Lo venimos explicando
desde CCOO hace tiempo y las amenazas de Gallardón se van convirtiendo en
hechos, sus proyectos de reforma que viene anunciando desde su toma de posesión
apuntan a la privatización del Servicio Público de la Justicia, a un encarecimiento
de la misma, a medidas que sólo tienen objetivos recaudatorios y disuasorios
para el ciudadano ("tasazo" judicial), a un alejamiento de la
Justicia del ciudadano, y por ende, a la supresión de puestos de trabajo en la
Administración de Justicia y pérdida de derechos de los trabajadores.
Proyectos que se van
concretando a ritmos insospechados
(la Ley de Tasas Judiciales se ha aprobado en tiempo récord, contando con la oposición de absolutamente todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia, partidos políticos -excepto el PP- sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios, etc...).
(la Ley de Tasas Judiciales se ha aprobado en tiempo récord, contando con la oposición de absolutamente todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia, partidos políticos -excepto el PP- sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios, etc...).
Ahora, según la
información aparecida en el artículo del El País de hoy que os adjuntamos, el
próximo proyecto que pretende Gallardón –y que al parecer ya existe
anteproyecto para ser aprobado en Consejo de Ministros del próximo viernes 30-
es entregar a los Registradores de la propiedad y mercantiles los temas de
registro civil. El artículo titulado "Asalto al Registro civil" habla
de un supuesto "anteproyecto" (que no conocemos) pero solo recordamos
que la nueva Ley de Registro Civil (BOE de 21-7-2011) aún no ha entrado en
vigor pero ya se anunció que iba a ser reformada.
Recordemos que esa nueva
Ley de Registro civil aprobó la desjudicialización del registro civil y lo
ponía en manos de las CCAA y de unos Encargados del Registro civil sin
identificar. CCOO lo denunciamos ya en el 2010 con los primeros anteproyectos,
y nos movilizamos y conseguimos introducir una D.Tr. 8ª que, aunque no totalmente,
garantizaba algunos de los derechos de los trabajadores de la Administración de
Justicia.
Con este proyecto, al
parecer, Gallardón se somete a las presiones del colectivo de Registradores
–que buscan nuevos ámbitos laborales donde ejercer su profesión dado que el
negocio inmobiliario deja a muchos sin sus pingües beneficios- y de paso,
incrementará nuevamente los costes para los ciudadanos. Y los empleados
públicos seremos ¿reubicados? en otros puestos de trabajo.
CCOO denunció que la
nueva Ley de Registro Civil provocaría la amortización de más 3.000 plazas de
funcionarios, que los funcionarios interinos serían cesados y los funcionarios
de carrera serían reordenados forzosamente. Ahora, además con la reforma de la
LOPJ que introduce la movilidad geográfica incluso con cambio de municipio, el
ministerio tiene las manos libres y no necesita nada más.
Y a este proyecto, se
suman los ya aprobados como el tasazo judicial y los que vendrán que ya han
sido anunciados: la reducción de partidos judiciales, la privatización de
asuntos judiciales como las notificaciones de sentencias o las ejecuciones, la
externalización de servicios judiciales como las traducciones e
interpretaciones, las consecuencias que traerá el proyecto de “Tribunales de
instancia”,…
Y para hacer efectivos
estos proyectos, Gallardón también necesita medidas para aplicar a los
empleados públicos y la reforma de la LOPJ es uno de ellos, pero también la
reforma laboral aprobada y de la que el RD de despidos colectivos en las
Administraciones Públicas es su consecuencia directa, y la próxima reforma de
la Función Pública que podría decidir la eliminación de cientos de puestos de
trabajo y obligar a los empleados públicos a pasar a situaciones de excedencia
forzosa con un sueldo del 75% del salario base
Las medidas que adopta
este Gobierno tienen un objetivo común: el desmantelamiento de los Servicios
Públicos y con ello la desaparición de miles de empleados públicos. La Justicia
no va a ser menos y Gallardón lo tiene muy claro, cueste lo que le cueste y
caiga quien caiga.
TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINSTRACIÓN DE JUSTICIA SOMOS LOS
PRIMEROS AFECTADOS POR ESTOS PROYECTOS Y SOMOS LOS PRIMEROS INTERESADOS EN
DEFENDER EL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA.
EL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA ES TUYO. DEFIÉNDELO!
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