CCOO
DENUNCIA EL NEGOCIO DEL GOBIERNO CON EL REGISTRO CIVIL
Madrid, 6 de julio de 2015
El PP va restando competencias a los Registros Civiles para atribuirlas a operadores privados o personal ajeno a la Administración de Justicia
Tras lograr con la presión la paralización de la privatización del Registro Civil y de su atribución a los Registradores Mercantiles, la lucha continua. Aun cuando el Ministerio de Justicia haya aceptado la derogación de la Ley 18/2014 y se posponga la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil otros dos años, para que un Gobierno establezca de forma definitiva su modelo, PP y Ministerio siguen con su proyecto de ir suprimiendo competencias a los Registros Civiles, a fin de dejarlos como meros “registradores” y suprimir una de las funciones que siempre han tenido los Registros Civiles en España, que es la coadyuvar a la formación de hechos y actos del estado civil a través de los expedientes y otras actuaciones complementarias (matrimonios, nacionalidades, etc.), facilitando su posterior salida de nuestra administración e incluso su privatización. Y así lo está haciendo a través de diversas leyes, algunas ya publicadas en el BOE.
1.-
Ley Cora, de modificación de la Ley de Registro Civil (pendiente de
aprobación en el Senado)
Después
de conseguir paralizar la privatización de los Registros Civiles,
esperábamos que el Gobierno aprobase y publicase la derogación de
la misma junto con la ampliación de la “vacatio legis” de la Ley
20/2011 hasta julio de 2017 sin más, pero esto parece
que no va a ser así ya que en el proyecto de Ley “Cora”, que esperan aprobar esta semana, se van a incluir varios “añadidos”:
que no va a ser así ya que en el proyecto de Ley “Cora”, que esperan aprobar esta semana, se van a incluir varios “añadidos”:
● Que
las inscripciones de nacimiento y defunción se puedan promover desde
los hospitales, por personal sanitario o administrativo.
Nacimientos:
en la práctica va a ser casi imposible que los padres no acaben
viniendo al Registro civil después de promover la inscripción desde
los hospitales, y ello sin contar con las grandes dificultades
técnicas que ello supone. Los compañeros y compañeras, y Jueces,
nos indican que sólo los hijos de españoles nacidos dentro de
matrimonio se podrían tramitar sin problemas, dejando fuera la gran
mayoría de casos (extranjeros, no matrimoniales, in Vitro…). Los
datos se mandarán desde los hospitales y los Registros Civiles
tienen que comprobarlos, si están bien los usuarios tendrán que ir
a recoger sus libros de familia, en caso contrario se tiene que
incoar un expediente con el correspondiente retraso en el trámite
(actualmente se pide cita o se va directamente al registro civil y
con la documentación del hospital se practica la inscripción en
unos 15 minutos). ¿A quién beneficia esta medida? A las y los
usuarios no, los trabajadores/as de hospitales públicos no quieren
hacerlo por falta de garantías y, además, entienden que no son sus
funciones, sólo los hospitales privados pueden beneficiarse al
cobrar este servicio.
Defunciones:
nos encontramos con los mismos problemas y las funerarias se han
opuesto frontalmente a tal medida al suponer un mayor coste de los
servicios que facturan a sus usuarios, ya que son ellos los que se
ocupan de los trámites ante los Registros Civiles.
Todo
esto puede pasar ya que el Gobierno en su prepotencia no ha
consultado con quienes llevamos años registrando nacimientos y
defunciones.
● Adquisición
de la nacionalidad española por residencia.
La fase de instrucción correspondería íntegramente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado, los Registro Civiles sólo
tienen competencias en la parte final del expediente, para recibir el
juramento y la práctica de la inscripción de nacimiento y
nacionalidad. Como es evidente que la Dirección General de los
Registros y del Notariado carece de los medios y personal necesario
para instruir los más de 100.000 expedientes anuales de adquisición
de nacionalidad por residencia, delegará su instrucción en otros
"operadores", además habrá que pagar 100 € por
expediente, contradiciendo todo lo afirmado sobre la gratuidad del
Registro Civil. Esta es una maniobra para otorgar su parte del pastel
a los Registradores que ya han invertido mucho dinero en la
plataforma electrónica. Todos los trámites se harán on line,
evitando así la atención a la ciudadanía.
No
se puede utilizar la derogación de la privatización del Registro
Civil para colarnos medidas supuestamente modernizadoras pero que van
a causar más inconvenientes que ventajas, y además reformar por la
puerta de atrás los expedientes de nacionalidad atribuyendo la
competencia para toda su instrucción al órgano que ha mostrado
sobradamente su incapacidad para tramitar la pequeña parte que hoy
le corresponde.
2.-
Ley
25/2015,
en
materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes
originarios de España.
Esta
Ley consagra la privatización del expediente para acreditar la
condición de sefardí originario atribuyendo su instrucción a los
Notarios, cuando debería haber correspondido a los Consulados de
España en el extranjero, o en su defecto a los Registros Civiles
principales. Nadie entiende ni nada justifica que los Notarios
realicen la tramitación de estos expedientes con el preceptivo cobro
de los aranceles correspondientes, más otros 100 € de tasa. Los
perjudicados serán las personas sefardíes que quieran tener la
nacionalidad española, básicamente por motivos sentimentales, y se
abre el melón de las privatizaciones de trámites de los Registros
Civiles.
Esta
ley permite la tramitación de los expedientes de matrimonio civil y
la celebración de las bodas a los Notarios (previo pago del arancel
correspondiente) y a los Secretarios Judiciales no integrados en los
Registros Civiles, y suprime la competencia de los Encargados de los
Registros Civiles para celebrar bodas. Su entrada en vigor se pospone
hasta el 30.06.2017.
En
definitiva, El Gobierno quiere restar competencias públicas a los
Registros Civiles para dejarlas en manos privadas (notarios y
registradores no son funcionarios públicos) que harán negocio a
costa de la ciudadanía, todo ello sin que suponga ningún beneficio
ya que se van que hacer más trámites, en más lugares y en más
tiempo.
CCOO
va a seguir luchando para que los Registros Civiles sigan siendo
“totalmente” públicos, gratuitos y servicios por funcionarios de
la Administración de Justicia.
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