Moción aprobada contra el proyecto de cierre de Juzgados y Audencias Provincial
Estimados compañeros y compañeras.
os adjuntamos unamoción presentada por el PSOE en la Diputación Provincial de Sevilla y aprobada con los votos a favor de PSOE, IU y Partido Andalucista y con el voto en contra del PP.
Grupo
Socialista
DIPUTACIÓN
DE SEVILLA
PROPOSICIÓN
AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
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D.
MANUEL DOMINGUEZ JIMENEZ,
Portavoz del Grupo de Diputados del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) en la Diputación de Sevilla, en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno de la
Corporación Provincial para su consideración, debate y aprobación,
en su caso, la siguiente
PROPUESTA
Relativa
a
RECHAZO
A LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA
|
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El
Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página
web, la Propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de
Planta Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, elaboradas
por la Comisión Institucional a la que se encomendó su redacción.
El
propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados, en el mes de mayo pasado, para
presentar un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
texto propuesto por la misma Comisión Institucional que elaboró
esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del Poder
Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma
de la demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció,
sembrando la confusión, que no hacía suyo el texto que presentaba
en sede parlamentaria abriendo así, a modo de globo sonda, un debate
artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una
Comisión de Expertos, para no asumir su directa responsabilidad.
La
propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que
formula, sigue la senda de las reformas de la administración que nos
viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los
ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos
reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector,
con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la
administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento
de los servicios públicos.
De
hecho la presentación de la propuesta se hace incumpliendo el
artículo 152.1 de la Constitución Española, además del art. 35 de
la LOPJ que obligan al Ministro de Justicia a recabar informe sobre
la propuesta a las distintas Comunidades Autónomas y contar con la
opinión de las mismas para elaborar el Anteproyecto y además a unir
luego al
Proyecto de Ley que presente a las Cámaras las propuestas
de las Comunidades Autónomas.
Pese
a que la ratio de jueces por cada cien ciudadanos es inferior en
España a la media europea, la propuesta no hace referencia tampoco
al posible incremento del número de jueces y magistrados, sino sólo
a lo contrario, su disminución como revela la Disposición
Transitoria Octava
El
Ministro afirmó el pasado 9 de julio en Valladolid, que no se
suprimirá ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo
la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de
su lectura se extrae que la “implantación del nuevo modelo
condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan
realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la
Administración de Justicia, siendo así que aquél deberá
localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las
sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas” que
estarán sólo radicadas en las capitales de provincia según se
deriva del articulado de la propuesta de Ley Orgánica del Poder
Judicial y de los Anexos de la propuesta de ley de demarcación y
planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace
la propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la
tutela judicial.
Por
tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para la
pervivencia del servicio público de la Justicia, especialmente en el
medio rural, pero afectando también al ámbito urbano, pues la
demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia,
salvo en Madrid y Barcelona. La propuesta de las Leyes de Demarcación
y Planta y Orgánica del Poder Judicial conlleva la desaparición de
los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una
pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes
administrativas.
Cualquier
propuesta que se formule, para merecer una mínima consideración,
tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras
administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de
comunicación, de tipología de la litigiosidad existente en cada
zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc. y
que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de
dotación debidamente razonadas y articuladas. El PSOE defiende el
principio de cercanía de los servicios públicos, entre ellos la
Administración de Justicia, a los ciudadanos, debiendo explorarse
las potencialidades del sistema existente, que las tiene, y su
reforma, pero no bajo la premisa de la desaparición de los partidos
judiciales y las Audiencias Provinciales.
El
Gobierno del PP se está superando día a día en autoritarismo y
soledad política. Hoy manifestamos nuestra oposición a la
reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial,
que junto con la Ley de Reforma
Local no solucionan ninguna de
las necesidades territoriales, porque no clarifican competencias, no
evitan las duplicidades, no simplifican la estructura de la
administración y sobre todo no resuelven los intereses de los
ciudadanos que viven en el medio rural.
Por
todo ello, el Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla propone
para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
- Instar al Gobierno de España a:
- Desestimar y no llevar a efecto las propuestas de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia.
- Presentar una nueva propuesta de reforma en la que en su elaboración y contenido:
- Se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren. Y la opinión de las CC.AA, tal y como expresa la Constitución Española y el art 35 de la LOPJ.
- Se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia, manteniendo de esta forma los partidos judiciales y suprimiendo que su ámbito territorial sea provincial. Dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia.
- Mantenga las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y buscando el consenso en las nuevas demarcaciones, como pueden ser los tribunales de base o primer grado.
- Implantar los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público.”
Manuel
Domínguez Jiménez
Portavoz
Grupo Socialista
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