Sentencia
del TC que declara la insconstitucionalidad por excesivas de algunas
de las tasas judiciales
Tras
la sentencia solo se mantendrán las tasas fijas para las personas
jurídicas en la interposición de demandas del orden jurisdiccional
civil en sus actuales cuantías y quedan anuladas las tasas para los
recursos en todos los órdenes jurisdiccionales y la parte de las
tasas que estaban vinculadas a la cuantía del procedimiento
LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, QUE DECLARA FUERA DE LA
LEGALIDAD PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES IMPUESTAS POR GALLARDÓN EN
2012, DEMUESTRA DE NUEVO QUE EL GOBIERNO DEL PP LEGISLÓ VIOLENTANDO
EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
No
obstante, CCOO
considera que la sentencia es extremadamente benévola con el poder
ejecutivo, olvidando los derechos de decenas de miles de ciudadanos,
al
establecer que “no
se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que
deba repararse mediante la devolución del importe pagado”, (…)
“por lo que no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables”
Madrid
a 2 de agosto de 2016
Si
bien la sentencia
declara que el establecimiento de las tasas judiciales
“no
puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental como es
el del acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes”,
el
Tribunal Constitucional seguirá permitiendo al poder legislativo la
imposición de tasas judiciales aunque para ello deberían revisarse
a la baja las cuantías de algunas de ellas.
Aunque
esta opción sea constitucionalmente aceptable, CCOO
apuesta por recuperar lo establecido en la Ley 25/1986,
de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas Judiciales. Defendemos
que la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas no abonen
tasas judiciales porque ya pagan con sus impuestos la financiación
de todos los servicios públicos, como la Educación, la Sanidad y la
Justicia.
CCOO
rechaza de plano el establecimiento de “copagos” para los
usuarios de los servicios públicos esenciales.
Para
CCOO
esta sentencia da parcialmente la razón a las organizaciones
sociales y a la ciudadanía que nos unimos en la lucha contra esta
injusta ley en el intento del gobierno del PP de dejar fuera de la
tutela judicial efectiva a millones de personas.
En
esta lucha, ha sido fundamental la unidad de las organizaciones
sociales que, como en la Plataforma Justicia para Todos, impulsamos
la recogida de decenas de miles de firmas contra esta Ley y las
acciones de protesta masivas que se llevaron a cabo.
No
obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) adolece de la
fortaleza necesaria para emitir un dictamen claro que muestre
a la ciudadanía que tiene en ese alto Tribunal el garante de sus
derechos.
Porque
declarar, como hace la sentencia, que no debe obligarse al Gobierno a
devolver los más de 500
millones de euros recaudados de las decenas de miles de personas que
tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para poder ejercer un derecho
constitucional como es el acceso en condiciones de igualdad a la
Administración de Justicia, es una severa demostración de que dicho
Tribunal no está a la altura de lo que le exige esta sociedad
democrática: ser absolutamente independiente del poder político y
vigilante de sus actuaciones si éstas ponen en riesgo los derechos
de todas y todos los ciudadanos.
Asimismo,
para CCOO
es totalmente inaceptable también que el Tribunal Constitucional en
su sentencia “olvide”
a ese inmenso número de personas que no pudieron acudir a defender
sus legítimos derechos ante los Juzgados y Tribunales por culpa de
una injusta ley de Tasas impuesta por Gallardón y su Gobierno, con
su presidente a la cabeza. Puede deducirse del contenido de esta
sentencia que el TC desconoce que decenas de miles de personas han
visto presuntamente vulnerados sus derechos a la tutela judicial
efectiva al no poder acudir a los Tribunales a defenderlos, y esa
presunta vulneración no puede ya remediarse ni está el TC dispuesto
a exigirlo al Gobierno.
No
es aceptable en absoluto, que se pretendiera por Gallardón y Rajoy
imponer tasas para acceder a la Administración de Justicia con
cantidades paritarias para todos, de forma que debían abonar lo
mismo una persona con ingresos mínimos como una gran empresa que
factura cientos de miles de millones de euros al año. Los impuestos
si no son progresivos en función de los ingresos atacan los pilares
de un Estado social, y las tasas judiciales constituyen un ataque a
esos cimientos.
Solo
la eliminación de todos los aspectos de la Ley de Tasas del Gobierno
del PP, el reconocimiento de que lo abonado por la ciudadanía
debería devolverse y la restauración de los derechos de todos
aquellos que intentaron acudir a la Administración de Justicia y no
pudieron hacerlo porque la Ley de Tasas Judiciales se lo impidió,
hubiera permitido abrir un camino para garantizar la igualdad de
todos los ciudadanos ante la Justicia.
Pero
el contenido de la sentencia del TC permite que siga prevaleciendo la
posición del Partido
Popular de seguir en una
senda profundamente injusta que,
a través del deterioro de los servicios públicos y la dificultad
para el acceso a los mismos, sigue castigando a la mayoría más
débil de la sociedad y que ha encontrado en tribunales que dictan
sentencias como ésta un impagable aliado.
El
Tribunal Constitucional en esta sentencia ha declarado la pérdida
sobrevenida del objeto del recurso en relación con las tasas que la
ley 10/2012 había impuesto también para las personas físicas por
lo que no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad. Nada más
tomar posesión, el ministro Catalá propuso la modificación de esa
Ley eximiendo a las personas físicas del pago de las tasas
judiciales, que Gallardón también había propiciado con la
complicidad de su gobierno y de todo el Partido Popular. Nunca
sabremos, por tanto, si esas tasas impuestas a los ciudadanos y
ciudadanas respetaban o no la Constitución Española pero para CCOO
sigue estando claro que constituían un ataque sin precedentes a la
mayoría de la sociedad en su derecho a la tutela judicial efectiva
por lo que seguiremos luchando para que ningún nuevo gobierno ni
parlamento persista en este tipo de políticas contrarias al estado
social y democrático que propugna nuestra constitución.
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