HOJA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA DECISION DE LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL POR PARTE DEL GOBIERNO
El consejo de ministros del 4 de julio aprueba
la privatización de los registros civiles mediante un Real Decreto Ley y lo
publica en el BOE de 5 de julio
CCOO RESPONDERÁ CON LA MÁXIMA CONTUNDENCIA
ANTE LA DECISIÓN DEL
CCOO acusa a Gallardón de fraude y ultraje a la ciudadanía por encomendar el
servicio público del Registro Civil a los Registradores Mercantiles que
supondrá un grave perjuicio para millones de españoles
Madrid
a 5 de julio de 2014
- Los datos
privados de todos los ciudadanos dejarán de estar gestionados por
funcionarios públicos.
- Desaparecerán
todos los Registros Civiles
- Habrá que
pagar por la tramitación de numerosos expedientes (matrimonios civiles,
nacionalidad, etc) y posiblemente en el futuro por determinadas
inscripciones y certificaciones.
- Se perderán
cerca de 4000 empleos públicos
- Miembros del
Gobierno podrían estar incurriendo en un presunto delito de
tráfico de influencias (art. 428 Código Penal) o negociaciones prohibidas a funcionarios (art. 439 Código Penal),
además de incurrir en presuntas responsabilidades en relación con lo que
se deriva de lo regulado en la ley 5/2006 de de regulación de
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de
El Consejo de Ministros tras aprobar la modificación
de la Ley 20/2011
de Registro civil, mediante un Real Decreto Ley, lo ha publicado en el BOE de 5
de julio, inmerso en un texto de 170 páginas con medidas que afectan a 8 ministerios,
y dedicando tan solo seis disposiciones adicionales a la privatización de los
Registros Civiles.
Nuevamente Gallardón actúa de espaldas a millones de personas y sin
contar con los derechos de más de 45.000 trabajadores/as de la Administración de
Justicia. Y actúa con cobardía, no da la cara, e impide cualquier debate contra
su actuación injusta, en
defensa de intereses de una exigua minoría y contra
los derechos de millones de personas
Lo publicado en el BOE incluye una disposición adicional que prórroga la ley hasta julio de
2015 (a pesar de que los máximos
responsables del Ministerio de Justicia habían anunciado días atrás que la
prórroga sería hasta julio de 2016) y el anuncio de una posterior norma que
modificaría la ley 20/2011.
Para CCOO este Real Decreto Ley es:
1.- Un atentado de enormes consecuencias
y de extrema gravedad contra los derechos de la ciudadanía y contra el empleo
en la Administración de Justicia.
2.- Porque dicho Real Decreto Ley ha
sido impuesto sin ninguna negociación con los representantes de los
trabajadores/as afectados y tampoco tiene en cuenta los derechos de millones de
personas que deben acudir a los Registros Civiles de forma obligatoria.
3.- Porque diga lo que diga Gallardón no
se asegura ni la gratuidad ni el empleo de la Administración de Justicia.
4.- Porque pone en manos de empresas
privadas (que los Registradores Mercantiles accedan mediante oposición a su
condición, no significa de ninguna manera, como expresan las sentencias de la
UE, que sean funcionarios públicos) la gestión de millones de datos privados de
las personas, que atentan, desde nuestro punto de vista, a todos los mecanismos
legales que lo regulan de protección de datos.
Gallardón con esta actuación, opaca y
oscura, y que se lleva a cabo formalmente en seis disposiciones adicionales
(con una inserción de pocos párrafos en la exposición de motivos), demuestra el
desprecio hacia los 45000 trabajadores de la Administración de Justicia y sus
derechos, y que es ministro de Justicia con el único objetivo de suprimir los
servicios públicos y el acceso a los mismos de la ciudadanía en igualdad de
condiciones, como exige el Estado de Derecho, o al menos de lo que queda de
éste, porque cada día nos encontramos con más y más ataques al mismo.
5.- Para CCOO este Real Decreto Ley es
claramente inconstitucional, y ya estamos estudiando las actuaciones, no solo
sindicales, sino jurídicas, para paralizar esta norma publicada en el BOE.
Recordamos que para presentar recurso de inconstitucionalidad contra una ley (y
un RDL tiene rango de Ley) solo pueden hacerlo: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, o 50
senadores, las Asambleas Legislativas y los órganos ejecutivos colegiados
(Gobiernos) de las Comunidades Autónomas.
Para CCOO tampoco existe la urgente
necesidad de aprobar esta intolerable decisión por Real Decreto Ley, una vez
que se ha prorrogado la vigencia de la Ley 20/201 por la Disposición Adicional
19, y más cuando el Ministerio de Justicia anuncia que en breves fechas se
presentará un proyecto de ley de modificación de la propia Ley 20/2011.
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