, ICV-EUiA, CHA- y
Unión Progreso y Democracia, a los que agradecemos profundamente de
nuevo y públicamente su apoyo) presentaron recurso de
inconstitucionalidad, la Defensora del Pueblo se opuso a nuestros
argumentos y no quiso presentar el recurso ante el TC pese a la
evidencia de la falta de urgente necesidad para privatizar el
Registro Civil mediante un Real Decreto Ley.
El Tribunal
Constitucional da ahora la razón a CCOO y a los grupos
parlamentarios que presentaron el recurso, frente a los argumentos de
la Abogacía del Estado, y por sentencia de 24 de septiembre de 2015
declara inconstitucional las disposiciones adicionales (20ª a 24ª)
del RDLey 8/2014, relativas a la llevanza del Registro Civil, que son
declaradas inconstitucionales y nulas, estableciendo que "no
existe justificación alguna respecto de la urgencia y necesidad de
modificar parcialmente el contenido de una norma cuya entrada en
vigor se ha pospuesto por un periodo de un año."
La citada sentencia
señala, como denunció CCOO, que "no se exponen las razones que
llevan al Ejecutivo a introducir la regulación mínima de la
llevanza del Registro por los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles en las DA 20ª a 24ª del Decreto-ley. No es posible
apreciar fundamento para la regulación del cambio en el régimen de
llevanza del Registro Civil que prevén las DA 20ª a 24ª del Real
Decreto-ley”.
Al apreciar desde el
principio la falta de necesidad para privatizar el RC mediante Real
Decreto-Ley, el Tribunal Constitucional evita entrar en el fondo del
asunto de la privatización, pues además los grupos parlamentarios
recurrentes también alegaban que al proceder a una privatización
encubierta del Registro Civil, el Real Decreto-ley 8/2014 arrebataba
a la Administración Pública su gestión, afectando al derecho a la
intimidad reconocido en el artículo 18.1 CE. Los hechos y actos que
constituyen el objeto del RC son circunstancias que afectan al núcleo
del derecho constitucional a la intimidad personal y que, hasta la
modificación introducida por el Real Decreto-ley impugnado, estaban
enteramente en manos de empleados/as públicos/as.
La falta de
pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión
permite dejar abierta la posibilidad de que mediante una Ley
ordinaria se pueda privatizar el RC en el futuro, sacándolo fuera
del ámbito de las Administraciones Públicas mediante su asignación
a operadores privados. La batalla, por tanto, no está ganada, y
mucho nos tememos que si el PP sigue gobernando tras las elecciones
generales previstas para el 20 de diciembre volverá a intentar
privatizar el Registro Civil.
Por todo ello CCOO
sigue expresando su radical oposición a la privatización del
Registro Civil, y su firme apuesta por su mantenimiento dentro del
ámbito de la Administración de Justicia, que sale aún más
reforzada.
Si hemos peleado
hasta aquí para impedirlo (logrando una gran victoria parcial con la
retirada por el Gobierno de la privatización del RC tras la
aprobación de la Ley 19/2015 que en su disposición derogatoria
única anula la privatización del Registro Civil), con el apoyo de
miles de trabajadores/as y de la ciudadanía, logrando recoger
cientos de miles de firmas contra la privatización del Registro
Civil, no vamos a abandonar esta lucha hasta conseguir de forma
definitiva su carácter público, universal, gratuito, cercano a los
ciudadanos/as y servido íntegramente por el personal de la
Administración de Justicia.
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