El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado inconstitucional y, por tanto, anulado, parte de la ley de tasas judiciales impuesta en 2012 por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Las tasas fueron rechazadas por distintos sindicatos, entre ellos CCOO, asociaciones de profesionales de la justicia y consumidores, que constituyeron la Plataforma Justicia para Todos en su contra.
El pasado 21 de julio el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado sentencia resolviendo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, contra
determinados artículos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.
El TC he estimado en parte en recurso y anula por inconstitucionales las tasas judiciales para acceder a la jurisdicción y para interponer recursos, reguladas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
Señala el TC que la imposición de tasas no vulnera por sí misma el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE, pero sí lo viola las cuantía impuesta por la mencionada Ley, por ser desproporcionadas y poder producir un efecto disuasorio en los ciudadanos e incluso imposibilitar que acudan a los Tribunales.
Las tasas en la jurisdicción social para los los trabajadores y sindicatos ya habían sido derogadas por reformas posteriores al año 2010, por lo que la sentencia no les afecta.
Para CCOO, la sentencia es un duro golpe a la política del Gobierno y concretamente del Ministerio de Justicia y una respuesta positiva a la oposición en distintos frentes, entre ellos el sindical, contra dicha ley. CCOO, entre otras organizaciones sindicales, profesionales y sociales constituyeron la Plataforma Justicia para Todos contra las tasas, ahora anuladas y declaradas inconstitucionales.
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