CCOO denuncia las prisas del ministro de Justicia por poner en marcha las inscripciones desde los hospitales sin los medios adecuados por intereses electorales
CCOO
DENUNCIA LAS PRISAS DEL MINISTRO DE JUSTICIA QUE, POR INTERESES
ELECTORALES, PONE EN MARCHA LAS INSCRIPCIONES DESDE LOS HOSPITALES
SIN LOS MEDIOS ADECUADOS
CCOO
exige que la instrucción electrónica de los expedientes de
nacionalidad se realice por los Registros Civiles y rechaza que el
Gobierno vacíe poco a poco el contenido y funciones de los Registros
Civiles en beneficio de operadores privados
Madrid a 19 de octubre de 2015
Mientras el ministro Catalá se hace
fotos en la puerta de hospitales e intenta a través de la página
web del Ministerio presentar una cara amable de sus reformas, la
entrada en vigor de la Ley 19/2015, de reforma del Registro Civil, en
materia de inscripciones de
nacimiento, defunciones y trámites de expedientes de nacionalidad
por residencia se
ha hecho de forma parcial, sin los medios
adecuados, sin resolver los muchos problemas que suscita, poniendo en
grave riesgo el servicio público del Registro Civil,
minusvalorando el trabajo de cientos de funcionarios/as que trabajan
en los mismos y añadiendo un coste innecesario a lo que hasta hace 5
días era gratis para la ciudadanía.
El ministro de Justicia ha buscado más
ser portada de periódicos y hacer carrera en su partido político
que implementar de forma adecuada la posibilidad de promover las
inscripciones de nacimiento desde los hospitales. Porque de eso se
trata: los bebes no se
registran en los hospitales, se registran en los Registros Civiles;
desde unos pocos hospitales se remiten los documentos para promover
la inscripción de nacimiento, pero la
calificación sobre la documentación remitida y la práctica de la
inscripción sigue siendo tarea del personal de la Administración de
Justicia destinado en los Registros Civiles.
El Ministerio de Justicia permite creer que los nacimientos quedan
registrados en los hospitales, y olvida y omite el trabajo que
realizan las y los trabajadores de los Registros Civiles, y con ello
deja de poner en valor su tarea.
CCOO
denuncia que la única formación dada al personal de los Registros
Civiles sobre cómo tramitar telemáticamente las solicitudes de
inscripción de nacimiento que llegan desde los hospitales haya sido
un enlace a una página web interactiva que se colgó el mismo día
de entrada en vigor de la ley.
El Director General de Registros y del Notariado se ha dirigido por
carta a los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia, con
tan sólo tres días de antelación a la entrada en vigor de la Ley,
para darles algo de información sobre las reformas que entraban en
vigor, omitiendo en su tratamiento a los demás trabajadores y
trabajadoras de la Administración de Justicia que prestan servicio
en los Registros Civiles y que son quienes, realmente, califican y
practican las inscripciones de nacimiento.
CCOO
defiende y defenderá todo lo que suponga mejora del servicio público
y gratuito del Registro Civil,
y la posibilidad de promover las inscripciones de nacimiento de forma
telemática, evitando a los padres acudir al Registro Civil, tal y
como ya lo establecía la Ley 20/2011 aprobada por consenso hace
cuatro años, pero debe hacerse bien. Porque si al final tienen que
acudir al Registro Civil para obtener el libro de familia o inscribir
al hijo/a en el mismo, por mucha certificación telemática que se le
remita, dado que en nuestra sociedad se pide el libro de familia para
cualquier trámite, poco o nada se gana. Porque si las
Administraciones siguen sin poder acceder telemáticamente a las
inscripciones del Registro Civil, tal y como establece la Ley 20/2011
y las y los ciudadanos tienen que aportar certificados para todo
(obtención del Dni, trámites de pensiones, etc), poco o nada se
gana.
Además la falta de contacto directo
entre los padres y el personal del Registro Civil multiplicará los
errores en las inscripciones y por tanto los expedientes para su
rectificación, y las calificaciones suspensivas o negativas por
falta de documentación, o nombres o apellidos que no pueden
imponerse. Los padres que acuden directamente a los Registros
Civiles se van con la seguridad de que su inscripción se ha
practicado, con el libro de familia actualizado y los certificados
necesarios para documentar a los recién nacidos y hacer cualquier
otro trámite, si así lo solicitan; los que promuevan la inscripción
desde los hospitales siempre quedarán con la duda de si se
practicará o no la inscripción de nacimiento en la forma solicitada
a través del personal auxiliar sanitario de los hospitales. Las
prisas por parte del ministro de Justicia en implantar la
comunicación de nacimientos desde los hospitales y hacerse la foto,
está suponiendo implantar esta medida de forma absolutamente
precaria. Y de la
posibilidad de promover también desde los hospitales las
inscripciones de defunción, que también ha entrado en vigor, nadie
se acuerda.
Mucho más grave aún es, a juicio de
CCOO,
la entrada en vigor del nuevo procedimiento de nacionalidad, incluido
en la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015. En primer lugar,
habiendo entrado en vigor el día 15 de octubre, el Gobierno todavía
no ha aprobado el Real Decreto que tiene que desarrollar este
procedimiento, por lo que desde dicho día ningún ciudadano/a
extranjero puede presentar la solicitud porque se desconoce cómo
pagar la, para CCOO,
injusta tasa de 100
€, que se impone a cada expediente. El Director General de
Registros, en su misiva dirigida a los Encargados de los Registros
Civiles, insiste en que todas las solicitudes presentadas a partir
del 15 de octubre se siguen por el nuevo procedimiento… que hoy
desconocemos y ni siquiera está aprobado. El mismo Ministerio que ha
conseguido que las Cortes aprueben en 2015 nueve reformas de la Ley
de Enjuiciamiento Civil ha sido incapaz de aprobar un Reglamento a
tiempo de la entrada en vigor de la Ley 19/2015.
En segundo lugar, para CCOO
es intolerable que
el Gobierno haya decidido
hacer caja con los expedientes de nacionalidad
y que de paso otros también se puedan aprovechar.
-
Todos los extranjeros que quieran nacionalizarse tendrán que pagar una tasa de 100 €
-
Todos los mayores de 18 años tendrán que aprobar un examen de conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) con un coste de 85 euros. Si además el castellano no es su idioma materno tendrán que obtener un certificado de lengua española extranjera DELE de nivel A2 o superior con un coste de 124 euros. Ambos certificados son emitidos por el Instituto Cervantes, quien va a obtener una fuente de ingresos nada despreciable.
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Notarios, abogados y graduados sociales podrán cotejar los documentos que se presenten en forma electrónica, previo pago de sus servicios.
A esto se añade que la instrucción
de los expedientes ya no corresponderá a los Registros Civiles, que
simplemente podrán ser receptores de la documentación como
cualquier registro administrativo, sino que corresponderá a la
Dirección General de Registros y del Notariado, culpable, como viene
denunciando CCOO,
del atasco de los miles de expedientes que dio lugar a la encomienda
de gestión a los Registradores de la Propiedad y abre la puerta para
la privatización de todo el Registro Civil.
CCOO
exige que la instrucción electrónica de los expedientes de
nacionalidad se realice por los Registros Civiles,
y que éstos mantengan la exclusividad en la tramitación de todo
tipo de expedientes de Registro Civil, derogándose la posibilidad de
que a partir de junio de 2017 los Notarios también puedan tramitar
expedientes de matrimonio civil. Sería inconcebible que tras asumir
la Dirección General de los Registros y del Notariado por ley la
instrucción de los expedientes de nacionalidad, se los volvieran a
encomendar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, previo
pago con cargo al erario público (este año les van a pagar 4
millones de euros por resolver el atasco creado por el Ministerio con
los expedientes del año 2014).
Lo
que este Gobierno está haciendo es vaciar poco a poco el contenido y
funciones de los Registros Civiles,
para adelgazarlo de los medios que precisa para su funcionamiento y
venderlo al mejor postor, que para ellos son los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles, colectivo al que pertenece el Presidente del
Gobierno. CCOO
seguirá luchando para que el registro civil siga siendo un servicio
público, gratuito, cercano a la ciudadanía y servido íntegramente
por personal funcionario de la Administración de Justicia, y a tal
fin va a mantener en las próximas fechas reuniones con todos los
partidos políticos para solicitarles que incluyan en sus programas
electorales la promesa de que así será.
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