HAY QUE COMBATIR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN Y LOS RECORTES DE LA JUNTA.

HAY QUE COMBATIR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN Y LOS RECORTES DE LA JUNTA.

COMUNICADO NÚM. 2 – LOS REGISTROS CIVILES

Gallardón anunció que arrancaría los Registros Civiles de la administración de justicia para entregárselos a los registradores de la propiedad y mercantiles y, en parte, a los Notarios, muchos de ellos, por cierto, parientes muy cercanos del propio Ministro o directamente colegas suyos en altos cargos del Gobierno de la Nación. Los efectos principales de esta reforma, que la presión sindical y de otros colectivos sociales ha acallado por el momento, son:

Para los ciudadanos el servicio del Registro Civil dejaría de ser gratuito. Aunque el Gobierno intente “vender la moto” todo el mundo sabe que ni registradores ni notarios mueven un dedo sin cobrar y que certificaciones y expedientes del registro civil serán finalmente pagados por quienes soliciten este servicio público, independientemente de sus posibilidades económicas. Además, el cierre de los registros civiles en los ayuntamientos pequeños o en los juzgados de paz de poblaciones con más de 7000 habitantes, dificultaría seriamente

el acceso de un grandísima cantidad de ciudadanos a este servicio público, les obligará a veces a costosos desplazamientos o a la contratación de gestorías que puedan ocuparse de los correspondientes trámites.

La situación actual de este proyecto de modificación de la Ley del Registro Civil es confusa. En la actualidad está publicada en el BOE la ley que aprobó el Gobierno de Zapatero que debería entrar en vigor en el verano de 2014. En lo sustancial, la diferencia fundamental entre ambas leyes es que la del PSOE no privatiza el registro civil sino que los traspasa de la Admón. de Justicia a la Administración General del Estado. Permitiría dicha ley que algunos de los funcionarios destinados en los Registros Civiles actualmente pudieran pasar a las nuevas oficinas, muy pocos, en cualquier caso, por lo que el grave problema de eliminación de puestos de trabajo y reducción de plantillas permanecería vigente. Es de suponer que esta ley no entrará en vigor en ningún caso pudiendo optar el gobierno bien por aprobar una nueva ley o bien por mantener la que actualmente se aplica; estaremos al tanto e informaremos de las noticias que al respecto se vayan produciendo.

Para nuestro colectivo de funcionarios de justicia, el panorama sería desolador: desaparecerían todos los puestos de trabajo de los registros civiles exclusivos; también los que se corresponden con el incremento de plantilla que tienen los Juzgados de 1ª Instancia o Mixtos que tienen asignado el registro civil; todos los Juzgados de Paz verían reducida su plantilla pudiendo llegar incluso a su cierre (también están amenazados de cierre por la propuesta de modificación de la LOPJ) en los Juzgados de Paz con plantilla más pequeña. La desaparición de estas plazas de los registros civiles nos llevaría a un proceso de reasignación de efectivos con un cese masivo de personal interino (el de los propios centros de trabajo que cierran o el que ocupa el puesto al que sería adscrito el titular afectado) y serias amenazas para la movilidad geográfica forzosa (es muy posible que no quede ningún puesto de trabajo de Gestión, Tramitación o Auxilio en muchas localidades), que ya está permitida en los planes de empleo que contempla la LOPJ tras una reciente modificación que, a todas luces, no obedeció a la casualidad. Aunque es difícil hacer una precisión concreta, en CCOO estimamos que la implantación de una reforma en el sentido anunciado conllevaría la desaparición de unos 3000 puestos de trabajo. Por si alguien piensa que esto no le afecta directamente, indicar también que serán 3000 posibilidades menos en plazas para concursar y para la promoción interna o pruebas de acceso.