CCOO
sigue demandando la paralización de los procesos de embargo de viviendas que provengan del deterioro de situaciones
económicas sobrevenidas y la reforma de la legislación hipotecaria
Considera que el decreto sobre desahucios es claramente
insuficiente y no contiene soluciones estructurales al drama social que genera
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El Real Decreto Ley no da respuesta a
muchas personas que se ven o pueden verse afectadas por la concurrencia de
una grave situación económica y una legislación hipotecaria desequilibrada e
injusta. Sigue siendo urgente adoptar medidas transitorias integrales, en
tanto en cuanto no se modifique la legislación en materia de ejecución
hipotecaria y esta medida, no puede ser otra que la suspensión temporal de
los procesos de ejecución en marcha.
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16 de
noviembre de 2012
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Para CCOO la definición
de una moratoria de dos años a colectivos de especial vulnerabilidad, no aborda
actuaciones sobre una normativa hipotecaria rígida y que favorece la
acumulación de deuda, alargando el problema más allá de la ejecución. Es
especialmente relevante el mantenimiento del elevado interés por mora que grava
enormemente las deudas contraídas y que no pueden ser atendidas. La demora
habitual
de los procesos judiciales, que no aborda esta norma, juega a favor de
la entidad financiera que va acumulando una cantidad adicional a la deuda,
inasumible para el propietario de la vivienda.
No puede mantenerse
la posibilidad de que una entidad financiera pueda: subastar primero,
adjudicarse después; una vivienda por debajo del 80% del valor de tasación
(límite máximo de valoración marcado por el Banco de España), permitiendo
eludir a las entidades financieras su responsabilidad en la inadecuada gestión
de la concesión de los préstamos.
Desde
diferentes instancias se ha cuestionado la regulación vigente y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea tiene que pronunciarse sobre la adecuación a la
normativa comunitaria del procedimiento de ejecución hipotecaria español,
aunque el informe preliminar concluye que no es compatible con la directiva
europea de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas.
El actual
problema de desahucios debe abordarse desde tres ejes de actuación: 1.-
Soluciones para los hipotecados actuales para evitar la exclusión que está
asociada a no disponer de vivienda habitual. 2.- Soluciones para los
hipotecados futuros. 3.- Garantizar el acceso a una vivienda en alquiler a un
coste asumible (sean viviendas públicas o privadas).
Se deben
articular fórmulas para la ampliación del plazo de vencimiento del crédito
(hasta 35 años) contando con un periodo de razonable de carencia ligado a la
duración de la actual crisis (por ejemplo la bajada de la tasa de desempleo por
debajo del 15%). A la vez, permitir el uso de la vivienda en régimen de
alquiler con un precio razonable que pueda ser tomado en cuenta a la hora de la
liquidación del préstamo hipotecario (alquiler con opción de compra). La suma
de medidas debe evitar en primer lugar el desahucio.
En paralelo,
el stock de viviendas públicas donde se incluyen las que están en poder de los
bancos nacionalizados y del SAREB deben poder ser alquiladas a las personas que
han perdido su vivienda bajo un sistema de alquiler social, es decir, razonable
para personas con escasos recursos. Una política pública de alquiler abriría
también el interés de promotoras y fondos inmobiliarios y otras entidades
financieras.
Es necesario
regular con claridad el procedimiento de dación en pago y el acceso de las
personas físicas en situación de insolvencia sobrevenida o riesgo inminente de
insolvencia en los términos de la legislación concursal común.
Es necesario
determinar con claridad los mecanismos de acceso al alquiler social y al parque
de viviendas disponible en manos de las entidades financieras intervenidas por
el Estado y llama la atención, como CCOO ha denunciado, que semanas después de
que el Gobierno haya eliminado la Agencia Estatal de Alquiler justificándolo
como una medida de racionalización de la estructura de la Administración, no se
determine el organismo que gestionará el parque de viviendas disponibles.
Por otro lado,
las declaraciones efectuadas desde la Comisión Europea recordando que bajo las
condiciones impuestas en el Memorando de Entendimiento suscrito para el rescate
bancario, España tiene que consultar ex ante con la Comisión y el BCE la
adopción de políticas del sector financiero que puedan tener un impacto
material en la consecución de los objetivos del programa, muestran el elevado
grado de intervención externa en nuestra economía y las consecuencias que se
derivan de ello, por mucho que el Gobierno siga empeñado en demostrar lo
contrario.
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