Distintas organizaciones representativas de la provincia se reúnen en la sede de CCOO de Sevilla para impulsar una Plataforma contra el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta Judicial que suprime los juzgados de las localidades y los centraliza en la capital, obligando a la ciudadanía a trasladarse a Sevilla capital. Igualmente pretenden privatizar los Registros Civiles.
Con la presencia de asociaciones de vecinos (FP de AAVV, FEVES), consumidores y usuarios (FACUA, UCE, HISPALIS), asociaciones profesionales y judiciales (ADAIS, ADJP-FEDEAJUPA), y sindicatos (UGT y CCOO) de Sevilla y su provincia, se ha dado el primer impulso para la constitución de una Plataforma contra la contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de Ley de Demarcación y Planta Judicial y de Ley del Registro Civil del Gobierno del PP, que dejará sin juzgados ni registros civiles a las localidades de la provincia para su centralización en la capital.
En la reunión se ha coincidido en la agresión que supone para la ciudadanía este nuevo giro de tuerca privatizador de los servicios públicos, en este caso del servicio de Administración de Justicia, que socava el principio de independencia judicial y el de inamovilidad de los jueces y magistrados, y tiene un grave tufo de inconstitucionalidad atentando contra los artículos 24 y 125.
Se trata de un proyecto que después de la Ley de Tasas Judiciales carga nuevamente sobre la ciudadanía encareciendo este servicio público, haciéndolo más dificultoso y lejano, incrementando artificialmente las distancias, en definitiva una carrera de obstáculos que disuadirá al ciudadano de acudir a quienes tiene el deber de proteger sus derechos y libertades.
Igualmente se criticó que continúe legislándose sin contar con la ciudadanía, máxime cuando dicho proyecto de contrarreforma de la justicia no forma parte del programa electoral del PP y conlleva la desaparición de los juzgados y registros civiles, la falta de medidas para el personal de estos servicios y el riesgo de una nueva ola de pérdida de empleo público, la creación de una justicia para ricos, además de suponer un grave impacto económico en cada una de las localidades en las que desaparecen estos órganos jurisdiccionales (pérdida de profesionales, consumo de las personas que van a los juzgados, etc.).
Se valoró que el proyecto del Gobierno aboca a un modelo indefinido, inseguro, costoso e inacabado, que confronta con las inversiones que se vienen realizando en equipamientos de nuevos edificios judiciales y con el modelo de oficina judicial que hasta ahora se venía implantando, poniendo en riesgo el fin y el propósito de las inversiones realizadas, a pesar haberse ejecutado con mucho esfuerzo con motivo de la grave crisis que se viene atravesando.
En definitiva, un grave atentado al derecho de tutela judicial efectiva en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla y su provincia.
Por último, se acordó por los impulsores de la Plataforma convocar un nuevo encuentro para el próximo día 6, con el objetivo de realizar un plan de información y sensibilización dirigido a la ciudadanía, e impulsar iniciativas dirigidas a las Administraciones Públicas implicadas y ante todos los operadores jurídicos; así como ampliar la Plataforma con otras organizaciones sociales y profesionales.
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