EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NOS SOBRAN LOS MOTIVOS: 14-NOVIEMBRE, HUELGA GENERAL
Desde que comenzó la mal llamada “crisis”, los empleados
públicos hemos sido el blanco perfecto para que los diferentes gobiernos (tanto
centrales como autonómicos) hayan
repercutido sobre nuestros derechos laborales y retributivos las medidas más
contundentes para paliar de manera rápida y a golpe de RD sus nefastas
políticas de reducción implacable del déficit público basadas exclusivamente en
medidas de austeridad y de recorte de derechos, impuestas también desde la U.E,
la Troika y el gobierno alemán.
Así, desde mayo del 2010, los recortes sobre los derechos de
los empleados públicos se suceden, agravándose sustancialmente en julio del
2012 con la aprobación del RD 20/2012, el proyecto de
PGE para 2013 así como
todos los proyectos de reforma que el ministro de Justicia pretende implantar
en la Administración de Justicia:- RD
8/2010: Rebaja generalizada de las retribuciones de los empleados
públicos de media un 5%
- PGE
aprobados para los años 2011 y 2012:
Congelación salarial
- RD
20/2012: Supresión de la totalidad
de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, que ya se está
haciendo efectiva mes a mes en la nómina de los funcionarios de Justicia y
sobre la que, admás, sí estamos cotizando a la Mugeju a pesar de no
cobrarla
- Proyecto
PGE para 2013: nueva congelación salarial, que
tendrá como consecuencia la pérdida
de poder adquisitivo de más del 30%
- Disminución
de las partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia año tras año,
que ya ha supuesto una drástica reducción o supresión de partidas destinadas
al nombramiento de personal interino, contratación de personal temporal,
prolongaciones de jornada, refuerzos, Planes de Actuación de los Juzgados
de Violencia sobre la mujer, acción social y formación,
- Incremento de la jornada
laboral a 37,5 hs/semanales
- Congelación de la OEP durante
el 2012,
también en la Administración de Justicia, a pesar de que las convocatorias
de oposiciones en nuestra Administración no conllevan incremento de gasto
alguno.
- Falaz
inclusión en el Proyecto de PGE-2013 de la posibilidad de convocar OEP
hasta un máximo del 10% de la tasa de reposición de efectivos en la
Administración de Justicia
- No creación de unidades
judiciales
2011-2012
- Además,
a través del proyecto de modificación
de la LOPJ, el ministerio de Justicia, unilateralmente y sin
negociación alguna, aplicará las medidas contenidas en el RD 20/2012 a los
trabajadores de la Administración de Justicia y además de la supresión de
la paga extra de diciembre, se
elimina 6 días de permiso por asuntos particulares y los días adicionales
por antigüedad en las vacaciones y en los asuntos particulares, reduce el abono del 100% de las
prestaciones en los casos de bajas por Incapacidad Temporal durante
los seis primeros meses, abonando el 50% los tres primeros días y el 75%
los días 4-20º o introduce la
movilidad geográfica obligatoria a los trabajadores de la
Administración de Justicia al poder establecer planes de ordenación de
recursos humanos que implicarían incluso el cambio de municipio donde se
prestan servicios.
- El
reciente RD 1483/2012, de 29-Octubre (BOE 30 de octubre) desarrolla y
concreta las disposiciones de la reforma laboral aprobada por el Gobierno
del PP, introduciendo el despido
colectivo en las Administraciones Públicas, de tal manera que los
principales afectados, más de 700.000 empleados públicos laborales, podrán
ser incluidos en un ERE total –sin posibilidad de reducción de jornada o
suspensión temporal de contratos- cuando la Administración Pública
demuestre una minoración de su presupuesto del 5%.
- Proyectos
que ya han sido anunciados por el Ministro de Justicia y que serán
aprobados de manera inmediata, algunos de los cuales ya hemos conocido en
fase de informe o estudio inicial, como la nueva modificación a la Ley de Registro Civil, la
desjudicialización de asuntos judiciales para ponerlos en manos de
Notarios o Registradores de la Propiedad, privatización de servicios de notificaciones y ejecuciones de
sentencias para dejarlos en manos de Procuradores, servicios de
interpretación judicial en manos de empresas privadas, una nueva Ley de Demarcación y
Planta Judicial que supondrá la reducción de más de la mitad de los
actuales partidos judiciales, etc, etc…cuyas consecuencias en el
empleo público en la Administración de Justicia, en los derechos de los
trabajadores así como en un desmantelamiento
del Servicio Público de la Justicia cuya prestación también
garantizamos con nuestro trabajo, serán devastadoras: amortización de
plantillas, cese de personal interino, no convocatoria de oposiciones
–tanto para el turno libre como para la promoción interna-, no
convocatoria de concurso de traslados, movilidad geográfica incluso con
cambio de municipio, encarecimiento de los costes de la Justicia hacia el
ciudadano y también a los propios empleados públicos.
- Encarecimiento de la Justicia a
los empleados públicos, a quienes se nos exige para defender nuestros legítimos derechos
laborales ante los tribunales contenciosos acudir con Abogado y Procurador,
así como pagar las nuevas tasas judiciales y las costas procesales en caso
de ver desestimadas nuestras pretensiones
Y SI AÚN CREES QUE NOS FALTAN MOTIVOS PARA SECUNDAR LA HUELGA DEL 14-N,
RECUERDA QUE:
- A
principios de 2012 nos incrementaron
el 2% en el IRPF, mientras que a otros se les concedía una amnistía
fiscal por defraudar al fisco.
- El
1 de septiembre de 2012, hemos visto incrementado
de manera desmesurada el IVA de todos los artículos y servicios que
consumimos, los impuestos a los hidrocarburos, la electricidad, la cultura
y ocio, los transportes públicos... el tipo general ha pasado del 18% al
21%, el reducido del 8% al 10%, y muchos productos que contaban con el IVA
reducido o superreducido pasan a tributar por IVA general al 21%, sin
tener en cuenta cuáles son los ingresos, es decir, con este impuesto al
consumo pagamos todos los ciudadanos lo mismo, independientemente de cuál
sea nuestra capacidad económica.
- El
recorte en derechos sanitarios
con medidas como el “copago”
farmacéutico y sanitario y que aún no ha terminado, pues la próxima
cartera de servicios básicos en la seguridad social que aprobará el
gobierno dejará fuera numerosas prestaciones.
- El
recorte en las políticas educativas,
con el incremento de las tasas universitarias, la supresión de becas de
comedor o de libros de texto, el endurecimiento de los requisitos para
acceder a becas públicas, y el proyecto de reforma educativa que nos lleva
al siglo XIX
- Desde
Julio, las prestaciones por
desempleo se han visto reducidas y se han endurecido los subsidios de
desempleo para mayores de 52 años y la Renta Activa de Inserción
- La
Ley de Tasas Judiciales cuya tramitación parlamentaria está finalizando
introduce el repago judicial
para todos los ciudadanos sin tener en cuenta su capacidad económica y que
provocará una Justicia para ricos y otra para pobres.
- La
reducción o supresión de las
partidas presupuestarias para el cumplimiento de la Ley de Dependencia
- La
pérdida de poder adquisitivo de los
pensionistas
- La
recientemente anunciada nueva
reforma de las pensiones para impedir
las jubilaciones anticipadas, también a los empleados públicos, o limitar
la jubilación parcial.
- 1 de cada 4 españoles se
encuentra en el paro y el paro juvenil alcanza ya el 52%, obligando a muchos jóvenes, estudiantes,
becarios, investigadores a emigrar fuera de nuestro país
- Porque
el rescate a la Banca en forma
de deuda pública, supone 1.846,67 euros por cada ciudadano español, pero
el crédito a familias, pequeñas empresas, comercios,… sigue sin fluir
La mayoría de estas medidas son fruto de las políticas del
gobierno del PP en este último año, medidas profundamente antieconómicas,
antisociales e injustas, ocultas en el programa electoral con el que concurrió
a las elecciones generales que le aupó a la mayoría absoluta y que han sido
negadas reiteradamente a lo largo de estos meses.
Políticas que están
llevando a una agresión sin precedentes al conjunto de la clase trabajadora, a
una destrucción de empleo imparable, y que en el último trimestre ha supuesto por
primera vez una mayor destrucción de empleo público frente a la destrucción de empleo
privado, la presión fiscal ha recaído fundamentalmente en las clases medias y
bajas, mientras que se omiten medidas de mayor progresividad fiscal en función
de la renta, protegiendo las rentas más altas, no subiendo el impuesto del
patrimonio, o el impuesto de sociedades, el impuesto a las transacciones
financieras , las SICAV,…
Y en este marco, se presenta el proyecto de PGE para 2013:
- con
un incremento de 80.000 parados más el último mes
- una
disminución del 6.3 % de las prestaciones por desempleo, cuando los datos
apuntan a más de 1.700.000 hogares en España con todos sus miembros en el
paro.
- Previsión
de incremento de pensiones de 1% con un IPC por encima del 2,5-3%
- Una
nueva congelación de retribuciones a los empleados públicos
- Nula
inversión pública con lo que se sacrifica estímulos de crecimiento de la
actividad económica y de creación de empleo.
- Renuncia
total a una política fiscal distinta.
- Renuncia
a exigir a la banca la devolución de la factura que su estafa está
generando.
- Decrece
la protección social, las partidas de atención a la dependencia, y
servicios sociales, mundo rural, medio ambiente…
- Incluye
los intereses del pago de la deuda bancaria como gasto público, que supone
más del 40% del presupuesto total
- Obliga
a las CCAA a impulsar más recortes en sus competencias, tanto de sanidad
como de educación.
Y mientras tanto, la negociación colectiva está bajo mínimos
o inexistente, en la Administración de
Justicia no se ha convocado aún la Mesa Sectorial de Justicia y la negociación
de las condiciones laborales de los trabajadores de Justicia es nula, los
convenios colectivos siguen bloqueados, sigue cayendo permanentemente el poder
adquisitivo de los trabajadores, los empleados públicos y pensionistas, que
repercute en una caída imparable del consumo, y en un empobrecimiento generalizado
de los ciudadanos, ….y todo ello constituye un lastre insuperable para la
recuperación económica y del empleo. Mientras, el gobierno juega a pedir o no
un nuevo rescate condicionado a nuevos recortes.
Todo ello envuelto en un manto de mentiras, medias verdades,
oscurantismo y ocultismo y una creciente represión de todo tipo de
discrepancia, sindical y social, con el consiguiente deterioro de la
convivencia, de las libertades y de la democracia.
Por ello, CCOO hace un llamamiento a todos los
trabajadores de la Administración de Justicia, al resto de empleados públicos, a los parados,
pensionistas, jóvenes, ciudadanos en general a revertir las políticas
“austericidas” del gobierno, a defender los Servicios Públicos y el SP de la
Justicia, el rechazo a las políticas sociales de recortes y desmantelamiento
del Estado del Bienestar, el rechazo a las políticas económicas y fiscales que,
tanto a nivel europeo como en España sólo contribuyen a ahondar en la crisis,
incrementando el desempleo y la pobreza.
El 14-N exigimos un cambio
radical en las políticas, para:
- defender
unos Servicios Públicos de calidad y equidad para todos y en condiciones
de igualdad (Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales ….)
- priorizar
la reactivación económica y la creación de empleo, especialmente juvenil
- cambiar
el patrón económico que aporte un desarrollo sostenible, un sector
industrial fuerte y competitivo, basado en políticas de I+D+I
- Reversibilidad
de la reforma laboral, aprovechando el trámite parlamentario de la ILP que
CCOO y otras organizaciones sindicales y sociales llevó al Congreso.
- Un
cambio en la legislación sobre Desahucios, a través de la ILP que sobre la
Dación en Pago también se ha puesto en marcha desde CCOO y otras
organizaciones sociales.
- Reforzar
las prestaciones por desempleo, revalorización de las pensiones real y
reestablecimiento de las políticas sociales.
- Regenar
la democracia, en el seno de la UE para avanzar hacia una unión económica,
política, pero sobre todo SOCIAL. Para ello, exigimos al gobierno, junto a
todos los miembros de la Cumbre social, que convoque un referéndum sobre las medidas que está impulsando, dado que
ninguna de ellas estaba en el programa electoral que propuso el 20 de
noviembre de 2011 a los ciudadanos españoles.
Además, hay que poner en valor que, por primera vez,
en el marco de la CES, se produce una convocatoria de movilización general
europea, lo que dimensiona esta jornada como un problema, no sólo de España,
sino del conjunto de la UE, sobre todo de los países del sur que el 14-N
también secundarán huelga general como Portugal, Grecia e Italia, y por su
parte la CSI organizará una campaña internacional de solidaridad y apoyo al
14-N y a los trabajadores europeos, reclamando a los gobiernos nacionales y a
las instituciones de la UE un cambio en las fracasadas políticas de austeridad
y de recortes de derechos sociales, laborales y sindicales. Una HG que en
España está convocada por la práctica totalidad de las organizaciones
sindicales y sociales integradas en la Cumbre Social y en la Plataforma en
defensa de los empleados públicos (salvo Csif), el mundo de la cultura, los
sindicatos de estudiantes,…
Mientras todos se unen, no te puedes quedar fuera
¿A cuántos derechos estamos dispuestos a renunciar?
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