Ayer tuvo lugar la
reunión de la mesa de negociación sobre el Registro Civil y las condiciones
laborales de los trabajadores y trabajadoras, que continuará el próximo martes 29 de julio.
CCOO NO
RENUNCIARÁ A CONSEGUIR QUE EL GOBIERNO RETIRE SU DECISIÓN DE PRIVATIZAR EL
REGISTRO CIVIL Y REITERÓ SU ROTUNDA OPOSICIÓN A LA PRIVATIZACIÓN DE ESTE SERVICIO
PUBLICO.
EL
MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE SIN GARANTIZAR TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE
ACTUALMENTE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE REGISTRO CIVIL Y AFIRMA TAJANTEMENTE QUE NO
PUEDE OBLIGAR A LAS CCAA CON COMPETENCIAS A MANTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO
ACTUALMENTE EXISTENTES.
Madrid, 22 de julio de 2014
El Ministerio de Justicia ha afirmado rotundamente que no
iba a discutir el modelo de Registro Civil y su privatización, y solo discutiría
sobre la redacción de la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 20/2011 partiendo
del texto que había remitido unos días antes. No obstante, CCOO ha vuelto a denunciar la entrega a los Registradores Mercantiles de
la gestión del Registro Civil supone la privatización de un servicio público y,
además de la huelga convocada por CCOO para el día 8 de octubre, seguiremos luchando
con todos los medios sindicales a nuestro alcance, incluidas las acciones legales (civiles y penales) que estimemos
oportunas, para evitar que esta ley
cercene aún más los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y
trabajadoras y propine un nuevo ataque a la ciudadanía.
CCOO ha
rechazado de plano el texto propuesto por el ministerio pues el mismo no asegura todos y cada uno de los puestos de
trabajo existentes a día de hoy, no garantiza que, como mínimo, se seguirán percibiendo las mismas
retribuciones, y tampoco garantiza que, en ningún caso, habrá movilidad
geográfica.
El ministerio sigue afirmando, con palabras exclusivamente, que
en su ámbito de gestión, se compromete a que todo el personal (titular e
interino) tendrá un puesto de trabajo, pero reconoce que no puede garantizar el
de las CCAA con competencias pues una vez más se justifica con no poder
interferir en sus competencias. Sin embargo el Subsecretario de Justicia es
incapaz de garantizar con hechos para su ámbito de competencia todos los
puestos de trabajo, las retribuciones y la localidad de origen, y es por ello
por lo que
CCOO ha exigido que en el texto debe aparecer sin ningún género de dudas:
- Que, en los órganos judiciales
y fiscales de cada localidad donde actualmente hay un Registro Civil
exclusivo, se incrementarán las plazas de cada cuerpo, en número igual o
superior a las plazas que actualmente compone la plantilla de los RC
exclusivos. En el caso del Registro Civil Central el incremento de plazas deberá
hacerse en los Órganos Centrales de Madrid capital.
Además, ese incremento de plantillas
deberá ser negociado con las organizaciones sindicales, pues es totalmente inasumible
para CCOO
que el ministerio pretenda reubicar a estos trabajadores en plazas ya vacantes,
ya que de ser así se estarían perdiendo (amortizando)
plazas en la Administración de Justicia a efectos de concursos, oposiciones…
- Que todos los funcionarios que
actualmente están destinados en los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados Paz,
quedarán destinados
automáticamente en la oficina judicial de paz de la misma localidad, que el ministerio dice que se
crearán, y que CCOO exige que se reconocerán expresamente como
centro de destino en el art. 622 de la LOPJ y la Disposición Transitoria
12ª de la misma.
- Que en ningún caso habrá cambio de municipio para ningún trabajador
que preste servicios en un registro civil y para CCOO sólo se garantizará esta
cuestión si se incluye en el art. 624 de la LOPJ nuestra enmienda “en ningún caso supondrá cambio de municipio” siempre que se respeten, además,
todos y cada uno de los actuales partidos judiciales, cuestión ésta que
con el Anteproyecto de LOPJ hoy por hoy, no está garantizado en
absoluto.
El ministerio ha manifestado que los destinados en Juzgados
de 1ª Instancia o mixtos con funciones de registro civil seguirán destinados en
dichos juzgados, y si fuese necesaria una reordenación posterior, se respetará
la localidad, precisamente por esta cuestión, para CCOO es imprescindible que se
recoja en el art. 624 de la LOPJ que la reordenación de efectivos “en ningún caso supondrá cambio de municipio”
y además CCOO
ha exigido al ministerio que aporte todas las plantillas de cada juzgado con
competencias de registro civil de todo el Estado, (incluidos los Registros
civiles únicos y el Registro Civil Central) para poder concretar in situ la situación
en la que quedarían los trabajadores.
El ministerio tampoco se ha comprometido claramente a crear
tantas plazas como las existentes en los Registros civiles únicos de su ámbito de gestión y en el Registro
Civil Central (cuyas funciones en este último caso serán asumidas por el futuro
registro civil y mercantil de Madrid).
Pese a la
insistencia de Comisiones Obreras con las Oficinas judiciales de Paz, el
ministerio vuelve a responder con vaguedades y a no concretar si serán centro
de destino en iguales condiciones que los actuales Juzgados y Agrupaciones de Juzgados
de Paz y si absolutamente todos los destinados en ellos estarán destinados
también en las referidas Oficinas, el
ministerio da la callada por respuesta.
Ante esta dinámica y puesto que el ministerio ya había
anunciado que tendríamos una nueva reunión para la semana próxima, pues el
trámite de enmiendas se cerraría la primera semana de septiembre (y no como
había dicho en la reunión informativa anterior que se cerraría hoy mismo), el
ministerio ha conminado a las organizaciones sindicales a remitirle nuestras
propuestas por escrito y que, una vez estudiadas, volvería a remitir una nueva
redacción de la referida Disposición Transitoria, pero ya anuncia que va a ser
difícil que pueda recoger todo lo que las organizaciones sindicales proponemos.
Ante las dudas que plantea el propio ministerio sobre la extensión de la
propia redacción de la Disposición Transitoria que, según él, debiera ser una
norma marco de mínimos para abrir un proceso posterior de negociación en cada
ámbito, CCOO le ha puesto encima de la mesa una
sencilla redacción que englobaría todo lo que venimos exigiendo:
“En
aplicación de esta ley permanecerá inalterable el número de puestos de trabajo
de cada cuerpo de funcionarios de la Administración de Justicia existente en la
actualidad en cada localidad del Estado y ningún trabajador o trabajadora
titular ni interino verá disminuidas las retribuciones que actualmente percibe
por cualquier concepto, incluidas las indemnizaciones por servicio de guardia,
ni podrá ser obligado a cambiar su localidad de destino."
Con esta redacción se salvaguarda todos y cada uno de los
aspectos (no amortización de plantillas, iguales retribuciones y localidad de
destino) que venimos exigiendo tanto para el territorio ministerio como para
las CCAA con competencias, pero el
Ministerio ha sido incapaz de aceptarlo en ese momento, lo que nos lleva a dudar
sobre cuáles son sus verdaderas intenciones pues hasta el momento ni en la LOPJ
ni en la reforma del Registro civil se garantizan absolutamente los derechos de
los trabajadores, por lo que de mantener esta posición, CCOO
seguirán adelante con la movilización prevista para el próximo otoño a la que
llamamos a todos los trabajadores/as y a todas las organizaciones sindicales
pues el ministerio nos demuestra una y
otra vez que una cosa es lo que dice y otra muy distinta lo que está dispuesto
a poner por escrito.
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