Que no te cuenten
cuentos…, pues, si se aprueba este texto de reforma de la LOPJ, retrocederemos
a los tiempos en los que las condiciones de trabajo dependían de la voluntad
del jefe o responsable de turno.
CCOO EXIGE A GALLARDÓN QUE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ INCLUYA EL
MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES, LA GARANTÍA DE QUE NO HABRÁ
MOVILIDAD FORZOSA FUERA DEL MUNICIPIO Y QUE LAS OFICINAS JUDICIALES DE
PAZ, QUE DEBERÁN CREARSE DONDE EXISTA
UN JUZGADO O UNA AGRUPACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ, SE INCLUIRÁN EN LA LOPJ
COMO CENTRO DE DESTINO.
Madrid, 1 de septiembre de 2014
Hay preacuerdos y preacuerdos…y desde luego el preacuerdo
firmado entre el Ministerio de Justicia de Gallardón y tres sindicatos el
pasado 10 de julio –comprometiéndose a ello incluso sin ver siquiera el texto,
o al menos sin verlo en la mesa de negociación- dice mucho de quién lo firma
pero poco de qué es lo que se firma.
Porque si hacemos caso a la reciente cita de Mariano Rajoy “lo que no está en la ley es que no existe”,
a continuación deberíamos preguntarnos,…si no está escrito en la ley (en este
caso en el texto de la reforma de la LOPJ, ya sea Anteproyecto de ley o ya sea Preacuerdo firmado), ¿porqué algunas
organizaciones sindicales se creen a pie juntillas lo que DICE Gallardón?
Porque tanto de la lectura del citado preacuerdo como de la propia nota de prensa del flamante ministro
del día 31 de julio –que por cierto, omite cualquier referencia al preacuerdo
como detonante de su cambio de posición– nada refleja que se mantendrán todos y
cada uno de los partidos judiciales, o que las Oficinas Judiciales de Paz se
crearán en cada localidad dónde exista un Juzgado de Paz o una Agrupación de
Juzgados de Paz ni que éstas serán centros de destino como lo son en la
actualidad los Juzgados de Paz.
CCOO sabe muy bien, y el resto de
organizaciones sindicales debieran recordarlo, no solo lo difícil que es que el ministerio acepte en un
preacuerdo los puntos de una plataforma reivindicativa, sino también la
dificultad que entraña que se recoja expresa y concretamente los términos de
los mismos para que luego no haya dudas ni falsas interpretaciones.
Porque para CCOO no es lo mismo que el
preacuerdo recoja expresamente, “El Ministerio de Justicia se compromete a “seguir
negociando en mesa sectorial el resto de cuestiones planteadas por las
organizaciones sindicales en sus enmiendas a la reforma de la LOPJ durante el
trámite parlamentario de enmiendas al proyecto de LOPJ …” que no
recogerlo. O que “Así mismo, el ministerio y las organizaciones
sindicales firmantes de este preacuerdo negociarán la redacción concreta del
articulado y disposiciones referidos a estos puntos en el texto de la LOPJ” que no
recogerlo.
Y ambas redacciones sí quedaron
perfectamente reflejadas, tras el preacuerdo de noviembre de 2002 firmado por CCOO y también por CSIF Y UGT –STAJ no formaba
parte en ese momento de la mesa sectorial de Justicia pero se opuso
rotundamente al mismo–. Pero, además, el preacuerdo fue ratificado ampliamente
por los trabajadores en referéndum en diciembre de ese año (recordemos que fue convocado solo por CCOO y UGT y el resultado tuvo carácter vinculante), y,
posteriormente, firmado como acuerdo
nuevamente por CCOO, CSIF Y UGT y el gobierno
del PP.
Para CCOO
tampoco es lo mismo que el preacuerdo firmado diga literalmente que “El Anteproyecto reconocerá expresamente la existencia de partidos
judiciales” que recoja sin ningún género de dudas, como exige CCOO que
“El Anteproyecto recogerá expresamente el mantenimiento de todos y cada uno de
los partidos judiciales que existen en la actualidad.”
Y no es lo mismo, porque ni tan siquiera lo dice así
Gallardón en su nota de prensa del pasado
31 de julio, en la cual explica que la nueva reorganización en
Tribunales de instancia y reparto provincial de asuntos “rompe con la noción tradicional de partido
judicial, que a partir de ahora se reserva para identificar las sedes de los
órganos judiciales del Tribunal de Instancia” y que “la
posibilidad de crear más de un Tribunal de Instancia en cada provincia será
excepcional y siempre y cuando se cumplan los criterios territoriales,
demográficos y sociales….en
localidades con una importancia judicial igual o superior a la capital….” exigiendo
expresamente “…para
que sea posible la creación excepcional de más de un Tribunal de Instancia por
provincia que en cada localidad exista un mínimo de unidades judiciales: una en
el orden contencioso-administrativo, social y civil y al menos cinco en el
orden penal…”
Por lo tanto, el pomposo anuncio de Gallardón solo afectaría en todo el Estado a
las localidades de Ferrol,
Santiago, Vigo, Gijón, Elche, Algeciras, Jerez, Ceuta, Melilla y Cartagena,
únicas poblaciones que en la actualidad tienen, al menos, un Juzgado
Contencioso-Administrativo, de lo Social y Civil y 5 juzgados de orden Penal.
O sea, si bien hay un mínimo avance, NO
EXISTE GARANTÍA DE QUE SE MANTENGAN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES, tal y
como vienen denunciando CCOO, multitud de organizaciones sociales y
ciudadanas y decenas de ayuntamientos (también muchos con mayoría del PP), ni
que se creen más de un Tribunal de Instancia pues las condiciones que se
deben cumplir para que esto último sea posible, tan solo las reúnen 5
provincias (Coruña, Pontevedra, Alicante, Cádiz y Murcia) más Ceuta y Melilla. Las
45 provincias restantes tendrán un solo tribunal de instancia, en la capital de
provincia, y ese “municipio” será el centro de destino de todos los
trabajadores que presten servicio en ese Tribunal, a donde previamente los
habrán reordenado al desaparecer el partido judicial original, sin respetar su
municipio de origen, puesto que el preacuerdo tampoco recoge expresamente, como
exigió CCOO, que se vuelva a incluir expresamente en el art. 624
de la LOPJ que la redistribución y reordenación de efectivos “en ningún
caso supondrá cambio de municipio para el personal”
Menciona
también Gallardón en su nota de prensa que
“las Oficinas Judiciales
de Paz…mantendrán la cercanía de los servicios no jurisdiccionales al ciudadano” expresión
ambigua dónde las haya de la que, precisamente, no se deduce ni que estas
oficinas serán un centro de destino, ni que se crearán en todas las localidades
en dónde exista un Juzgado de Paz o Agrupación de Juzgado de Paz ni, por asomo, que en las mismas estarán
destinados todas y todos los trabajadores que actualmente prestan
servicios en éstos últimos.
Y por eso
CCOO
exigió que el texto del preacuerdo
debía mencionar expresamente, “EI texto
recogerá la existencia de oficinas judiciales de paz reconociéndolas expresamente como centro de
destino propio en el art. 622 de la LOPJ,
donde estarán destinados todos los funcionarios que actualmente
prestan sus funciones en las agrupaciones o en juzgados de paz de más de 7.000
habitantes creándose tantas Oficinas Judiciales de Paz como Juzgados o Agrupaciones
de Paz existen en la
actualidad; estas oficinas
tendrán como principal objetivo reforzar la presencia de la Administración de
Justicia como servicio público próximo a los ciudadanos, prestando funciones de
apoyo a las oficinas judiciales y unidades administrativas del partido judicial, así como de información a la ciudadanía, modificándose por tanto también la Disposición Transitoria 12ª del
Anteproyecto”.
La
conclusión para CCOO
es clara: hay que seguir presionando con todas las medidas a nuestro alcance
para lograr como mínimo que el proyecto de reforma de la LOPJ, que apruebe el
Gobierno (probablemente en septiembre), contenga:
1.-
El reconocimiento expreso en el texto legal de que se mantendrán todos y
cada uno de los partidos judiciales actualmente existentes
2.-
Que no podrán realizarse movilidades forzosas fuera del municipio (tal y
como consta en la actual LOPJ 19/2003 en su artículo 523)
3.-
Que se mantendrán como centro de destino los actuales Juzgados y Agrupaciones
de Juzgados de Paz o, en su defecto, serán centro de destino las Oficinas
Judiciales de Paz, recogiéndolo de manera expresa en el artículo 622 de la LOPJ.
Además estas oficinas se crearán allí donde exista actualmente un Juzgado de
Paz o una Agrupación de Juzgado de Paz, integrándose en aquellas, y en la misma
localidad, todo el personal que actualmente presta sus servicios en los
Juzgados o Agrupaciones de Juzgados de Paz.
4.-
Que se reconocerá que los actos de comunicación y ejecución están reservados
al personal de la Administración de Justicia y solo podrán ser encomendados
a éstos.
5.-
La garantía de que no desaparecerá ni un solo puesto de trabajo y por tanto se
mantendrá la plantilla actualmente existente.
Mientras no se reconozcan estos
derechos básicos, CCOO se opondrá frontalmente a este proyecto de
reforma de la LOPJ y, en coherencia con lo anterior, mantendrá la convocatoria
de las movilizaciones contra la reforma de la LOPJ.
¡¡DEFENDAMOS
NUESTROS DERECHOS!!
¡¡DEFENDAMOS
EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!
10 DE SEPTIEMBRE,
DÍA DE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL,
CONCENTRACIÓN ANTE EN EL TRIBUNAL SUPREMO
¡¡ACUDE!!
¡¡8 DE OCTUBRE, HUELGA
EN TODA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN TODA ESPAÑA, CONTRA LA REFORMA DE LA LOPJ Y CONTRA
LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES¡¡
LUCHEMOS PARA DARLE LA VUELTA
EMPLEA TU FUERZA,
NO LO DUDES, MOVILÍZATE Y LUCHA!!
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