La Escuela de Verano del Poder Judicial, celebrada en Pazo de Mariñán (Bergondo, La Coruña) la pasada semana, ha reabierto debates de gran interés en el presente judicial y que afectan directamente a los ciudadanos, como el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, el proyecto de ley de demarcaciones judiciales, muy criticada por la mayoría de los asistentes y según el cual desaparecería el partido judicial de Marchena. Manuel Ruiz de Lara, ex Juez Decano de Marchena, insistió en la “farsa” política del nuevo sistema de elección de componentes del CGPJ y, por otra parte, contestó a un diputado del PP que señaló que los medios de los que dispone la justicia son similares a los existentes en Alemania:”Acuda a los Juzgados de Marchena a comprobar el hundimiento de la sala de Vistas”, le puso como ejemplo de la abismal distancia que separa a ambos países.
Durante estos días ha tenido lugar la celebración del curso de verano de la escuela judicial, en el que se ha tratado el anteproyecto de ley orgánica del poder judicial. En la última ponencia del viernes 4 de Julio intervinieron los representantes de los grupos parlamentarios, con asistencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial Mercedes Pigem, Juan Manuel Fernández, Álvaro Cuesta.
La totalidad de los asistentes coincidieron en el rechazo al proyecto de Ley Orgánica del Ministro de Justicia, relatando las disfuncionalidades del mismo, el ataque a la independencia judicial que supone y que pone en riesgo la tutela judicial efectiva.
La supresión de partidos judiciales de pueblos, como se contempla en proyecto de ley de creación de demarcaciones en torno a cada 100.000 habitantes y que centraría en Morón de la Frontera a los partidos de Morón, Marchena y Osuna en nuestro caso, fue especialmente criticada.
Tanto es así, que incluso el consejero de Justicia del Gobierno de Aragón y el de Galicia, ambos curiosamente del mismo color político que el gobierno, relataron que la supresión de partidos judiciales suponía un evidente retroceso en los derechos de los justiciables que no sólo se veían obstaculizados por tasas judiciales sino por el desplazamiento de sedes a capitales de provincia o ciudades mayores, con los consiguientes perjuicios para la economía de pueblos, despachos de abogados de pueblos, y gastos para quienes decidiesen acudir a ejercer sus derechos ante los tribunales.
En este sentido, ya en su día los cuatro partidos políticos de nuestra localidad se mostraron de acuerdo en rechazar la propuesta de supresión de los partidos judiciales.
Otro de los caballos de batalla fue el ataque al que se está viendo sometida la independencia judicial, cuestión de la que el país está llena de ejemplos, pero que los políticos de distintos signos parece que no quieren ver.
El diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto Iglesias, defendió la elección de los vocales del CGPJ por los políticos como un “medio necesario para controlar a la Judicatura”. Despachado a gusto Iglesias, el diputado del PSOE Julio Villarrubia justificó que el CGPJ debía ser el “reflejo de la soberanía popular y que debía expresar el “pluralismo político”.
En los mismos términos se pronunció el diputado José Miguel Castillo Calvín del Partido Popular, que protagonizó uno de los momentos de mayor perplejidad entre los asistentes a esta Escuela de Verano Judicial, llegando a defender la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, afirmando textualmente que “en cuanto a número de Jueces y a funcionarios al servicio de la administración de justicia, España está al nivel de Alemania y que por tanto que la Justicia no funcionase no sería culpa precisamente de carencia de medios”.
Ante las surrealistas manifestaciones en el turno de intervenciones, el Magistrado de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, Manuel Ruiz de Lara, anterior Juez Decano de Marchena, interpeló a los ponentes y les manifestó, que si bien no pretendía dudar de la independencia de los actuales vocales del CGPJ (resaltando que alguna de las iniciativas que habían adoptado merecía ser alabada), la reforma del sistema de elección del CGPJ partía de la conculcación del pacto de legislatura con la ciudadanía por el Partido Popular, que llevaba en su programa la elección por los jueces.
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Ruiz de Lara afirmó que “no resultaba creíble que los políticos elijan a Magistrados o Jueces que pudiesen dictar resoluciones desfavorables para sus intereses partidistas (Casos de Mercedes Alaya, Pablo Ruz etc....)” y que el sistema obedecía a “una enorme farsa creada para controlar el órgano de gobierno de la judicatura”, además de que soslaya la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 que recomendaba como medio más adecuado para garantizar la independencia judicial que los 12 vocales judiciales del CGPJ fuesen elegidos por los jueces, resultando según esta Sentencia el sistema más acorde con el espíritu constitucional.
El Magistrado Ruiz de Lara manifestó así mismo su sorpresa ante las manifestaciones del diputado Castillo Calvín y le recomendó a él y a los demás políticos que acudiesen a su anterior destino: “Vayan al Juzgado de Marchena para que comprueben el hundimiento de la sala de vistas, o a cualquiera de los Juzgados en los que trabajamos cada día, desconozco si eso se produce también en Alemania”, le comentó el anterior Juez Decano, que ya en su día expuso que en Alemania existen 20 jueces por cada 100.000 habitantes, el doble que los 10 por cada 100.000 en España, donde se concentran el triple de políticos proporcionalmente que en el país germánico.
Olabarría (PNV), en esta plena carrera del disparate de declaraciones políticas, le invitó al Juez a ‘hacer de albañil’, respondiéndole en un tono jocoso y poco elegante que fuese el propio Magistrado Ruiz de Lara quien acudiese a arreglar las instalaciones de su anterior Juzgado y tachó su intervención como “propia de quien está en contra de la soberanía popular”.
El diputado del PSOE, Julio Villarrubia, afirmó que trataría de convencer al Magistrado dado que el sistema de elección de vocales del CGPJ por las Cortes era necesario para el control parlamentario de la Judicatura. En el mismo sentido se volvió a pronunciar el diputado de IU Ricardo Sixto Iglesias.
Posteriormente el diputado Castillo Calvín del Partido Popular se acercó y le manifestó al Magistrado Ruiz de Lara que en realidad ellos estaban a favor de que los vocales judiciales fuesen elegidos por los jueces, pero que habían hecho lo contrario en aras del consenso y que aún así no lo habían logrado.
Sin lugar a dudas, unas jornadas interesantes, aunque sea tristemente, por comprobar cómo se evidencia que ni los palos electorales recientes ni la realidad diaria de la ciudadanía, despiertan de la nube de los sueños a estos políticos que con sus intervenciones reflejaron una vez más su falta de cercanía no ya sólo a los ciudadanos y a los serios problemas agravados por las condiciones del funcionamiento y nuevas legislaciones judiciales, sino a los propios profesionales de la justicia.
En virtud de sus mayorías absolutas o en algún caso de su propia condición de políticos profesionales o profesionalizados, una vez más y por lo que se aprecia en estas declaraciones, volvieron a protagonizar un bochornoso espectáculo, tratando con la punta del pie, ya no a la inteligencia, sino al sentido común de los ciudadanos.
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