HAY QUE COMBATIR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN Y LOS RECORTES DE LA JUNTA.
COMUNICADO NÚM. 3 – LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL
EL MINISTERIO DE JUSTICIA
QUIERE QUE SEAN LOS PROCURADORES QUIENES HAGAN LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN Y
EJECUCIÓN
En los anteriores comunicados sobre las reformas de Gallardón (Tasas
Judiciales y Registros Civiles) hacíamos referencia a la clara intención del Ministerio de Justicia y de todo el Gobierno de
adelgazar los servicios públicos (en este caso, el de la Admón. de
Justicia) mediante la estrategia de dificultar el acceso a los ciudadanos y
privatizar servicios, disminuyendo así la carga de trabajo y, con esa escusa,
destruir empleo público.
En esa línea se enmarca esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
cuyo proyecto de ley ya ha sido aprobado por el Gobierno y se encuentra en fase
de informe por el Consejo de Estado para su remisión a las Cortes.
Con la modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Civil el gobierno pretende privatizar
otra parte del servicio público de la Admón. de Justicia, de manera que
sean los Procuradores quienes realicen
los actos de comunicación y los de ejecución (con la sola excepción de los
lanzamientos). Esta posibilidad ya estaba prevista en otra modificación operada
en la LEC y ahora quedaría plasmada para su aplicación con carácter general.
Básicamente consiste en que las partes podrán optar a que las citaciones,
emplazamientos, requerimientos, embargos, paralizaciones de obra en
interdictos, etc., sean
diligencias que puedan ser realizadas por los
funcionarios judiciales o por un procurador. Con un cinismo descarado, el
anteproyecto de Ley elaborado por el Gobierno indica que los Procuradores no
podrán cobrar por la realización de estas diligencias pero, sin embargo, les
autoriza a revisar sus aranceles. ¿Quién pagará finalmente estas diligencias?
Sin duda, las partes que económicamente puedan permitírselo; es decir, habrá una posibilidad de elegir para quien
tenga dinero que no la tendrá el resto que, además, podrá encontrarse con
unos servicios públicos seriamente deteriorados por la reducción de los medios
materiales y personales que se está impulsando desde los responsables
políticos.
En el aspecto de condiciones de trabajo esta reforma anuncia efectos indeseables. Parte del trabajo que se realizan en los servicios comunes que tienen la competencia de los actos de comunicación y ejecución o bien en los Juzgados de 1ª Instancia, 1ª Instancia e Instrucción o Juzgados de Paz donde no hay servicios comunes pasará a ser realizado por los Procuradores.
Vuelve a cerrarse la ecuación: menos carga de trabajo, destrucción de puestos de trabajo, despido de interinos, procesos de movilidad funcional y geográfica, etc., etc. En este caso, además, nuevo recorte retributivo del complemento que se percibe en los servicios comunes para quien se vea afectado por su cese o traslado forzoso. Para los demás, recordamos, menos puestos para obtener en el concurso (en este caso con retribuciones complementarias especiales), menos plazas para la promoción interna;
en definitiva, nuevo recorte de derechos y expectativas profesionales.
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