EL
GOBIERNO CONTINÚA UTILIZANDO AL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS CON FINES ELECTORALISTAS E INCUMPLIENDO SUS COMPROMISOS DE
NEGOCIACIÓN
CCOO
VUELVE A EXIGIR AL GOBIERNO QUE DEJE DE ENGAÑAR A LAS Y LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS Y DEVUELVA TODOS LOS DERECHOS QUE NOS HAN SIDO
ROBADOS
El pasado viernes, el Gobierno del
Partido Popular ha continuado haciendo girar su maquinaria electoral,
dirigida claramente a obtener el voto de las empleadas y empleados
públicos, anunciando algunas medidas que afectan al personal de las
Administraciones Públicas en general y, de la Administración de
Justicia en particular.
Como todos y todas recordaréis, el
13 de julio de 2012, el Consejo de Ministros del mismo Gobierno que
ahora se desvive por mejorar su imagen ante el personal de las
Administraciones Públicas, aprobó el Real Decreto-Ley 20/2012, a
través del cual se perpetró de golpe y de una sola vez, la
mayor
agresión (junto a la que el Gobierno anterior realizó en 2010) a
los derechos sociales y económicos que los trabajadores y
trabajadoras del sector público hemos sufrido. La aprobación del
Real Decreto-Ley fue seguida de una campaña insidiosa contra este
personal, en la que, miembros destacados del Gobierno con su
Presidente al frente, se dedicaron a difundir mentiras sobre su
profesionalidad. No podemos olvidar las palabras del Sr. Beteta: “los
funcionarios tienen que olvidarse del cafelito y de ir a leer el
periódico y ser más productivos, con responsabilidad y humildad”.
Aquel 13 de julio se
suprimió la paga extra de Navidad
–el robo se materializó en el mes de diciembre-; los
días por asuntos particulares se redujeron de 9 a 3 en la
Administración de Justicia (de
6 a 3 en la Administración General del Estado);
se eliminaron también los
asuntos particulares por antigüedad (2
días adicionales al cumplir el sexto trienio, más uno más por cada
trienio cumplido a partir del octavo); los
días de vacaciones anuales se redujeron hasta 22, eliminando
los correspondientes a la antigüedad (hasta un máximo de 4
adicionales con 30 años de servicio); se endurece el régimen de la
justificación de ausencias y se amplía el horario hasta las 37,5
horas desde las 35 horas semanales pactadas en muchos Organismos de
la AGE…
En materia de Incapacidad
Temporal, —precisamente
en situaciones de enfermedad es cuando las personas se sienten más
vulnerables— se recortan las retribuciones del personal de las
Administraciones Públicas, una de las decisiones más mezquinas que
se hayan podido tomar, y se produce en la Administración del Estado
y en la Administración de Justicia una reducción del complemento o
prestación por IT de un 50% los 3 primeros días de baja y un 25%
desde el cuarto hasta el vigésimo día.
Estas medidas del RD Ley 20/2012, se
unieron a otras de la misma gravedad realizadas con anterioridad o
que ya se venían practicando (o que han continuado aplicándose
posteriormente): reducción del 5% del salario y reducción de las
pagas extras; congelaciones salariales año tras año; reducción de
más del 70% de los fondos destinados a Acción Social; recortes en
los fondos de formación…
Las políticas de recortes también
han tenido consecuencias desastrosas sobre el empleo público. Su
reducción mediante la táctica de limitaciones en las tasas de
reposición, de forma que o no se ha cubierto ninguna de las bajas
producidas o únicamente se ha cubierto el 10% en la mayoría de las
Administraciones (en la Administración de Justicia, CCOO
sigue exigiendo la inclusión de todas las vacantes en la OEP), está
provocado un adelgazamiento de la Administración de tal magnitud que
coloca al borde del colapso el sistema de servicios públicos al que
la ciudadanía tiene derecho en un estado democrático. En la
actualidad hay servicios que son incapaces de mantener unos
parámetros mínimos de atención y otros muchos que están muy cerca
de esa situación.
Este es el escenario en el que debe
enmarcarse lo aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros.
Sin duda, la primera matización que debe hacerse es que –a pesar
del mensaje de propaganda difundido por el Gobierno- aún no se puede
dar por aprobada ninguna medida. Hasta
ahora, únicamente se ha aprobado solicitar dictamen al Consejo de
Estado sobre el contenido
de un proyecto de Real Decreto Ley aprobando un crédito
extraordinario para abonar un 26,23% de la paga extra de Navidad de
diciembre de 2012.
Asimismo, si hacemos caso de la
reseña del Consejo de Ministros publicada en la web del Gobierno,
(http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2015/040915funcionarios.aspx)
en dicho Real Decreto Ley –cuando se apruebe- también se
recuperaría la regulación de vacaciones previa a 2012, un día
adicional de permiso por asuntos particulares, hasta un total de 6.
Además, se recuperarían los días adicionales de vacaciones y
permiso por asuntos particulares vinculados a la antigüedad. En
dicha reseña también se indica que una vez emitido el dictamen por
el Consejo de Estado, el Real Decreto Ley se someterá a la
aprobación del próximo Consejo de Ministros.
Estas medidas que se anuncian no
coinciden con las presentadas a los Sindicatos en las reuniones de
negociación de finales de julio, lo que vuelve a poner de manifiesto
el total desprecio de este Gobierno por los procesos de negociación
y los derechos del personal de la Administración General del Estado
y de la Administración de Justicia.
Por si esto no fuese suficiente -a
pesar de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y
el Secretario de Estado de Administraciones Públicas se
comprometieron a ello en dichas reuniones de finales de julio- nada
hay en el mensaje del Gobierno sobre abordar la discusión para la
recuperación del resto de los derechos expoliados: recuperación
del 5% del salario robado en 2010 y pagas extras del 100%;
Complemento de 100% cuando se está en Incapacidad Temporal;
recuperación de los Fondos de Acción Social a los niveles al menos
de 2010; aplicación de Acuerdos suspendidos, o el incremento de los
efectivos existentes con anterioridad y un largo etcétera.
Solo cabe decir a este Gobierno que
deje de utilizar a las empleadas y empleados públicos con fines
electoralistas y de una vez por todas ponga sobre la mesa –a través
de los correspondientes procesos de negociación- la recuperación de
la totalidad de los derechos que nos fueron sustraídos. Así lo
continuaremos exigiendo por parte de CCOO.
¡¡¡
NO VAMOS A RENUNCIAR A NINGUNO DE NUESTROS DERECHOS!!!
¡¡¡EXIGIMOS
LA RESTITUCIÓN DE TODOS
LOS DERECHOS ROBADOS, INCLUIDO EL RECORTE SALARIAL DE 2010, LA
RECUPERACIÓN DEL 100% DEL SALARIO EN CASO DE BAJA, LOS NUEVE DÍAS
DE ASUNTOS PARTICULARES Y TODOS LOS GENERADOS POR ANTIGÜEDAD!!!
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