El Consejo de Estado saca los colores a Justicia por intentar crear un colegio de registradores paralelo
- El dictamen pide al ministerio que rehaga el “oscuro” y “confuso” borrador porque contiene elementos “inconstitucionales”
- Dice que el Gobierno se “extralimita” al otorgar competencias sobre todos los registros a la nueva corporación, e interferir en las del Colegio de Registradores
- Hacienda exige “publicidad y concurrencia” para el concurso del polémico nuevo sistema informático registral
- CCOO ampliará su denuncia contra Rajoy y Ruiz-Gallardón ante la Fiscalía General del Estado
Actualizada 29/09/2014 a las 21:04
El Consejo de Estado pide al Ministerio de Justicia que rehaga el
proyecto de real decreto por el que crea una Corporación de Derecho Público
para gestionar el nuevo Registro Civil electrónico. En un dictamen que tacha el
texto de Justicia de “oscuro” y “confuso” en muchos de sus artículos, e incluso
rechaza por “inconstitucional” alguno de ellos, el órgano consultivo recomienda
al ministerio que lo “reexamine en profundidad”. A su juicio, Justicia debe
“reconsiderar” las “grandes orientaciones” de la norma, además de “revisar”
muchos “aspectos concretos”.
El proyecto de real decreto es uno de los instrumentos del
Gobierno para completar la reforma de los registros que está acometiendo y que
ha puesto en pie de guerra a los registradores de la propiedad y
mercantiles. También al resto de los sectores implicados: desde los
funcionarios de Justicia hasta los jueces y secretarios judiciales. El dictamen
fue aprobado por unanimidad el pasado jueves. Aunque no es vinculante, sí puede
pesar, por la contundencia y amplitud de sus críticas, en el recorrido de la
norma.
Pese a que el Ministerio de Justicia aseguró a infoLibre que “está
en condiciones de cumplir los plazos” que él mismo se marcó, lo cierto es que
éstos acaban el próximo viernes. Y la polémica que acompaña a la reforma está
lejos de remitir, a la espera de que el nuevo ministro de Justicia, Rafael
Catalá, confirme si continúa adelante con el proyecto tal y como lo ha diseñado
la Dirección General de los Registros, bajo el paraguas de Alberto
Ruiz-Gallardón, o si cambia de rumbo.
CCOO ya ha anunciado que ampliará la denuncia que interpuso hace
dos semanas ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy y el exministro Ruiz-Gallardón por no haberse inhibido en el Consejo de
Ministros que aprobó la cesión del Registro Civil a los registradores
mercantiles el pasado 4 de julio. Tanto Rajoy como dos de sus
hermanos son registradores; también lo es la nuera y el cuñado del
extitular de Justicia. Además, el sindicato ha denunciado al director general
de los Registros, Joaquín Rodríguez, y a uno de sus subordinados, Javier Angulo
–ambos registradores– por sus supuestas
relaciones con una empresa que los
registradores sitúan como la segura ganadora del procedimiento cerrado y sin
publicidad convocado para suministrar el sistema informático del futuro
registro.
Tanto la asociación de registradores Francisco Cárdenas como el propio
Colegio de Registradores van a denunciar la reforma ante la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC). La primera también pretende impugnar ante
los tribunales los decretos e incluso la adjudicación del sistema informático.
Un camino lleno de obstáculos
Así, el dictamen del Consejo de Estado aparece como otro obstáculo
más en el proyecto del Gobierno. De hecho, el órgano consultivo señala hasta cinco
observaciones que considera “esenciales” y Justicia debería atender. El real
decreto crea una Corporación de Derecho Público en la que se integrarán los
registradores mercantiles que gestionen, a partir del 15 de julio de 2015, el
Registro Civil. Esa “corporación” la ven los registradores como un intento del
Gobierno de crear un “colegio paralelo” con el que eludir la oposición del
gremio a la reforma. Su misión es la de firmar el contrato con la empresa
adjudicataria del sistema informático integrado que ayudará a los registradores
mercantiles a gestionar el Registro Civil. Y lo hará un Consejo Ejecutivo
Provisional formado por siete personas que nombrará una orden del propio Ministerio
de Justicia.
Pero la licitación y adjudicación del sistema informático
integrado –un contrato de 80 millones de euros– corresponderá a una empresa
pública dependiente del Ministerio de Defensa, Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España (Isdefe). Para justificarlo, el Gobierno aduce motivos de
máxima seguridad, por los millones de datos confidenciales que manejará.
Pues bien, el Consejo de Estado ha dictaminado que el proyecto del
Gobierno “se extralimita” al pretender “ampliar el ámbito de actividad de la corporación”
del Registro Civil –lo único que le ordena la ley– a todos los registros –según
aparece en el proyecto de real decreto, una norma de rango inferior–. “La
gestión integrada de los registros no encuentra asidero alguno en el mandato
contenido” en la ley que creó la corporación, concluye.
Interferencias con el Colegio de Registradores
El Consejo de Estado, que preside el exministro del PP José Manuel
Romay Beccaría, destaca la “profunda singularidad” de la corporación que
pretende crear el Gobierno: en lugar de constituirse “por voluntad de los
funcionarios que han de integrarse” en ella, la iniciativa corre a cargo del
Gobierno y se hace por ley. No obstante, y tras criticar las “deficiencias” del
texto a la hora de definir la naturaleza jurídica de la nueva corporación, el
dictamen reprocha a Justicia que le otorgue “unas funciones –de representación–
y estructura típicamente colegiales”, le atribuya competencias en materia de
régimen disciplinario propias de un colegio profesional y establezca como
legislación supletoria la de los colegios profesionales. Todo ello supone “una
lectura inconstitucional” del mandato que la ley dio al ministerio para crear
esa corporación, advierte.
Pero no son éstos los únicos aspectos en que el nuevo organismo
“choca”, dice el Consejo de Estado, con las competencias del Colegio de Registradores.
También le reconoce funciones que la ley reserva a este órgano profesional. El
dictamen señala como “interferencias” entre éste y la nueva corporación que el
proyecto de real decreto regule las cuotas que deberán pagar estos profesionales,
así como la “cesión ordinaria o extraordinaria de fondos” del primero al
segundo establecida por la norma. El Consejo de Estado no duda en destacar la
“problemática” que plantearán tales operaciones.
Este órgano considera que la solución a muchos de estos conflictos
es que el Colegio de Registradores gestione la nueva corporación, una posibilidad
reconocida en el real decreto. Pero critica a Justicia por no prestarle
suficiente atención y omitir en el texto cuáles deben ser los trámites para
llevar a cabo ese proceso.
Críticas a la escasez de datos económicos
Curiosamente, la extralimitación de las competencias de la nueva
corporación y su choque con las del Colegio de Registradores fueron señaladas
por el preceptivo informe que la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Justicia envió al Consejo de Estado. Sin embargo, esas recomendaciones fueron
obviadas por el ministerio, que remitió al Consejo de Estado una segunda
versión de la memoria económica del real decreto donde se reafirmaba en la ampliación
a todos los registros de las competencias de la corporación.
Por si fuera pocas las críticas, el órgano consultivo entiende que
la memoria no refleja “suficientemente las consecuencias “económicas y sociales”
que tendrá la norma. “Una regulación como la que contempla el proyecto, con
tantas implicaciones en el funcionamiento del sistema registral español,
hubiera merecido una consideración más detallada de todos estos impactos”.
Aunque el Consejo de Estado no lo dice, la memoria del real decreto apenas
dedica dos páginas a su impacto económico y presupuestario, y no contiene ni
una sola cifra.
Otra deficiencia del real decreto, según el Consejo de Estado,
estriba en que exige al Colegio de Registradores que suministre a la nueva corporación
“todas las bases de datos, aplicaciones y sistemas automatizados” necesarios.
El órgano que preside Romay Beccaría confiesa que “no alcanza a comprender qué
tipo de bases de datos y aplicaciones” puede transferir el Colegio si la
función de la nueva corporación consiste, en teoría, en poner en marcha
únicamente el sistema informático del Registro Civil. Un servicio hasta ahora
en manos de los jueces con el que nada tienen que ver los registradores
mercantiles y de la propiedad.
También
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda envió su informe al
Consejo de Estado. En él sugiere que el proyecto de real decreto debería
introducir una cláusula que someta la contratación del nuevo sistema
informático a los “principios de publicidad y concurrencia”. Otra recomendación
que Justicia no ha tenido en cuenta: el procedimiento de Isdefe es negociado y
sin publicidad. Según los registradores que se oponen a la reforma del
Gobierno, el concurso se ha hecho a la medida de una empresa, Futuver
Consulting. Ésta dice que no se va a presentar “directamente” a la licitación,
pero sí va a asociarse con la compañía que lo gane porque es “la más
especializada” y ya tiene “el trabajo adelantado”.
Tanto el PSOE como IU presentaron en el Congreso a
lo largo del último año sendas baterías de preguntas sobre la cesión del
Registro Civil a los registradores y el
concurso para adjudicar el sistema informático integrado. Con escaso éxito en
las respuestas del Gobierno. “Tememos que, tras la reforma y el contrato, no
sólo haya una privatización sino también una prevaricación, que se está
haciendo un negocio al amparo de la Administración”, advierte el diputado de IU
Gaspar Llamazares. Mientras, la diputada del PSOE Laura Seara desconfía de que
el nuevo ministro de Justicia, que tomó posesión este lunes, vaya a cambiar la
reforma, cuya autoría los registradores atribuyen más a la Dirección General de
los Registros que al propio Ruiz-Gallardón.
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