Reunión informativa,
y no de negociación como había exigido CCOO, convocada por el subsecretario de Justicia
sobre los Registros Civiles, que finaliza con su despótica afirmación de dar
una semana para negociar las condiciones en las que quedará el personal allí
destinado.
CCOO HA
REITERADO AL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA QUE EL GOBIERNO DEBE RETIRAR SU DECISIÓN
DE PRIVATIZAR LOS REGISTROS CIVILES Y ABRIR UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN QUE HA
ELUDIDO DESDE QUE, EN OCTUBRE DE 2012, EL GOBIERNO EMPRENDIERA SU CAMINO HACIA
LA PRIVATIZACIÓN QUE HA NEGOCIADO DURANTE MESES EXCLUSIVAMENTE CON LOS
REGISTRADORES.
CCOO LE CONMINA A
INCLUIR EN LA REFORMA DE LA LOPJ LA GARANTÍA ESCRITA DE QUE TODOS LOS
PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DESTINADOS EN
CUALQUIER REGISTRO CIVIL DE ESPAÑA (INCLUIDOS LOS JUZGADOS DE PAZ) SE
MANTENDRÁN TRAS LA REFORMA.
El
subsecretario de Justicia ha contestado taxativamente a CCOO que no va a garantizar los
puestos de trabajo del personal de los Registros Civiles destinado en las CCAA
transferidas.
Y
respecto al personal no transferido, el subsecretario de Justicia no ha sido
capaz de responder con claridad a CCOO, porque ha
sido incapaz de explicar las garantías que introducirá en la ley para asegurar
el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo que se
perderán en los Registros Civiles con esta insensata e injusta decisión del
Gobierno.
Las
explicaciones del subsecretario de Justicia en la reunión, definida por él mismo
como meramente informativa, tras más de 18 meses en que el ministro Gallardón
ha insistido en la privatización de los Registros Civiles y negociado
exclusivamente con los registradores, han sido para justificar los motivos de
esta decisión del Gobierno. Detallamos sus afirmaciones hoy:
·
Según el
subsecretario, el Registro Civil seguirá siendo gratuito.
·
Afirma que los datos
privados seguirán igualmente protegidos como hasta ahora.
·
Dice que la
plataforma tecnológica se pagará a cargo de los registradores mercantiles.
·
Mantiene que la
cobertura territorial con los registradores mercantiles será mejor que la
prevista en la Ley 20/2011.
·
Según el
subsecretario, donde no exista oficina de registradores mercantiles, las
notarías podrán ejercer esa función de forma gratuita y si no es posible, esa
función la harán las oficinas de Paz que se creen con personal del cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa.
·
Está seguro que las
AAPP no asumirán costes con esta decisión.
·
El Ministerio de
Justicia afirma que incluirá en la LOPJ otras funciones para las oficinas de
Paz, cuestión que venía siendo demandada de forma insistente por CCOO, como
información al ciudadano de sus derechos y estado concreto sobre las
actuaciones de la que es parte, funciones de orientación a las víctimas,
recepción de escritos en los que no sea preceptivo el procurador, actos y
comparecencias mediante videoconferencias, labores de apoyo en mediación. La
expresión que en el régimen transitorio las plazas de las oficinas de paz serán
ocupadas por personal de cuerpo de Gestión, no garantiza el mantenimiento de
todas las plazas de todos los cuerpos de los actuales Juzgados de Paz.
·
Asegura que con su
proyecto que privatiza los Registros Civiles, disminuirán de forma importante
tanto las inscripciones, como las certificaciones como los expedientes de
nacionalidad.
CCOO ha contestado al subsecretario sobre estas
afirmaciones:
Que
el Ministerio de Justicia es incapaz de garantizar la gratuidad del Registro
Civil y en breve, el gobierno incrementará los aranceles o los impuestos a los
ciudadanos o lo pagarán los usuarios directamente. Además, se pone en riesgo la
privacidad y confidencialidad de datos especialmente protegidos cuando pasan a
ser gestionados por personal de un ámbito privado.
Para
CCOO
el subsecretario ha sido incapaz de explicar cómo va a poder obligar a los
registradores mercantiles a asumir un coste, como el de la plataforma
tecnológica, de ese calado por imposición, y le hemos acusado de falsedad
cuando afirma que la cobertura con la privatización será mejor, pues con la
actual estructura de los Registros Civiles servidos por personal de la
Administración de Justicia, la cobertura es inmensamente mayor.
CCOO le ha instado también a que garantice con meridiana
claridad que la plantilla de cada
oficina de Paz contará con todo el personal, y de todos los cuerpos,
actualmente existente en cada Juzgado o Agrupación de Juzgado de Paz. Asimismo,
CCOO
ha exigido que esta garantía se introduzca en la LOPJ.
CCOO ha reprochado al subsecretario que si Gallardón
hubiera puesto a disposición del personal de la Administración de Justicia los
medios tecnológicos que va a facilitar a los registradores mercantiles para
materializar la privatización del Registro Civil, la situación de este servicio
público habría mejorado exponencialmente.
Además,
el subsecretario ha afirmado:
·
Que la ley que
tramitará el Congreso a partir de septiembre, procederá a la creación de un
Archivo en cada Comunidad Autónoma en dónde se agruparán todos los libros de los
Registros Civiles actuales de su territorio, transformando edificios de
Registros Civiles exclusivos actuales en Archivo. Del traslado de los libros y
su mantenimiento en el archivo se encargarán las CCAA y de la gestión del
archivo se encargarán los registradores mercantiles.
·
Que los Registros
Civiles únicos o exclusivos seguirán funcionando hasta el 31 de diciembre de
2016, en que finalizará el período transitorio de puesta en marcha de la
plataforma electrónica.
·
Que no corresponde a
la mesa sectorial negociar el proyecto de ley de los Registros Civiles que
sustituirá a la Ley 2011, una vez que el RDLey 8/2014 (aprobado por el Gobierno el 4 de julio y que ya ha sido
convalidado por el Parlamento con los únicos votos del PP) se transforme en
proyecto de ley a partir del mes de septiembre.
·
Y lo más escandaloso,
el subsecretario ofrece con un desparpajo intolerable, dando un plazo de solo 7 días no ampliables,
convocará mesa sectorial para negociar
una disposición transitoria (semejante a la disposición transitoria 8ª de
la ley 2011) sobre el estado en que quedará el personal de la Administración
de Justicia destinado actualmente en los Registros Civiles del ámbito no
transferido. Porque al resto del personal, el destinado en las CCAA
transferidas, ya ha afirmado que no les garantiza los puestos de trabajo. Y la
propuesta la remitirá mañana 16 de julio. CCOO ha apoyado la propuesta
de CIG de que dicha negociación puede demorarse tanto como sea necesario porque
puede ser introducida en cualquier ley en trámite parlamentario, ya que, según
las afirmaciones del subsecretario, la ley en su conjunto tardará dos años en
entrar en vigor completamente.
Además
de refutar cada una de las manifestaciones del subsecretario de Justicia, CCOO ha presentado
también en la reunión:
1.
Vamos a continuar
ejerciendo todas las acciones legales y sindicales que consideremos necesarias
para impedir la privatización de los Registros Civiles, manteniéndose la
convocatoria de Huelga que contra el desmantelamiento de la Administración de
Justicia tenemos convocada para el día 8 de Octubre.
2.
Vamos a hacer todo lo
posible para que las instituciones o personas, que están facultadas por la
constitución para presentar recurso de inconstitucionalidad contra esta
privatización, lo presenten.
3.
Estamos estudiando la presentación
de las acciones legales en los campos que sean oportunos, contra todos aquellos
miembros del Gobierno que pudieran haber incurrido en actuaciones presuntamente
ilegales participando en la decisión colegiada del Gobierno para privatizar de
los Registros Civiles
4.
Vamos a exigir por
escrito que la negociación de la disposición, sobre cómo va a quedar el
personal de los Registros Civiles tras la privatización, no se cierre hasta que
el trámite parlamentario llegue a su fin, con el objeto de lograr garantizar el
100% de todos los empleos actualmente existentes en toda España. Denunciamos
que Gallardón pretende reírse de los trabajadores/as al dar un plazo de 7 días para negociar lo que para los registradores se ha llevado
a cabo durante más de 18 meses.
5. Vamos a exigir por escrito que todo el personal
destinado actualmente en los Registros Civiles, cualquiera que sea su destino
actual, en Registro Único, o en Registro con tareas compartidas con las
jurisdiccionales, o en Juzgado o Agrupación de Juzgado de Paz, y sea cuál sea
el ámbito territorial en el que se encuentre destinado, tenga garantizado su puesto de trabajo. Y para ello, debe introducirse en norma
legal de obligado cumplimiento para todas las CCAA, como la LOPJ, esa garantía.
6.
No vamos a aceptar
tampoco que los Registros Civiles sean privatizados por las consecuencias que
seguimos asegurando van a sufrir todos los ciudadanos, pues el subsecretario de
Justicia ha sido incapaz de garantizar que sus derechos se van a respetar.
CCOO hace un llamamiento de nuevo a todas las organizaciones sindicales para
que apoyen nuestra exigencia al Ministerio de Justicia para que se introduzca
en la reforma de la LOPJ la garantía de que todos los puestos de trabajo
de las personas destinadas en cualquiera de los Registros Civiles de toda
España y de los Juzgados y Agrupaciones de los Juzgados de Paz, de cualquier
cuerpo, tengan garantizado sus puestos de trabajo, sean titulares o interinos.
Y ese emplazamiento
incluye que no suscriban ningún documento con el Ministerio de Justicia que no
contenga esta garantía, porque estarán dando un cheque en blanco a la
Administración para amortizar cientos de puestos de trabajo.
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