Tras
la iniciativa de CCOO tomada en el mismo momento
en que conocimos la decisión del Gobierno, hoy, 18 de febrero, han comenzado las
reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados con el
objeto de lograr el máximo consenso parlamentario en contra de la decisión del
Gobierno de privatizar los registros civiles.
CCOO SE REÚNE CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA IZQUIERDA PLURAL QUE NOS TRASLADA QUE COMPARTE LA POSICIÓN DE RECHAZAR LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES. TAMBIÉN EXIGIRÁN AL GOBIERNO LA RETIRADA DE DICHA DECISIÓN
EL GRUPO DE LA IZQUIERDA PLURAL PRESENTA UNA PRIMERA INICIATIVA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EXIGIENDO LA COMPARECENCIA DE GALLARDÓN Y SUSCRIBIENDO EL 17 DE FEBRERO VARIAS PREGUNTAS AL MINISTRO DE JUSTICIA SOBRE LOS REGISTROS CIVILES
CCOO ha comunicado al resto de organizaciones sindicales representativas la necesidad de que se incorporen a las próximas reuniones ya solicitadas con los restantes grupos parlamentarios, y que seguirán celebrándose desde esta seman
CCOO adoptó, la misma tarde de
la semana pasada en que conocimos que el Ministro Gallardón había decidido privatizar
los registros civiles, la decisión de, entre otras medidas, dirigirnos de forma
urgente a los grupos parlamentarios con el objeto de constituir el máximo
consenso parlamentario contra dicha decisión.
Para ello, CCOO formalizó hace unos días carta dirigidas a
todos los grupos parlamentarios sin excepción para lograr dicho objetivo.
El primer grupo que de inmediato nos ha recibido ha
sido el grupo parlamentario de la
Izquierda Plural que ha sintonizado
plenamente con la posición que CCOO le ha trasladado. El portavoz de Justicia de
La Izquierda Plural en el Congreso, Gaspar Llamazares, nos ha trasladado que
comparte íntegramente nuestra oposición a la privatización de los registros, mediante
su entrega a los registradores de la propiedad. Porque esta privatización
conllevará el tratamiento de datos especialmente protegidos por la ley orgánica
de protección de datos personales por personal privado, la pérdida de alrededor
de 3.500 empleos directos en el conjunto de los registros civiles (Registros
civiles exclusivos, registros en órganos de jurisdicción civil o mixta y
Juzgados de Paz) y un obstáculo para la ciudadanía que no vive en las grandes
ciudades para acceder a la Administración de Justicia.
Además, Gaspar Llamazares nos informa que ya ha
presentado dos iniciativas parlamentarias en este sentido: La primera, la
solicitud de comparecencia de Gallardón para que responda sobre esta decisión y
la segunda, interpelación al ministro de Justicia sobre cuestiones derivadas de
esta privatización, que os adjuntamos a esta nota informativa.
Asimismo, esta mañana en reunión celebrada por los
sindicatos CCOO,
CSIF, STAJ y UGT para establecer un frente común contra la decisión de
Gallardón, hemos acordado también:
·
Mantener las concentraciones que desde hace más de un mes viene
convocando CCOO
en solitario todos los jueves ante los registros civiles, a la que se
incorporarán a partir de ahora los demás sindicatos.
·
Preparar un calendario de acciones de la máxima contundencia sin
descartar ninguna medida de presión para parar esta privatización:
manifestaciones, actos de protesta en dónde comparezca el ministro Gallardón,
impulsar el apoyo de la sociedad con actos de información a la ciudadanía.
·
Dirigirnos a la Federación Española de Municipios y Provincias buscando acordar
con los alcaldes de los ayuntamientos una estrategia común para impedir la
privatización de los registros civiles.
·
Hacer llegar al Colegio de Registradores que deben rechazar la gestión
de los registros civiles porque la privatización rompería el consenso social,
parlamentario y de los trabajadores y trabajadoras, que se ha mantenido con la
actual gestión pública y gratuita durante años.
·
Impulsar todos los contactos con las organizaciones ciudadanas, con las
organizaciones de consumidores y usuarios, con todos los colectivos de la
Administración de Justicia que rechazan dicha privatización, y especialmente
con la Plataforma Justicia para todos.
·
Exigir al ministro de Justicia, como viene haciendo CCOO de manera continua durante los
últimos meses, que retire la decisión de privatizar los registros civiles.
Reclamamos a Gallardón que
dé la cara ante los trabajadores y trabajadoras y ante la ciudadanía, que
convoque una reunión urgente y al máximo nivel con las organizaciones
sindicales mayoritarias, para que aclare los motivos que ha llevado al gobierno
a adoptar la decisión de entregar los registros civiles a los registradores,
que explique cómo pretende financiar esa privatización con cargo a los
ciudadanos, que deje de mentir y explique sus aseveraciones de que asegura el mantenimiento de los 3.500 puestos
de trabajo de los registros civiles, también en el ámbito gestionado por las
CCAA con competencias asumidas, y cómo va a garantizar la privacidad de los
datos registrales especialmente protegidos sin incumplir la ley orgánica de
protección de datos.
Además, le exigimos al
ministro de Justicia que dé las explicaciones convincentes a la ciudadanía
sobre los conflictos de intereses existentes entre la decisión de la
privatización de los registros y su entrega a un colectivo, como el de los
registradores, al que pertenecen no solo el Director General de los Registros y
del Notariado, sino también el Presidente del Gobierno, dos de sus hermanos, y
el cuñado y la nuera del ministro Gallardón.
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