CCOO SOLICITA AL CONSEJERO “OBJECIÓN DE CONCIENCIA” DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE SE NIEGUEN A EJECUTAR LOS DESAHUCIOS
CCOO solicita a la Consejería que se dicte normativa
que permita a los funcionarios negarse a realizar diligencias de lanzamiento que
estén enmarcadas en las circunstancias previstas en la Ley “anti-desahucios”;
eximiéndoles en estos casos de la posible responsabilidad disciplinaria.
En la petición de CCOO a De Llera
se recoge que “decenas de funcionarios de la Administración de Justicia
destinados en los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución de
Andalucía o en los juzgados de las localidades donde no existen estos servicios
comunes se ven obligados a diario a aplicar la injusta normativa legal vigente
en materia de desahucios expulsando, en cumplimiento de sus funciones y de las
órdenes de sus superiores, a familias que se ven abocadas muchas veces a
situaciones extremas de exclusión social y marginalidad”
Además, los empleados públicos de
la Administración de Justicia obligados a ejecutar los lanzamientos se ven
sometidos en materia de salud laboral a factores de riesgos psicosociales
extremos, catalogados por las propias administraciones públicas en multitud de
documentos y normativas. Padecen un conflicto psicosocial al tener que llevar a
la práctica actuaciones que consideran manifiestamente injustas y fácilmente
evitables lo que puede influir negativamente en su salud.
Por último, se añade el “riesgo
físico de agresiones por parte de ciudadanos lógicamente indignados que no
siempre pueden discernir entre la ley y su ejecutor y que pueden pagar su
justificada
desesperación con el mensajero que no tiene más remedio que
llevar a la práctica las resoluciones judiciales so pena de incurrir en faltas
disciplinarias o incluso en delito”.
Este riesgo físico se ha consumado, al menos en una ocasión, en el
pasado mes de diciembre, cuando una funcionaria del Servicio Común de
Notificaciones y Embargos de Sevilla ha resultado lesionada en una disputa que
se produjo entre las fuerzas de orden público y la ciudadanía durante la
práctica de una diligencia de lanzamiento.
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