La convocatoria de la
concentración por CCOO el día de la apertura del año judicial es el
primer gran acto de movilización contra las reformas de Gallardón tras las
vacaciones de agosto
CIENTOS DE
TRABAJADORES/AS Y DELEGADOS/AS DE CCOO EXIGEN LA
DIMISIÓN DE GALLARDÓN POR SUS INFAMES REFORMAS QUE, DENTRO DEL PLAN IDEADO POR
EL GOBIERNO PARA ACABAR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PRETENDEN EL
DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Madrid, 10 de
septiembre de 2014
La concentración convocada por CCOO en solitario ante el Tribunal
Supremo (a pesar del llamamiento que venimos realizando al resto de
organizaciones sindicales para formar un gran frente unitario contra las
gravísimas reformas de Gallardón de la Administración de Justicia) ha tenido
dos objetivos fundamentales:
Mantener la presión
para que el Gobierno dé marcha atrás en la privatización de los Registros
Civiles, decisión
consumada por el Gobierno tras la aprobación el pasado 4 de julio por el
consejo de ministros del RDL 8/2014 que los entrega a los registradores
mercantiles. Como venimos informando,
entre otras múltiples actuaciones llevadas a cabo contra esta decisión, CCOO ha
presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente
del Gobierno y el ministro de Justicia por su
actuación en esta decisión que podría vulnerar presuntamente, la ley 5/2006 de regulación
de los conflictos de intereses de los miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
ya que no consta inhibición o abstención de los mismos en la votación y la
decisión afecta a intereses directos y
a los de familiares muy próximos.
Paralizar la reforma
de la LOPJ que
pretende aprobar el Gobierno en un próximo consejo de ministros (para el inicio
inmediato de su trámite parlamentario), que crea un instrumento para permitir a
la Administración eliminar cientos de partidos judiciales y de órganos
judiciales cuando lo consideren necesario,
la dota de una herramienta legal que permitirá amortizar miles de
puestos de trabajo, no garantiza las retribuciones actuales, elimina lo
establecido en el vigente artículo 523 de la LOPJ de 2003 -que imposibilita la
movilidad forzosa fuera del municipio-, privatiza de los actos de comunicación
y ejecución con su entrega a los procuradores y, en definitiva, supondrán un
inmenso retroceso de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y
trabajadoras de la Administración de Justicia además de alejar la justicia de
la ciudadanía lo que implica un nuevo impedimento para el acceso a los
servicios públicos básicos en un estado de derecho.
Gallardón comenzó sus políticas encaminadas a adoptar
incalificables medidas de ataque a los derechos de las personas con la
imposición de la Ley de Tasas
Judiciales, que ha dejado a una inmensa mayoría de la población sin
posibilidades para acudir ante los Juzgados a defender sus derechos, continuó
con la ley de justicia gratuita que
ahonda más en esta indefensión y siguió
con la ley de jurisdicción
voluntaria que privatiza otra parte de la Administración de Justicia
al poner en manos de registradores y
notarios muchos de los procedimientos que hasta ahora eran competencia
exclusiva de Juzgados y Tribunales y ha dado la mayor vuelta de tuerca hasta el
momento con la privatización de los Registros Civiles y la reforma de la LOPJ.
Desde CCOO estamos convencidos que es posible ganar la
batalla contra las reformas de Gallardón si unimos nuestras fuerzas en un gran
frente unitario con todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración
de Justicia. Solo aquellas organizaciones que tengan otros intereses distintos
a la defensa de los derechos y condiciones laborales del personal de la
Administración de Justicia, pueden no querer la unidad contra estas gravísimas
reformas.
CCOO va a mantener e incrementar las
movilizaciones, y va a seguir llamando a la creación de ese gran frente común,
mientras no logremos revertir la privatización de los Registros Civiles y que
la reforma de la LOPJ recoja sin ambigüedades, o redacciones imprecisas, todos
los derechos del personal de la Administración de Justicia, el mantenimiento de
todos los partidos judiciales y órganos judiciales, incluidos los Juzgados de
Paz, la garantía de las retribuciones actuales y de todos los puestos de trabajo
y la prohibición expresa a la movilidad forzosa.
Al final del acto de la apertura del año judicial y a
su salida, los delegados y delegadas de CCOO reclamaron al nuevo secretario general del
PSOE un compromiso expreso de que su partido derogaría la privatización de los
Registros Civiles si gobiernan, que su
grupo parlamentario votará en contra de la reforma de la LOPJ mientras no se
garanticen, con una redacción que no
admitan interpretaciones, todos nuestros derechos. Pedro Sánchez, ante los medios
de comunicación se ha comprometido a todo ello así como a reunirse en los
próximos días con una delegación de CCOO, reunión en la que la exigiremos que
estos compromisos sean recogidos de forma efectiva.
http://www.fsc.ccoo.es/defiendelopublico/Inicio:679978--CCOO_protesta_contra_el_desmantelamiento_de_la_Justicia_en_la_apertura_del_ano_judicial
http://www.fsc.ccoo.es/defiendelopublico/Inicio:679978--CCOO_protesta_contra_el_desmantelamiento_de_la_Justicia_en_la_apertura_del_ano_judicial
No hay comentarios:
Publicar un comentario